Cumbres de líderes y desprotección, ¿realidades paralelas?
Redacción Animal Político · 24 de noviembre de 2023
El marco normativo internacional y regional de derechos humanos, refugio y protección internacional, así como de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, plasmado en convenciones jurídicamente vinculantes para los Estados firmantes, constituyen el marco legal de protección de los derechos humanos de todas las personas en contexto de movilidad humana.
Existen también Declaraciones y Pactos, como la Declaración de Nueva York (2016) y el Marco de Respuesta Integral para Refugiados (2016); el Pacto Mundial sobre Refugiados (2018); el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (2018), y la Declaración de Los Ángeles (2022).
El común denominador de estos últimos instrumentos es que no son jurídicamente vinculantes para los Estados, condición que ha dado paso a la discrecionalidad en su interpretación para su aplicación y que, al estar enfocados en la “gestión” o “gobernanza” migratoria, han marcado la agenda migratoria de la región sin que necesariamente atiendan los estándares internacionales de protección a los derechos humanos.
El enfoque centrado en la seguridad, el orden y la “regularidad” ha provocado retrocesos en materia de derechos humanos. Bajo el supuesto de “evitar la migración irregular” no han representado ningún avance en el respeto y protección de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de refugio.
Bajo la comprensión de una migración “segura, ordenada y regular” se ha consolidado una mecánica de contención que engrana narrativas oficiales que criminalizan la migración, alimentan factores de discriminación, la exclusión social de miles de seres humanos y provocan el ejercicio de diferentes tipos de violencia con extrema crueldad en contra de miles de seres humanos.
En fechas recientes se realizaron dos cumbres regionales. El llamado “Encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar” (22/10/23) y la sesión plenaria de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (3/nov/23). Más allá de las declaraciones emanadas de estos encuentros de “primer nivel”, es importante cuestionar qué resultados concretos tienen para la realización efectiva y el respeto a los derechos de las personas en contexto de movilidad humana.
Desde hace años, organizaciones de sociedad civil hemos cuestionado y criticado las políticas y medidas de contención. En México, Redodem ha documentado los efectos nocivos de este tipo de políticas y prácticas violatorias de los derechos humanos, así como de los principios de protección internacional y no devolución.
Por supuesto que se necesita de un esfuerzo regional coordinado por parte de los Estados, incluido en primer lugar México, para atender las diversas, complejas e interrelacionadas causas de la expulsión. Pero no habrá esfuerzo que resulte bien, si no se parte de reconocer que el factor común está en las fallas de los propios Estados, incapaces de garantizar la vida, libertad, seguridad, integridad y desarrollo de sus poblaciones.
También se requieren políticas públicas efectivas y sostenibles, basadas en evidencia y pertinentes a los distintos contextos y factores de expulsión, no programas sociales “exportables” que aún no han arrojado evidencia sobre su eficacia.
No obstante, aún y cuando se cubrieran estas condiciones mínimas, los resultados no se alcanzarán en el corto plazo. Urgen medidas concretas que atiendan hoy, las necesidades básicas de miles de seres humanos, así como alternativas de regularización que no los obliguen a viajar en la clandestinidad y expongan a mayores riesgos.
Tan sólo en lo que va del mes de noviembre, Redodem ha registrado el ingreso a sus organizaciones socias de 2,078 personas, entre ellas 705 mujeres y 530 niñas, niños y adolescentes. En este mismo periodo, en todas las regiones del país se ha agravado la crisis humanitaria migratoria. Además, se ha incrementado el número de operativos migratorios ejercidos con violencia (Oaxaca, Atitalaquia, Hidalgo, CDMX, etc.) Varios albergues civiles llevan meses saturados y enfrentan desafíos de atención, haciendo lo que está en sus manos para evitar que las personas estén en situación de calle, porque las autoridades no les atienden. ¿Realidades paralelas?