Militarización: el diablo está en los detalles

Mucha gente se pregunta por qué la preocupación respecto a la intervención militar regularizada en la política de seguridad en México. Habiendo dominado en la historia el mito de las Fuerzas Armadas impolutas, confunde o al menos extraña a muchas personas la enorme preocupación al respecto en el circuito de defensa y promoción de los derechos humanos en México y en el ámbito internacional. Las instituciones militares se han beneficiado históricamente de un discurso hegemónico que enseña sus aciertos y esconde sus problemas.

En octubre de 2020 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos publicó el que podría ser al más amplio, preciso y mejor documentado reporte sobre las consecuencias de la intervención militar en la política de seguridad, desde un enfoque de derechos humanos. El texto se denomina Entre la brutalidad y la impunidad. Los crímenes atroces cometidos al amparo de la estrategia de seguridad militarizada (2006-2018).

Nada de lo que escriba aquí podría ser fiel representación del impresionante trabajo de investigación ahí contenido; el texto debe ser mirado íntegramente para ser adecuadamente dimensionado. Ahí se sistematizan datos extraídos de la base de información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde están documentadas torturas, desapariciones forzadas y asesinatos a manos de las Fuerzas Armadas e instituciones policiales. Hay incluso mapas que referencian las unidades militares donde operaban u operan las personas señaladas como responsables de los hechos.

Cito con amplitud el documento:

“…se sistematizaron 301 casos de crímenes graves, narrados en 268 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2006 al 30 de junio de 2019. De ellas se desprende un total de mil 712 víctimas, de las cuales mil 195 fueron torturadas, asesinadas y/o desaparecidas forzadamente, en tanto que el resto de ellas fueron víctimas de detenciones arbitrarias o violaciones a su derecho de propiedad por los robos o los daños causados a sus casas durante sus detenciones o las de sus familiares. Cabe destacar que las recomendaciones son documentos públicos que contienen hechos investigados y verificados por la CNDH que se tienen por ciertos; así pues, no se trata de sucesos controvertidos por las instituciones señaladas como responsables, toda vez que, al aceptar dichas recomendaciones, se reconocen los hallazgos, las conclusiones y la atribución de la responsabilidad institucional por los hechos acontecidos…

“El Ejército es la autoridad a la que se le ha atribuido el mayor número de casos en recomendaciones emitidas por la CNDH. Durante el periodo que abarca este informe, la Secretaría de la Defensa fue señalada como responsable en 97 recomendaciones que comprenden 102 casos en los que se documentó la tortura de 313 personas…

“Por lo menos 280 personas fueron golpeadas por elementos del Ejército. Del mismo modo las víctimas sufrieron descargas eléctricas, el tercer método de tortura más común al que fueron sometidas 99 víctimas en los casos a los que hace referencia este documento. Por otro lado, también se advierte la comisión de actos de tortura sexual. Miembros del Ejército han perpetrado crímenes sexuales de diferentes formas, desde tocamientos lascivos hasta violación sexual. Tenemos registradas 82 víctimas de tortura sexual, entre ellas 32 por tocamientos lascivos, 43 por desnudez forzada, 42 por toques eléctricos en genitales y 9 por violación sexual. Aunado a esto, clasificamos acciones como amenazas a la persona o sus familiares, humillaciones e insultos como tortura psicológica. Siendo esta, sin duda, una de las representaciones más frecuentes de este flagelo, con un registro de 284 personas víctimas de tortura psicológica a manos del Ejército…

“De acuerdo con nuestro análisis, los golpes y el sufrimiento psicológico, mismo que incluye las amenazas, son los métodos de tortura más usados por las Fuerzas Navales: 140 personas de los casos referidos fueron brutalmente golpeadas y 129 fueron sometidas a terror psicológico a través de amenazas, insultos y/o humillaciones. En este contexto, la tortura sexual es uno de los crímenes más frecuentemente perpetrados por elementos de la SEMAR. Existen 67 personas en total que sufrieron violencia de carácter sexual a manos de personal naval. De estas, 19 fueron tocadas lascivamente y 13 sufrieron violación sexual. Además, 29 víctimas fueron obligadas a desnudarse y a 32 les dieron descargas eléctricas en los genitales…

“Las instituciones militares y policiales han demostrado contar con el entrenamiento, infraestructura, herramientas y métodos necesarios para amenazar, electrocutar, herir, ahogar, asfixiar y violar personas. Las narraciones de las víctimas indican que las torturas no suceden de manera improvisada y advierten de una práctica recurrente, rutinaria, estandarizada y estructurada; develando que no se trata de una actuación espontánea, sino que forma parte de un plan o de una política de las autoridades federales…

“A partir de los datos de nuestro análisis se observa que: de las 613 víctimas de desaparición, 119 personas desaparecieron en eventos que involucraron a miembros de las Fuerzas Armadas (88 por personal de la SEDENA y 31 por la SEMAR), 27 desapariciones implicaron a policías federales; 9 a estatales y 11 a municipales…

“…359 personas fueron víctimas de desaparición cometida por particulares y 232 de desaparición forzada. En el caso de 184 víctimas, los perpetradores fueron exclusivamente fuerzas del Estado; mientras que las 48 víctimas en la intersección corresponden, desde una interpretación muy restringida de aquiescencia (participación directa), a desapariciones forzadas cometidas por particulares y fuerzas del Estado.

