Migrar y decidir sobre el territorio propio

En medio de rutas marcadas por la violencia, la burocracia y el miedo, los cuerpos de las mujeres migrantes siguen siendo territorio de silencios y ausencias.

Louis es una mujer joven que se vio obligada a salir de Haití por amenazas de un grupo criminal. Comenzó su tránsito en 2025 con el objetivo de encontrar una mejor vida en Estados Unidos; sin embargo, tras el endurecimiento de las políticas migratorias, ha tenido que permanecer en México. Ingresó al país a través del Río Suchiate, ahí buscó acercarse a las autoridades para iniciar sus trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), pero tras largos meses de espera, no logró obtener su documentación.

Para muchas personas en movilidad, México es uno de los países más difíciles de transitar por el nivel de violencia que enfrentan: secuestros, extorsiones y una creciente militarización no solo de las fronteras sino del territorio en general. A ello se suma la discriminación, la imposibilidad de regularizarse, la ausencia de políticas públicas que posibiliten el acceso a servicios básicos y, en los últimos meses, el desmantelamiento de las organizaciones humanitarias que les acompañan en sus diferentes procesos.

Las mujeres migrantes se enfrentan, además, a otro tipo de riesgos, como la violencia sexual durante el tránsito. En este contexto, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos debería estar garantizado. Pero lo que ocurre es que continúan siendo invisibilizadas en las rutas migratorias; se les mira como acompañantes y no como mujeres que migran solas o que van como principales cuidadoras de sus hijes, sus madres u otros familiares. Esta narrativa mantiene sus necesidades alejadas de los programas y las políticas dirigidas a las personas en movilidad.

‘‘La sexualidad y la reproducción es algo que acompaña a las mujeres siempre, y tiene modificaciones importantes cuando se atraviesan distintas violencias, por ello es algo que no podemos deslindar del proceso migratorio, pero se sigue creyendo que es algo que desaparece con nuestros tránsitos’’, cuenta Monserrat, de Las Vanders, organización que acompaña en contextos de movilidad y violencias letales.

Louis quedó embarazada y buscó la manera de recibir atención médica por su cuenta, aun sin contar con su documentación migratoria. Las complicaciones llegaron cuando el personal de salud que la recibió se dio cuenta de que desconocían su idioma. El criollo es la lengua materna de Haití; es parecido al francés, pero tiene influencias de diversas lenguas africanas, así como del español e inglés. Con esta barrera idiomática vino una insistencia en solicitar un documento que acreditara que Louis estaba en México de forma regular. Entonces, la atención no continuó.

El idioma, la falta de recursos económicos, de trabajo y vivienda, así como la ausencia de instituciones que le acompañaran, la llevaron a buscar interrumpir su embarazo, pero las barreras fueron más duras.

‘‘Hay un desconocimiento importante sobre los documentos migratorios. Nos ha tocado que las compañeras lleguen con sus tarjetas y las personas funcionarias públicas no sepan qué son esas tarjetas o que [esas tarjetas] les dan acceso a ciertos servicios’’, continúa Monserrat.

Después de que en el 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizara el aborto a nivel federal, la información sobre el derecho a decidir encontró plataformas más amplias y descentralizadas, principalmente a través de redes sociodigitales, donde las voces y las historias se han ido multiplicando. Sin embargo, las discusiones acerca de los alcances del derecho a la salud reproductiva están muy alejadas de la realidad que viven las mujeres migrantes.

Aun con los avances en material legal, las personas que pueden acceder a un aborto deben tener una serie de recursos que les permitan saber que es un derecho, para luego entender en qué condiciones pueden hacerlo, a dónde pueden acudir y quiénes les pueden acompañar durante el proceso, así como contar con una red de apoyo durante ese caminar.

Las mujeres migrantes suelen carecer de todos estos recursos. Muchas de ellas vienen de países con leyes más restrictivas; por ejemplo, Haití es uno de los países con prohibición absoluta, su legislación considera el aborto como un delito con severas penas de cárcel para quienes lo practican y quienes se someten a él. Por otro lado, son pocas las instancias especializadas en brindarles acompañamiento, no figuran en la atención para las poblaciones vulnerables, aun cuando se les reconoce como grupos de atención prioritaria, y el acceso a la justicia es casi nulo.

La Ley General de Salud y la Ley de Migración en México establecen que toda persona tiene derecho a acceder a los servicios de salud, sin importar si cuenta o no con un documento migratorio. Para Louis y muchas otras mujeres que llegaron a México con el objetivo de establecerse, o de solo hacer una parada en su tránsito hacia Estados Unidos, la realidad es distinta. Han tenido que aprender otro idioma, adaptarse a otra cultura, a otros sabores; también, a enfrentar las dificultades de encontrar redes solidarias que les acompañen a consultas ginecológicas, con quiénes hablar sobre su sexualidad de forma libre o informarse sobre prevención entendiendo el contexto cultural diferenciado.

No existen políticas públicas que atiendan sus necesidades específicas en materia de derechos sexuales y reproductivos, porque ni siquiera se han implementado programas para identificar dichas necesidades. Además, persiste en ellas una idea de que al estar en una situación migratoria irregular no tienen derechos y eso ocurre porque es el mensaje que reciben cuando intentan acceder a ellos.

‘‘La mayoría de las instituciones que atienden a personas migrantes, sean públicas o privadas, no tienen el foco en estos temas y creo que primero, pues está el hecho de no se tienen las mujeres como centro o la idea de que sí hay una diferenciación en la atención. Y segundo, creo que es algo muy cultural, más que institucional, el no poder poner en el centro la salud de las mujeres porque no se toma en cuenta esta diferenciación. También como mujeres no sabemos cómo dar prioridad porque no tenemos el aprendizaje en procesos incluso de autocuidado, culturalmente siempre es hacia los demás y qué es lo que necesitan los demás’’, concluyó Monserrat.

Migrar es un acto humano que ha existido a lo largo de la historia. Sin embargo, ha sido atravesado por la más dura criminalización y el estigma. Es claro por qué la atención prioritaria para las personas en movilidad es la regularización migratoria, la alimentación y la salud mental, pero es indispensable garantizar una atención integral que incluya la salud sexual y reproductiva de quienes están expuestas a múltiples violencias y la desprotección del Estado. Sus cuerpos no pueden seguir siendo el último asunto en las agendas públicas.

* Karen Villalobos (@karenvillalobs) es periodista independiente, comprometida con quienes resisten en la exigencia de verdad, memoria y justicia.