Cienfuegos tiene razón

Quien conoce mis tesis centrales de los últimos 25 años sabe que jamás he variado un ápice mi posición respecto a la militarización de la seguridad pública. Lo escribí y lo dije mucho tiempo antes de la escalada de violencia que hoy nos ahoga, lo reitero hoy: es un error descomunal; es una trampa en la que el Estado mexicano se colocó a si mismo y no nos alcanzará la vida para arrepentirnos si dicha militarización se consolida.

“Ninguno de nosotros vino a las fuerzas armadas para hacer esto. Lo hacemos porque es una orden. No hay quien lo haga. No es que nosotros queramos estar. No nos sentimos cómodos. No lo pedimos”. Son las palabras del general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, con respecto a su intervención en labores de seguridad pública. ¿Así o más claro?

El despropósito es doble: primero se abandonó a las instituciones policiales, dejándolas sumirse en una crisis de proporciones inabarcables, ahora se somete a las fuerzas armadas a un despliegue intensivo que las desgasta, las expone ante el crimen organizado y las lleva a cometer graves violaciones a los derechos humanos. Doble déficit: sin plan creíble y eficaz de modernización policial y sin plan que fije los términos de regreso de los militares a los cuarteles.

Nos dijeron antes que debilitábamos a la policía cuando le exigíamos sistemas de control del desempeño y rendición de cuentas. Ahora los mismos voceros de la insensatez son los que nos dicen que debilitamos a las fuerzas armadas cuando exigimos diseñar una ruta para regresarlas a sus funciones originales. Barbaridad en tándem: frenan la mejora policial a la vez que dañan la integridad de las instituciones castrenses.

Desde Zedillo y hasta Peña la promesa ha sido la misma: la intervención militar en seguridad pública es temporal, en tanto las instituciones civiles se pueden hacer cargo. Cuatro sexenios prometiendo algo para, al mismo tiempo, hacerlo de imposible cumplimiento. La trampa queda al desnudo: los militares se irán cuando los civiles puedan con el desafío pero los civiles aplazan indefinidamente la posibilidad de hacer la tarea.

Sembraron el hartazgo militar. Ya llegó la cosecha. Ahí están las palabras de Cienfuegos señalando la insuficiencia del esfuerzo para la mejora policial a cargo de los gobernadores. La función no nos gusta, repite el general una y otra vez. Y remata: “no hay quien lo haga”.

En efecto, no hay quien lo haga porque no llega la prevención integral de la violencia y el delito, no llega la modernización policial y tampoco la del sistema de justicia penal. La militarización es como la puerta de emergencia de un sistema nacional de seguridad pública que luego de 20 años no logra construir las soluciones ofrecidas por la vía civil.

Imagínense a un estudiante de medicina que llega el primer día de clases y su maestro le dice que no haga caso precisamente de los libros de medicina. Es lo mismo. Nuestras autoridades toman decisiones en materia de seguridad renunciando todos los días al aprendizaje reunido en los materiales especializados. Poco o nada importa que en ningún lado se recomiende el despliegue intensivo de las fuerzas armadas para construir comunidades seguras y no violentas.

La posible aprobación de una ley de seguridad interior con la cual supuestamente se pretende dar certidumbre jurídica a la intervención militar en tareas que no le corresponden, es el salto final para coronar la trampa. Más allá de la imposible constitucionalidad de la propuesta, esa ley puede representar la capitulación civil; es algo así: no podemos, les toca a ustedes.

La vía adecuada es cumplir las promesas de origen; la de la Constitución y la de los presidentes: la seguridad pública es responsabilidad civil y la intervención militar es temporal. Cienfuegos tiene razón: en muchas partes del país ahora no hay quien lo haga. ¿Cómo resolverlo? La vía adecuada pasa por dos procesos interdependientes: el de la reconstrucción civil y el del retiro militar. Retiro progresivo diseñado mediante un mapa de ruta que fije cómo, dónde y cuándo. Los militares se van retirando en función de indicadores precisos. Hablo de una reconstrucción civil que debe centrarse en el rediseño total del sistema nacional de seguridad pública, para evitar que ese enorme y costoso aparato siga escondido en acuerdos unánimes que no reditúan en la protección de la gente.

La pregunta no es cómo hacemos que los militares se queden en las calles sino cómo hacemos para encontrar a los civiles competentes para hacerse cargo.

@ErnestoLPV