Joel Aguirre · 9 de septiembre de 2026
Durante los últimos meses se ha instalado una idea con fuerza en la conversación pública: la migración hacia Estados Unidos ha disminuido. Las detenciones en la frontera y los cruces irregulares registraron una caída pronunciada, mientras las políticas de contención comenzaron a presentarse como una muestra de éxito. Un balance publicado por El País documentó una reducción superior al 90 % en las detenciones fronterizas tras el cierre de vías regulares de acceso al asilo. Sin embargo, la reducción de estos indicadores no permite concluir, por sí sola, que hayan desaparecido las causas que obligan a las personas a migrar.
Pero existe otra manera de leer lo que está ocurriendo.
¿Qué pasa si el principal cambio no es que hoy migren menos personas, sino que cada vez sabemos menos sobre ellas?
El Informe Anual Estadístico 2025 de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem), “Migrar bajo la sombra”, parte precisamente de esa pregunta. Durante el último año, los albergues y organizaciones que integran la Red registraron 9,628 ingresos de personas en movilidad humana forzada: una disminución de 74 % respecto de 2024 y de 82 % frente a 2023. Vista de manera aislada, la cifra podría interpretarse como una reducción histórica de la movilidad. Sin embargo, leída junto con las transformaciones recientes de la política migratoria regional, cuenta una historia muy distinta.
La movilidad humana no desapareció. Lo que cambió fueron las condiciones para registrarla.
Durante 2025 se profundizaron las políticas que restringen el acceso a la protección y buscan contener la movilidad antes de que las personas lleguen a Estados Unidos. La cancelación de CBP One eliminó una de las principales vías para solicitar una cita de asilo en la frontera, mientras que el reforzamiento de controles y operativos en México amplió las barreras para transitar y acceder a procedimientos de protección internacional. El cierre de esta vía dejó a miles de personas en una situación de incertidumbre. Estas medidas no hicieron desaparecer las razones que las obligan a salir de sus países: las empujaron hacia rutas más precarias, fragmentadas y difíciles de documentar.
Este proceso forma parte de una estrategia de externalización del control migratorio: las fronteras y sus mecanismos de vigilancia, contención y bloqueo se desplazan hacia territorios cada vez más alejados del país de destino. En los hechos, México ha asumido un papel creciente en la contención de personas que buscan llegar a Estados Unidos, pero también ha desarrollado decisiones y mecanismos propios que privilegian el control migratorio sobre la protección y la garantía de derechos. En marzo de 2025, El País informó sobre el fortalecimiento de estas medidas y el despliegue previsto de miles de agentes en la frontera sur mexicana.
Ese desplazamiento también tiene consecuencias para quienes documentamos la movilidad humana.
La ausencia de personas en los registros puede reflejar que se ha reducido su acceso a espacios donde podrían recibir alojamiento, atención médica, orientación jurídica, información sobre sus derechos o acompañamiento para solicitar protección internacional. La disminución de los registros no significa necesariamente que hayan disminuido las necesidades de protección. Puede indicar, por el contrario, que las políticas de contención están alejando a las personas de las redes humanitarias y haciendo menos visibles las violencias y obstáculos que enfrentan durante el tránsito.
Por eso, la disminución de los registros no puede interpretarse automáticamente como una disminución de las necesidades de protección. Puede significar exactamente lo contrario.
Cuando las personas dejan de llegar a los espacios humanitarios, sus necesidades de protección no desaparecen; lo que disminuye es la posibilidad de conocerlas, acompañarlas y documentar las violencias que enfrentan. Esa es una de las principales conclusiones del informe.
La evidencia recopilada por la Redodem muestra que durante 2025 llegaron a sus albergues y organizaciones personas provenientes de 63 países distintos, confirmando que México continúa siendo un corredor migratorio de alcance global. Honduras y Venezuela permanecen como las principales nacionalidades registradas, pero uno de los cambios más significativos es que México se convirtió en la tercera nacionalidad con mayor presencia en los espacios de la Red. Este dato obliga a ampliar la conversación pública: la movilidad que hoy atraviesa el país ya no puede entenderse únicamente como un fenómeno internacional. También incorpora desplazamiento interno, deportaciones, retorno y personas mexicanas que buscan protección dentro de su propio territorio.
