Regular la micromovilidad sin evidencia: una reforma recaudatoria que no es de seguridad vial

El Congreso de la Ciudad de México discute reformas a la Ley de Movilidad que buscan regular los scooters y otros vehículos de micromovilidad. El discurso oficial afirma que el objetivo es proteger a sus usuarios; sin embargo, la propuesta carece de evidencia, ignora los riesgos viales históricamente documentados y, en lugar de priorizar la seguridad, parece orientarse más hacia fines administrativos y recaudatorios.

1. Falta de evidencia y falta de atención a los riesgos histórica y científicamente reconocidos

La primera gran falla del dictamen es la ausencia de datos sólidos. La Ciudad de México no cuenta con cifras que indiquen cuántos siniestros de tránsito involucran a vehículos de micromovilidad, ni siquiera sabemos qué tipo de personas usuarias los conducen ni cuáles son los contextos de riesgo. La falta de estadísticas oficiales imposibilita un diagnóstico serio y, por ende, cualquier regulación que presuma ser eficaz.

En contraste, existe amplia evidencia científica y estadística que demuestra que la velocidad vehicular es el principal factor de riesgo en la siniestralidad vial. Los datos son contundentes: automovilistas y motociclistas concentran la mayor proporción de muertes y lesiones graves en el tránsito. No es un tema de percepciones ni de tendencias pasajeras; es un hecho medible y documentado en estudios nacionales e internacionales. Por lo tanto, resulta incongruente que el Congreso priorice regular a quienes, por peso y velocidad, representan un riesgo mucho menor, mientras deja sin atender a los actores viales que históricamente provocan la mayoría de las tragedias en las calles.

1. Falta de atención a las causas y visión sistémica

El creciente uso de vehículos de micromovilidad no es casual ni caprichoso, sino el resultado de factores estructurales que esta reforma ignora. En primer lugar, existe un componente económico evidente: muchos de estos vehículos, particularmente los de manufactura china, se venden a precios tan bajos que resultan imposibles de igualar por el comercio nacional de bicicletas o motocicletas. Con costos cercanos a los 10 mil pesos, las alternativas eléctricas resultan atractivas para una población que busca soluciones rápidas y baratas de movilidad. Sin embargo, esta ventaja de precio responde también a la ausencia de regulaciones comerciales y fiscales que podrían equilibrar el mercado, por ejemplo, a través de impuestos proporcionales o esquemas de comercio justo.

En segundo lugar, la falta de oferta de transporte público digno empuja a las personas usuarias hacia estas opciones. El sistema Ecobici opera con coberturas limitadas y cada vez más carente, el Metro presenta una creciente ineficiencia y no existe un sistema de transporte metropolitano verdaderamente integrado con el Estado de México. En este contexto, los ciudadanos no eligen la micromovilidad por moda, sino porque el sistema actual les falla. Sin políticas de transporte público masivo, accesible, confiable e integrado, cualquier regulación que encarezca o restrinja el uso de micromovilidad empujará a muchos hacia vehículos motorizados de mayor riesgo, agravando el problema en lugar de resolverlo.

1. Una reforma recaudatoria, más que de seguridad vial

Otro elemento preocupante es que el Congreso capitalino mantiene desde hace años una omisión grave: no ha armonizado la Ley de Movilidad local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, pese a que esta última establece medidas claras para reducir los factores de riesgo que matan y lesionan a diario. En cambio, la reforma propuesta se concentra en exigir placas y licencias de manejo a los usuarios de vehículos eléctricos, medidas que implican un costo económico y trámites burocráticos.

Esto genera dos interrogantes clave: ¿cómo pretende el gobierno aplicar una regulación estricta sobre miles de scooters y bicicletas eléctricas si la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya carece de capacidad para vigilar, infraccionar o sancionar a los automovilistas y motociclistas que violan la ley todos los días? ¿Cuál es la lógica de priorizar el control de vehículos pequeños y maniobrables, cuando ni siquiera se controla a quienes representan el mayor riesgo vial?

La hipótesis parece apuntar a un objetivo recaudatorio más que preventivo. En ausencia de un sustento científico que justifique estas medidas y sin capacidad operativa para garantizar su cumplimiento, la reforma difícilmente puede considerarse una política de seguridad vial.

¿Y entonces?

Reformar la Ley de Movilidad para regular la micromovilidad sin datos, sin atender las causas estructurales y sin priorizar los riesgos reales es legislar en el vacío. Lejos de mejorar la seguridad vial, la propuesta podría incentivar el uso de vehículos motorizados más peligrosos, mantener en el limbo las reformas realmente urgentes y prolongar la omisión legislativa en temas críticos como el control de la velocidad, el alcohol al volante y la infraestructura segura.

El verdadero debate no es si la micromovilidad debe regularse —porque sí requiere un marco legal claro—, sino si es aceptable que se haga sin evidencia y en detrimento de lo que realmente salvaría vidas. La seguridad vial en la Ciudad de México no mejorará con medidas simbólicas o recaudatorias, sino con políticas integrales, basadas en datos, que garanticen un espacio público seguro, accesible y digno para todas las personas.

* Sergio Andrade-Ochoa ( @rat_inside ) actualmente es catedrático-investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua y líder del proyecto de Estrategia Misión Cero. Ha sido reconocido por la International Youth Foundation, Fundación MAPFRE, la Federación Latinoamericana de Asociaciones Químicas, el Gobierno del Estado de Chihuahua, la Secretaría de Desarrollo Social y Rotary International por sus contribuciones en materia de derechos humanos, salud pública, ciencia y tecnología.