Jorge Avila · 16 de abril de 2026
Entre un mar de información dolorosa para muchas familias de víctimas de graves violaciones a derechos humanos, la semana pasada hubo una noticia sobre un paso relevante en la búsqueda de justicia frente a la persistente impunidad militar. El pasado 6 de abril, el Juez Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis, vinculó a proceso 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por el homicidio de las niñas Leidy y Alexa, de 7 y 11 años, respectivamente, ocurrido el 6 de mayo de 2025 en Sinaloa. Los elementos también están siendo procesados por la tentativa de homicidio de una adolescente de 14 años, un adolescente de 12 años y dos adultos más, todos integrantes de la misma familia. Esta noticia no es menor. En un país donde se ha profundizado el empoderamiento militar en la vida pública y donde los procesos de justicia vinculados a fuerzas armadas comúnmente se ven obstruidos para proteger a las instituciones castrenses, la decisión es inédita; sin embargo, aún queda un camino por delante para garantizar justicia y reparación tras un hecho tan atroz.
La ejecución arbitraria de las dos niñas, sin duda, destruyó irreparablemente el proyecto de vida de toda una familia, también debería afectar a una sociedad que no puede tolerar que eventos como estos se repitan o queden sin ser sancionados. El día de los hechos, los padres de Leidy llevaban a las niñas y a los adolescentes a la escuela. Al transitar en su camioneta por una carretera de la comunidad de La Cieneguilla, se dieron cuenta de que el camino estaba bloqueado. Dieron retorno hacia su casa, cuando sin previo aviso o justificación alguna, un convoy de tres vehículos del Ejército mexicano abrió fuego en contra del vehículo en el que transitaban. En un inicio, las autoridades informaron que se trató de un enfrentamiento, versión que nunca fue desmentida ni corregida públicamente por las autoridades.
Desde el primer momento del cruento suceso, la familia de las dos niñas, con firmeza y valentía, alzó la voz contra el uso de la fuerza, y ha impulsado el proceso frente a distintas instituciones, acompañada por el Centro Prodh, exigiendo una investigación diligente que cuente con su participación activa. Al mismo tiempo, se abrió un proceso paralelo en la jurisdicción militar, aunque esto contradice lo que dictan los estándares internacionales en casos de graves violaciones a derechos humanos –lo cual se encuentra bajo litigio–.
Fue hasta el pasado 31 de marzo de 2026, tras 11 meses del ataque, que las víctimas fueron notificadas sobre la ejecución de órdenes de aprehensión en contra de 13 elementos del Ejército mexicano. Durante la audiencia, la defensa argumentó que los militares actuaron frente al contexto de violencia en el estado, bajo un estado de alerta y nerviosismo. Por su parte, la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de la Fiscalía General de la República (FGR) presentó adecuadamente las pruebas que acreditaron el uso letal de la fuerza de forma injustificada y el dolo en contra de la familia. En su decisión, el Juez destacó que los elementos castrenses cuentan con adiestramiento y formación en el uso de la fuerza y que existía una alta previsibilidad del resultado letal que ocasionaría el accionar de sus armas en contra de la camioneta en la que transitaba la familia.
Esta misma advertencia la hemos escuchado de múltiples organismos internacionales. Por ejemplo, el ex Relator sobre Ejecuciones Arbitrarias, Cristof Heyns, advirtió en 2021 en un foro en México que “el problema con la respuesta militar es que, el Estado trata a sus ciudadanos no como ciudadanos, sino como enemigos […] Los elementos militares están entrenados para usar la fuerza letal como primer recurso”, resaltando que, el enfoque a largo plazo de la participación militar en funciones policiales es uno que muy seguramente continuará escalando la situación.
Tal como se ha advertido, el caso de Leidy y Alexa no es aislado. Medios han reportado los asesinatos de más de 60 niños en la entidad durante el primer año de enfrentamientos entre grupos criminales en el estado. Además, en esta administración se han registrado más casos de presuntas ejecuciones a manos de elementos de Fuerzas Armadas: la de Alexis por elementos del Ejército y Guardia Nacional, cuando viajaba en su camioneta en Culiacán; la muerte de Jessica, una mujer embarazada, y su pareja Néstor, tras el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Guardia Nacional; la privación de la vida de Fernando Alan Arce presuntamente por elementos del Ejército tras quedar en un fuego cruzado en calles de la colonia Tierra Blanca; así como otros homicidios que han sacudido por la violencia, como el de Ricardo Mizael, de 16 años, asesinado el 11 de febrero al ser atacado a balazos por un grupo de hombres armados en Culiacán; y el de otro repartidor de 16 años en el fraccionamiento Las Cerezas en la misma ciudad, por mencionar algunos. Se suman los reportes de ejecuciones arbitrarias en entidades como Tamaulipas, Guanajuato y Chiapas. Así, son muchos los rostros que muestran los efectos más lesivos y dolorosos del poder militar: una radiografía del terror, ante la falta de controles civiles efectivos que exijan la rendición de cuentas de la fuerzas armadas, sin opacidad y discrecionalidad.
Por ello, hay que reconocer este primer paso en la justicia civil para la familia de Leidy y Alexa, destacando que el reto para la FGR es mayor, pues debe de continuar fortaleciendo y perfeccionando la indagatoria en la siguiente etapa de investigación complementaria. Lo mismo ocurre con el Poder Judicial de la Federación –ese que se dijo que estará cercano a la sociedad– que debe llevar a cabo un proceso en el que demuestre su independencia en casos relacionados con las Fuerzas Armadas. También será una prueba para la propia Secretaría de la Defensa Nacional, que debe de garantizar su colaboración con la investigación, pues la regla es más bien la opacidad y la secrecía que al final protege a los elementos que participan en este tipo de eventos.
El llamado también es para los más altos mandos de las Fuerzas Armadas, que deben alejarse de mensajes que no reconocen la gravedad de estos hechos y de prácticas de minimizarlos, como prácticas enquistadas. Porque si la ejecución arbitraria de dos niñas no nos muestra la urgencia de repensar estos despliegues militares –incluso en los lugares con mayor violencia– difícilmente podremos desescalar la preocupante situación actual. Como ya lo hemos señalado organizaciones nacionales e internacionales así como el entonces Relator, es indispensable avanzar hacia controles civiles efectivos y la implementación de medidas que garanticen que hechos como estos no se repitan.