La diversidad también atraviesa los perfiles de quienes migran. Los registros incluyen mujeres que huyeron de distintas formas de violencia; niñas, niños y adolescentes que realizan el recorrido junto a sus familias; personas LGBT+ que enfrentan riesgos específicos asociados con su orientación sexual o identidad de género; familias completas que permanecen durante meses en ciudades fronterizas y personas mexicanas que recurren a los albergues tras ser deportadas, desplazadas o perder sus condiciones mínimas de seguridad.
La contradicción resulta evidente. Mientras las trayectorias migratorias son cada vez más diversas, las respuestas institucionales continúan organizadas principalmente alrededor del control migratorio.
Los registros también muestran otra transformación importante. Durante años predominó la idea de que las personas migraban principalmente por razones económicas. Sin embargo, en 2025 los factores relacionados con distintas formas de violencia prácticamente igualaron a los motivos socioeconómicos como principales causas de expulsión. Amenazas, extorsión, persecución política, violencia generalizada y otras agresiones ya no aparecen como factores secundarios; forman parte central de las razones que obligan a las personas a abandonar sus hogares.
Lo mismo ocurre cuando observamos las violencias sufridas durante el tránsito. Los testimonios documentados por la Redodem continúan registrando secuestros, robos, amenazas, agresiones físicas y otras graves violaciones a derechos humanos. Pero si cada vez menos personas logran llegar a los espacios donde estas experiencias pueden documentarse, también disminuye nuestra capacidad para dimensionar la magnitud real de la crisis de protección: una crisis producida por la insuficiencia, el debilitamiento o la ausencia de mecanismos capaces de garantizar derechos.
Cuando la movilidad se vuelve invisible, también lo hacen muchas de las violencias que la acompañan. Y cuando desaparece la evidencia independiente, se reducen las posibilidades de identificar patrones, exigir responsabilidades y construir políticas públicas basadas en información confiable.
Por eso, el trabajo cotidiano de documentación que realizan los albergues y organizaciones de la sociedad civil tiene un valor que trasciende la producción de estadísticas. Registrar una historia significa reconocer que esa persona existe, identificar las violencias que enfrentó, comprender las transformaciones de la movilidad y producir evidencia para defender derechos. En un contexto donde las políticas migratorias empujan a las personas hacia espacios cada vez menos visibles, documentar también es una forma de proteger.
Quizá la pregunta más importante que plantea “Migrar en la sombra” no sea cuántas personas migraron durante 2025. La pregunta central es cuántas dejaron de aparecer en nuestros registros y qué condiciones les impidieron llegar a los espacios de atención y acompañamiento.
Cuando una política migratoria aleja a las personas de los lugares donde pueden recibir protección, ejercer derechos y compartir de manera segura lo que les ha ocurrido, no está resolviendo las causas de la movilidad humana. Está profundizando una crisis de protección y trasladando sus consecuencias hacia rutas y territorios cada vez menos visibles.
Lo que estas políticas consiguieron fue volver la movilidad mucho más difícil de observar. Y una crisis de protección que deja de verse también se vuelve mucho más difícil de atender.
Estas reflexiones forman parte del Informe Anual Estadístico 2025 de la Redodem, “Migrar en la sombra”, un ejercicio de documentación basado en la evidencia generada por 19 albergues y organizaciones que acompañan cotidianamente a personas en movilidad humana forzada en México. Más que ofrecer una fotografía de los flujos migratorios, el informe busca comprender cómo las políticas de contención están transformando las condiciones para ejercer el derecho a la protección y qué implicaciones tiene ello para los derechos humanos en la región.♦