Redacción Animal Político · 28 de octubre de 2025
A finales de enero de 2025, distintos eventos ocasionados por decisiones adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han impactado significativamente en los derechos humanos de personas en contexto de movilidad humana y sujetas de protección internacional. La reducción de financiamiento a organizaciones de la sociedad civil y medidas restrictivas para reducir la migración internacional han generado un impacto significativo en México.
Aparentemente, estos eventos se encuentran desconectados de lo que ocurre a nivel nacional, pero existe una relación intrínseca con algunas medidas adoptadas por el Estado Mexicano para desincentivar la migración hacia Estados Unidos y afectar el sistema de asilo en México.
Esta serie de eventos se interrelacionan y permiten explicar las problemáticas actuales de los derechos humanos de personas en contexto de movilidad humana y sujetas de protección internacional en México.
Por ejemplo, permite entender la actual dinámica nacional del Instituto Nacional de Migración (INM) de negar la emisión de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias bajo el supuesto de solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, obstaculizando la regularización migratoria de las personas solicitantes, impidiendo así el acceso a distintos derechos, destacadamente, a un empleo formal. Esta circunstancia orilla a muchos solicitantes a abandonar el país y desistir de su deseo de obtener la protección internacional en México. O la actual imposición del prerregistro como etapa del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), que no se encuentra previsto en la legislación de la materia, implementada en la Ciudad de México y Tapachula, y que impide el acceso a solicitar asilo en México.
Estas prácticas de la COMAR e INM no son aisladas. Se deben interpretar a la luz de la política migratoria estadounidense que genera resistencias, como la Caravana migrante “Por la Libertad”, integrada por 300 personas, que salió de Tapachula, viajó a Oaxaca y se disolvió en la Ciudad de México. Ante la falta de respuesta a sus solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, marcharon para poder ser atendidos por el Estado mexicano y lograr su regularización migratoria.
Desde Sin Fronteras estamos presentando un Juicio de Amparo Indirecto combatiendo la inconstitucionalidad del prerregistro de la COMAR, representando a 32 personas solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, de distintas nacionalidades, para que puedan tener acceso al asilo en México. Actualmente, el asunto se encuentra registrado bajo el número de expediente 1789/2025, ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
Decisiones tomadas en un escritorio a kilómetros de distancia impactan en lugares y a personas sin relación aparente, que deben resistir en la calle mediante caravanas o en los juzgados mediante juicios de derechos fundamentales. Más allá de los resultados, lo importante es dejar constancia de las narrativas de los grupos históricamente vulnerados. En este momento, a las personas en contexto de la movilidad humana y sujetas de protección internacional se les cierran las fronteras, las puertas de la COMAR y del INM. Resta defender y resistir en espacios donde las puertas, esperemos, continúen abiertas, como lo son las calles y los juzgados.
*Luis Felipe Calva Arriola es defensor de Derechos Humanos, abogado, subcoordinador del Área Legal en Sin Fronteras IAP.