Migrantes: trabajadores esenciales con protecciones deficientes

“Esencial” es una de las palabras del momento frente al COVID-19. Se habla de actividades, servicios, trabajadores esenciales para mantener la salud, economía y servicios básicos. Sin embargo, gracias a los gobiernos de México y de Estados Unidos, las protecciones esenciales para quienes realizan estas actividades han pasado desapercibidas, especialmente al tratarse de los grupos más vulnerables. Y en medio de esta carrera hacia el precipicio, hay una población de personas trabajadoras que irónicamente sostendrá y será afectada por las fallas de ambos países: migrantes con visa H-2A.

El programa de visa H-2A permite a personas de distintos países trabajar temporalmente en la industria agrícola en los Estados Unidos. En el 2018, más de un cuarto de millón de personas trabajadoras llegaron a ese país con visa H-2A —el 93% provenía de Mexico. Con protecciones deficientes y supervisión inadecuada de parte de los gobiernos de México y de Estados Unidos, las personas migrantes bajo este programa enfrentan abusos a lo largo de su trayecto migratorio. Según información en el medio estadounidense NPR, la Casa Blanca está buscando bajar los salarios en el programa H-2A, aumentando entonces su dependencia económica.

En el Centro de los Derechos del Migrante (CDM), organización binacional que se dedica a defender los derechos de las y los trabajadores migrantes, tenemos 15 años de experiencia documentando abusos bajo los programas de trabajo temporal. Y por eso sabemos que aunque el COVID-19 no es la fuente de abusos, la pandemia sí intensificará las fallas sistémicas del programa H-2A.

Durante los últimos meses, el CDM elaboró un estudio basado en 100 entrevistas con trabajadores H-2A. El 100% de las personas entrevistadas reportó por lo menos una violación legal a sus derechos: desde robo de salarios y vivienda sobrepoblada, hasta condiciones laborales insalubres y acoso sexual. En muchos casos, la imposibilidad de dejar su trabajo se remonta a un mismo origen: cuotas de reclutamiento.

A pesar de ser ilegales tanto en México como en Estados Unidos, las cuotas de reclutamiento son una práctica común en toda la república. Contratistas representando a empresas estadounidenses cobran miles de pesos —y a veces miles de dólares— a cambio de la oportunidad de trabajar con una visa H-2A. La negligencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social permite que contratistas desaprensivos continúen operando de manera ilegal, poniendo en riesgo la seguridad de trabajadores y sus familias.

Por ejemplo, entrevistamos a un trabajador quien entre cuotas de reclutamiento y costos de viaje pagó un total de $2,000 por trabajar en Georgia con una visa H-2A. Su empleador nunca le reembolsó los gastos de viaje establecidos bajo las reglas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Este no es un caso aislado. En nuestra investigación, encontramos que el 73% de las personas entrevistadas no recibieron sus reembolsos correspondientes, y que un 62% sacaron préstamos para cubrir sus gastos. El llegar a un trabajo endeudado establece un desequilibrio de poder entre el trabajador y el empleador. El miedo a ser despedido y regresar a su comunidad sin poder pagar sus préstamos crea un efecto paralizador que previene que las y los trabajadores se quejen cuando sus derechos son violados. Las deudas descartan la posibilidad de abandonar condiciones abusivas, encasillando las personas migrantes en situaciones de explotación y de trata.

Aunque siempre han desembocado en un sinfín de abusos, en el contexto de una crisis de salud mundial, estas cuotas de reclutamiento tendrán efectos letales. El distanciamiento social será imposible para las y los trabajadores cuando viajen en autobuses hacia Estados Unidos con docenas de compañeros en espacios cerrados. Dormirán en cuartos apretados y trabajarán todo el día hombro con hombro. Vivirán en zonas aisladas, donde la posibilidad de ir a comprar comida y otros productos básicos dependerá de la voluntad de su empleador, quienes controlan quién y cuándo entra y sale. Si comienzan a mostrar síntomas del virus, es posible que se les obligará a trabajar; no serán atendidas por no tener derecho a servicios de salud bajo ningún reglamento general. Por lo mismo, serán más propensas a sufrir complicaciones y contagiar a compañeras. Puede ser que las despidan si se enferman. Y por más que sus condiciones laborales pongan su salud en riesgo, las y los trabajadores migrantes se verán forzados a seguir trabajando para pagar sus deudas.

Si bien el programa de visa H-2A es regulado por Estados Unidos, nuestro análisis y experiencia demuestra que los abusos comienzan de este lado de la frontera. El gobierno mexicano se ha mantenido al margen, y es posible que use la pandemia como excusa para dejar el tema “para después”. Pero la falta de acción lo convierte en cómplice de este abuso sistémico. Es competencia de la STPS asegurarse que nadie esté pagando por trabajar. Toda persona y agencia involucrada en actividades relacionadas a la contratación debe de estar incluida en el registro central de agencias de que reclutan y seleccionan trabajadores mexicanos para un empleo concreto en el exterior. De tal manera, tanto los reclutadores como sus agencias, podrán ser regulados, monitoreados e inspeccionados en caso de cualquier violación. Por el momento, este registro cuenta con tan solo 9 agencias registradas; no es sorprendente que el cobrar cuotas ilegales sea una práctica habitual en todo el país.

Parece que ambos gobiernos se empeñan en promover una narrativa que pone la supervivencia económica como contraparte de las protecciones laborales, forzándonos a elegir entre el bienestar de la economía y el de las y los trabajadores. Frente a esta dicotomía, todas perdemos, y por moverse entre México y Estados Unidos, las personas migrantes pierden dos veces. Si no había quedado claro antes, ojalá la pandemia lo ponga en evidencia: es esencial que el gobierno mexicano aplique efectivamente la prohibición de cuotas de reclutamiento. Para las y los trabajadores migrantes, es una cuestión de vida o muerte.

* Evy Peña (@evypena) es directora de comunicaciones y desarrollo en el Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (@CDMigrante), una organización binacional con sede en CDMX.