Michoacán: del terrorismo al vandalismo

Por: Jaime López-Aranda Trewartha (@jaimelat)

El discurso político tiene usualmente una relación difícil con la realidad. Y de cuando en cuando se disocia completamente de ella, como ocurrió con el reporte oficial de los ataques contra las instalaciones de CFE y algunas gasolineras en Michoacán, que dejaron a más de 420 mil personas sin electricidad, como “hechos vandálicos”.

Se puede entender que el gobierno federal evite, a toda costa, hablar de terrorismo en Michoacán, incluso después de ataques coordinados contra instalaciones de la CFE y gasolineras. “Terrorismo” es una palabra poderosa. Hablar de terrorismo remite al caos y a la vulnerabilidad en la calle, en la plaza, en el centro comercial. El terrorista exitoso logra convencer, aunque sea temporalmente, de que cualquiera puede ser víctima de su siguiente acto de violencia. Cada atentado victimiza a la comunidad en su conjunto y es un desafío al Estado, que se revela incapaz de proteger a sus ciudadanos. Es una amenaza, casi siempre invisible, que se utiliza para justificar presupuestos millonarios y guerras interminables, amén de incontables violaciones a los derechos humanos y garantías individuales, pero que también pone en duda permanente las capacidades del gobierno en turno y le obliga a cambiar, cuando menos en el discurso, sus prioridades.

[contextly_sidebar id=”813c79dbdd127a4314aeef2f78e598f0″]Como otras palabras en otros tiempos —“comunismo”, “fascismo”, “imperialismo” vienen a la mente— la sola mención del “terrorismo” construye y destruye estrategias gubernamentales y carreras políticas, pero sobre todo impone una cierta visión del problema a mano, que ciertamente no coincide con la que pretende impulsar el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. (Ni, para el caso, con la que impulsaba su predecesor. De hecho esta reticencia a denominar un ataque como “terrorista” pareciera ser independiente de partidos y estrategia: baste recordar que en 2008 el entonces Presidente Calderón se refirió al atentado con granadas en Morelia en plena celebración del “Grito” como un “acontecimiento violento”).

A los argumentos políticos en contra de usar la palabra “terrorismo”, pueden sumarse los legales. No hace falta recitar la letanía de convenciones internacionales sobre el tema, porque no aplican a los eventos de Michoacán —sólo aplican a actos de terrorismo con un componente internacional. Y aunque el Código Penal Federal, que sí es aplicable, establece que se comete el delito de terrorismo cuando se utilizan medios violentos para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad, primero hay que demostrar que se cumple alguno de estos supuestos, después de un proceso legal, con responsables sentenciados. No hay obligación de denominar un acto como terrorista cuando ocurre si no resulta políticamente conveniente, como tampoco se puede impedir que alguien más sí lo haga. La denominación de terrorista permanece pues, para todos los fines prácticos, mutable y tercamente política. Una herramienta para avanzar una agenda u otra, antes que una definición incontrovertible.

Se puede entender, entonces, como ya dije, que el gobierno federal evite calificar los ataques en Michoacán como terroristas. Se puede entender también que algunos medios de comunicación, columnistas y especialistas sí lo hagan. Es un debate que tiene menos que ver con los hechos en el terreno que con un desacuerdo fundamental sobre la forma en que debe interpretarse lo que está pasando a nivel nacional. El gobierno intenta minimizar el impacto de los problemas de seguridad y transferir la responsabilidad a las autoridades estatales, excepto en los indicadores que resultan positivos —en realidad sólo los homicidios relacionados con delitos federales. Sus críticos, a su vez, creen que el problema es mayor de lo que se admite.

Lo que no se entiende es que se reduzcan los ataques contra la CFE a meros “hechos vandálicos”.

Si terrorismo es una palabra poderosa, “vandalismo” en cambio es una palabra extraordinariamente débil. Remite al enfado de quien descubre que los adolescentes de la colonia le rayaron la puerta de la casa —o que le destruyeron las ventanas de su negocio. No es una palabra que movilice al Estado ni que justifique acciones o presupuesto de importancia. El vandalismo no provoca temor, provoca irritación y molestia, además de una que otra iniciativa legislativa desencaminada para aparentar que uno es “duro contra el crimen” sin atacar, de hecho, el crimen —cuando menos como lo entiende y padece la mayor parte de la población de manera cotidiana.

Ambas palabras tienen, pues, implicaciones políticas ineludibles. Donde el vandalismo requiere un cierto sentido de pragmatismo y proporcionalidad, el terrorismo reclama un cambio de prioridades y acciones que, cuando menos, aparenten tener un largo alcance. Definir un acontecimiento como “terrorista” lo eleva a una categoría de amenaza fundamental a la sociedad Definir un acontecimiento como “vandálico”, en cambio, lo trivializa.

Y no es aceptable que se trivialice el problema de Michoacán. No es justo para los policías y soldados que trabajan ahí. No es un buen discurso político. Vamos, ni siquiera es necesario.

*Jaime López-ArandaTrewartha es analista político.