Migrantes encarcelados en medio de una pandemia

El mes pasado, en este sitio, Adriana Ortega y Nicole Huete, publicaron un inquietante artículo acerca de cómo el gobierno mexicano ha arriesgado la vida de muchísimas personas encarceladas durante la pandemia. Parte del argumento de Ortega y Huete es que es 2.3 veces más probable que las personas encarceladas mueran por COVID-19 que las que están libres, y que este año la población encarcelada ha aumentado porque ha subido el número de gente en prisión preventiva. Esto es inaceptable porque un gobierno no debe generar las condiciones que ponen en riesgo la vida de las personas.

Para entender esto, imaginemos que el gobierno pudiera concentrar el coronavirus y rociarlo. Si el Estado hiciera esto, claramente sería un acto inconstitucional e inmoral. Lo que está pasando en las cárceles no es muy diferente. El gobierno, sabiendo que hay una pandemia, está metiendo a personas inocentes a un ambiente donde es mucho más probable que mueran. Puede que el gobierno no tenga coronavirus concentrado, pero sí tiene y controla espacios donde este se filtra y se mueve más rápido, y a quién mete ahí y por cuánto tiempo.

Muchos quizá dirán que la analogía es engañosa: la gente en la cárcel hizo algo para estar ahí, mientras que la población vulnerada por el supuesto virus concentrado no habría hecho nada. Siguiendo este argumento, el gobierno no generó el riesgo al encarcelar a la gente, sino que el riesgo es una consecuencia de las acciones de las personas ahora encarceladas. Lo primero es que la prisión preventiva es una medida que se toma antes de que exista una sentencia. Así que las personas en prisión preventiva -jurídicamente- no han hecho nada. Pero más allá de los legalismos, y aún desde una postura conservadora acerca del punitivismo penal, debemos reconocer que no es un castigo proporcional duplicar la probabilidad de muerte de alguien independientemente del delito cometido. Y menos si este riesgo se impone en lo que se indaga la culpabilidad penal.

Esto se vuelve aún más claro cuando el motivo del encarcelamiento no es penal. Estados Unidos encarcela a más migrantes que cualquier otro país del mundo. En los últimos 10 años, el país promedia 35,000 migrantes en detención. Aunque los migrantes están en cárceles, esta detención no es considerada penal, ya que ésta occure solo en lo que se decide si la persona se puede quedar en el país. En cualquier momento, el uso de la institución más extrema de coerción social que tenemos -la cárcel- para el control migratorio es cuando menos problemático, no obstante, en el contexto de la pandemia de la COVID-19 es inaceptable.

De acuerdo con datos del gobierno estadounidense, hasta el 13 de agosto de este año se han confirmado 4,531 casos positivos de COVID-19 en cárceles migratorias en todo el país. Esto incluye casos en centros de detención que albergan a familias enteras con menores de edad. Este número es probablemente un subregistro porque ICE (la agencia del gobierno que administra la detención migratoria) elimina de sus números a la gente que es liberada. A la fecha han muerto 8 personas en detención migratoria por COVID-19. El más joven, Santiago Baten Oxlak, guatemalteco de 34 años que había sido detenido por ICE en marzo de 2020. El mayor, James Thomas Hill, canadiense de 72 años que estaba esperando la deportación por un delito del que fue sentenciado en 2007.

Los centros de detención migratoria no son capaces de controlar el virus. Como la mayoría de las cárceles, la gente vive hacinada y con escaso acceso a productos de higiene como shampoo y jabón. ¿Cómo invitar a Susana Distancia cuando vives en un cuarto con 100 personas? Además, la limitación espacial de las cárceles genera las condiciones para que los esfuerzos de mitigación de propagación del virus se conviertan en auténticos castigos para los migrantes. Por ejemplo, para evitar más contagios, algunos centros han optado por separar a la población infectada de la demás. En ciertos casos, se aíslan a las personas contagiadas de manera individual. Recordemos que el castigo más severo en las cárceles es precisamente el aislamiento total, justo lo que el gobierno estadounidense le está imponiendo a mucha gente en aras de contener el virus. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿es realmente necesario confinar a los migrantes así?

La respuesta del poder judicial es, aparentemente, que sí. En lo que va del año se han promovido al menos 83 demandas en contra del gobierno para liberar a migrantes en riesgo particular de tener complicaciones con la COVID-19, porque tienen alguna comorbilidad como diabetes o hipertensión. Hemos perdido la mayoría de los casos. (Digo hemos porque yo participé en un par de demandas). Los jueces federales, en lo general, no han revisado si la detención es realmente necesaria para lograr los objetivos del gobierno.

En teoría, el gobierno detiene a alguien para que funcione el sistema migratorio. De acuerdo con el gobierno un migrante debe estar encarcelado para garantizar que vaya a sus audiencias o para evitar que cometa un delito en Estados Unidos. Es dudable que la detención migratoria sea necesaria para lograr estos objetivos: más del 85% de la gente fuera de detención va a todas sus audiencias y la incidencia delictiva de gente en proceso migratorio es insignificante. No obstante, en las demandas presentadas los jueces federales dieron por hecho que encarcelar a migrantes es necesario para la integridad del sistema migratorio. No importó que el coronavirus pusiera en riesgo la vida de miles de migrantes.

En efecto, la política de la administración de Trump, avalada por el poder judicial federal, es que si no eres estadounidense importa más que se pueda efectuar tu deportación que tu vida. No importa el coronavirus. No importa el hacinamiento. No importa el riesgo en la salud. Solo importa que eres moreno y que aquí no te quieren.

@elpgerson