“Pese a que el impacto del crimen organizado en las desapariciones no puede pasarse por alto, la evidencia con que contamos muestra que se trata de crímenes atroces consumados a través de una diversidad de acciones y omisiones en la que a menudo se involucran miembros de las Fuerzas Armadas y policías federales, estatales y municipales, en distintos estados de la República. Esto sugiere que existe un modo ilegal de actuar institucionalizado garantizado por la impunidad.

“Esta historia no es única, tenemos registradas 89 más36 que dan cuenta del asesinato de por lo menos 365 personas. Situación que se ha repetido en múltiples ocasiones, acompañada de una serie de actos criminales cometidos antes y después de los hechos en que perdieran la vida las distintas víctimas… Los principales responsables de estos asesinatos fueron elementos adscritos a la SEDENA con 42 casos, seguidos por miembros de la Policía Federal con 19, la SEMAR con 11, policías estatales con 7 y policías municipales con 5…

“…las autoridades que se presentan como principales perpetradores son aquellas del ámbito federal: SEDENA, SEMAR y Policía Federal. No obstante, este apartado se enfoca en las Fuerzas Armadas, pues cuentan con mayor número de casos atribuidos y de las que fue posible identificar de mejor manera a las unidades específicas involucradas. En el 63.8% de los casos documentados se demostró la participación del personal de alguna de estas Secretarías; es decir, dos de cada tres, comprendiendo por lo menos 763 personas que fueron víctimas de algún crimen grave perpetrado por militares o marinos”.

Luego el informe presenta la “Estructura operativa de mandos territoriales de la Secretaría de la Defensa Nacional y casos atribuidos a sus unidades”. Entre las conclusiones, puede leerse:

“Los miembros de las Fuerzas Federales del Estado, con todo y sus particularidades al interior de cada corporación, han demostrado una clara organización para cometer crímenes atroces. Actúan con una incuestionable voluntad de aparentar que su proceder se da siempre en el marco de la legalidad. Acreditan, además, la existencia de un escenario que propicia y ordena el asesinato de personas, el uso de la tortura como un método de investigación y la desaparición forzada como una herramienta para el ocultamiento de la verdad”.

Consulté al Editor de la investigación si el documento provocó alguna reacción. Ninguna, me respondió. Eso me esperaba, el silencio y la opacidad son estrategias eficaces para invisibilizar los problemas en el desempeño de las Fuerzas Armadas.

López Obrador ha anunciado que en septiembre entregará la Guardia Nacional a la Sedena, por la vía de una reforma legal que contraviene la Constitución. Insiste el Ejecutivo Federal en recargar su vía militar en la popularidad de las Fuerzas Armadas. Estamos quizá a punto de dar un salto irreversible que entregaría a ellas el control total de la seguridad pública federal; si eso sucede, veremos acelerarse aún más la ya avanzada toma de control militar sobre la seguridad pública estatal y municipal.

Dice el presidente que ahora, porque él está al mando, son otras Fuerzas Armadas. Así, por decreto. Ojalá eso fuera posible, pero no es el caso. El experto David Bayley documentó el extendido mito de que los mandos realmente saben lo que los subordinados hacen en la policía; mi hipótesis es que esto aplica en las instituciones militares en funciones policiales. Llevo más de tres décadas estudiando el uso de la fuerza pública y puedo confirmar que las culturas institucionales no se modifican por decreto de nadie. Se transforman, si acaso, a través de difíciles y complejos procesos de gestión de reformas sujetas a rendición de cuentas.

Leí esta cita de George Lakoff: “La idea de que la gente abandonará sus creencias irracionales ante la solidez de la evidencia presentada ante ella es en sí misma una creencia irracional, no apoyada por la evidencia”. La creencia irracional descansa en el mito impoluto de las Fuerzas Armadas y sería también irracional, siguiendo a Lakoff, esperar que la evidencia presentada por la CMDPDH alcance para desmontarlo. En la militarización el diablo está en los detalles, pero casi nadie quiere saber de ellos.

@ErnestoLPV