Urge brindar la debida protección a personas periodistas y defensoras de ddhh

El pasado 10 de marzo de 2022, el Ejecutivo mexicano emitió una respuesta sorpresiva a la Resolución de Urgencia (RC9-0153/2022) del Parlamento Europeo (PE), que lo exhorta a garantizar la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el país. El organismo manifestó también su preocupación por las duras y sistemáticas críticas, formuladas por autoridades de alto nivel del gobierno mexicano, contra la labor de las personas defensoras y periodistas.

La postura del Ejecutivo genera una profunda preocupación porque no se distingue en ella la intención de reconocer el gravísimo problema de inseguridad y violencia que padecen las personas periodistas y defensoras de derechos humanos, que tantas vidas ha costado. Tampoco demuestra la mínima expresión de solidaridad con las familias de las víctimas.

El asesinato de una sola persona debería ser motivo suficiente para que el Ejecutivo exprese indignación y el aparato estatal emprenda acciones contundentes que envíen un mensaje claro a los perpetradores de que esos crímenes no quedarán impunes.

Desde Amnistía Internacional llevamos varias décadas denunciando lo riesgoso que es para las personas periodistas y defensoras de derechos humanos realizar sus actividades en México. La resolución del Parlamento Europeo, del 10 de marzo de este año, señala expresamente que: “México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas…” y las personas defensoras.

Y la terca realidad lo demuestra una y otra vez. El lunes 7 de marzo de 2022, dos días antes del desencuentro entre el Ejecutivo y el PE, fue asesinado en Coloradas de la Virgen, Chihuahua, el activista Trinidad Baldenegro, que combatía la tala y otras explotaciones ilegales en la Sierra Tarahumara. La organización Global Witness documentó en 2020 un total de 30 ataques letales contra personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente, lo que representa 67 por ciento de aumento en relación con 2019.

Además, el 15 de marzo de 2022 fue asesinado el periodista Armando Linares en Michoacán. En lo que va de este año han sido asesinadas en el país ocho personas periodistas. De acuerdo con la organización Artículo 19, en el periodo 2019-2021, fueron asesinadas en México 24 personas periodistas.

México, sujeto al escrutinio internacional

Como parte de la comunidad de naciones, el Estado mexicano ha adquirido diversos compromisos que está obligado a cumplir. Entre ellos están los contenidos en tratados y convenciones sobre derechos humanos de las que es Estado parte y que lo hacen sujeto del escrutinio internacional porque, además, están reconocidos en la Constitución mexicana.

Más aún, el Estado mexicano ha invitado a representantes de organismos internacionales para dar seguimiento a temas específicos. Un ejemplo de ello fue la visita de las personas relatoras Especial para la libertad de expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Especial de las Naciones Unidas, sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, quienes realizaron una misión oficial del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017.

El eje de dicha visita fue justamente la grave crisis de seguridad que se vive en México, sus consecuencias para la vigencia de los derechos humanos y la repercusión que tiene en la labor de las personas periodistas. En esa ocasión, las personas relatoras sostuvieron reuniones con autoridades federales; de órganos autónomos; de los poderes legislativo y judicial; con representantes de los gobiernos de cinco estados, con más de 250 periodistas y representantes de OSCs y con dueños de medios de comunicación, entre otras.

La visita se realizó en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), adoptado por México el 21 de marzo de 1981, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que México es Estado parte.

Reconocer el problema, primer paso para pensar soluciones

Apelando a este antecedente, de los varios que hay, en lugar de reaccionar como lo hizo, el Ejecutivo mexicano bien pudo haber solicitado el apoyo del PE, en aras de encontrar caminos de solución al tema, que por lo demás son urgentes. Negar el problema no es la solución. El Estado mexicano debería reconocer la dimensión del mismo y emprender las acciones necesarias para resolverlo.

En el contexto de la violencia estructural que impacta las diferentes esferas del Estado, desde Amnistía Internacional hemos insistido, de manera recurrente, en la necesidad de fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que sea mucho más efectivo.

El Mecanismo recibió un golpe muy fuerte cuando el congreso mexicano eliminó, el 21 de octubre de 2020, el fideicomiso que permitía la operación del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, limitando con ello de manera grave no sólo el funcionamiento general del mismo, sino también su rápida intervención en situaciones de extrema urgencia.

El presupuesto es un tema fundamental para el funcionamiento del Mecanismo, lo mismo que la necesidad de que cuente con el personal suficiente para atender los numerosos casos que atiende y que tienden a incrementarse dado el alto nivel de violencia e inseguridad que vivimos en México.

Otros aspectos a considerar tienen que ver con garantizar la efectividad de las diferentes medidas de protección, tanto para zonas metropolitanas como rurales, dado que cada una tiene sus especificidades. Es urgente lograr la eficacia de las mismas dado que varias personas periodistas o defensoras suscritas al Mecanismo lamentablemente han sido asesinadas.

Además, se debe brindar una protección diferenciada para mujeres y hombres, y contar con el mecanismo adecuado para otorgar los diversos apoyos que requieren las familias de las personas atendidas.

Las personas periodistas desempeñan un papel fundamental en la vida pública del país. Con su trabajo desvelan actos de corrupción, denuncian irregularidades que ponen en riesgo la seguridad y la vida de las personas; exponen redes de criminalidad y contribuyen al debate público.

A su vez, las personas defensoras han abonado a la construcción de ciudadanía; de instituciones que velan por los derechos humanos; realizado aportaciones relevantes en la elaboración de leyes; contribuido al desarrollo de comunidades donde el Estado ha estado ausente y han desempeñado un papel fundamental en la defensa de la tierra y el territorio.

En esto y más converge el trabajo y la importancia de las personas periodistas y defensoras, que si bien en algún momento han cuestionado determinadas decisiones de gobierno, ello no significa que formen parte de un bloque opositor o hasta golpista, como lo ha dicho el jefe del Ejecutivo.

El Estado no ha logrado desde hace varios sexenios garantizar la seguridad de las personas defensoras y periodistas. Un primer paso en la solución de ese problema sería reconocer el valor del trabajo que realizan; condenar amplia y explícitamente las agresiones en su contra; además de adoptar una política pública de protección integral que genere un entorno seguro y propicio para ellas, con medidas proporcionales al riesgo y culturalmente aceptables; repare integralmente el daño a las familias de las víctimas y adopte medidas contundentes para revertir los elevados índices de impunidad.

A tres años de iniciada su gestión, el jefe del Ejecutivo mexicano aún tiene la oportunidad de construir las condiciones que permitan a las personas defensoras y periodistas cumplir con su trabajo que, como está demostrado con creces, mucho ha contribuido a la construcción de este país. Desde Amnistía Internacional lo invitamos, además, a que encabece la indignación por las muertes de las personas periodistas y defensoras, como un gesto de solidaridad con ellas y con sus familias.

* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México @AIMexico.