El backslide democrático de México

Las democracias en general, y la nuestra no es la excepción, son cambiantes: evolucionan, en ocasiones para fortalecerse y consolidarse; en otras, para retroceder. Hace unos días, Varieties of Democracy (V-Dem) emitió los resultados de sus investigaciones sobre este fenómeno, identificando un serio proceso de desmantelamiento democrático apenas visible, que se manifiesta de manera sutil y que ocurre dentro de los marcos legales existentes. De manera preocupante, por primera vez en más de dos décadas, existe una tendencia que lleva al mundo, y especialmente a México, hacia la autocracia en detrimento de la democracia.

Este retroceso democrático se ha venido documentando no solo con el estudio de V-Dem, sino también en otros índices que miden el estado de la democracia año con año. Cada uno desarrolla una metodología distinta para hacer sus mediciones y arribar a un resultado; si bien algunas mediciones son análisis serios que se difunden globalmente, también es cierto que no existe una sola escala que sea perfecta en esa medición. La mejor medición tendría que reflejar el mantenimiento de la democracia entre la población, tanto como los factores políticos —como la debilidad o fortaleza de las instituciones democráticas—, económicos y, principalmente, la desigualdad que impide el funcionamiento democrático pleno.

Lo que es innegable es que México, en ambos estudios (V-Dem y The Economist), sale mal evaluado. En los últimos años pasamos de ser una “democracia defectuosa” a un “régimen híbrido”, en donde, a pesar de tener elecciones periódicas, el Estado de Derecho es débil, el acoso a periodistas y a la oposición es frecuente, y la independencia judicial está altamente cuestionada, si no es que se ha perdido del todo.

El eslabón más débil de nuestro país es la cultura política, lo que sugiere que, al ser construida sobre una base social frágil, se deslumbra fácilmente ante discursos populistas y polarizantes.

En conclusión, aunque seguimos teniendo elecciones, se mantiene prendida con alfileres la posibilidad de votar en condiciones medianamente de competencia democrática; los mecanismos de rendición de cuentas y los contrapesosque se suponen provienen de entes como el Poder Legislativo o el Judicial han sido desmantelados por la preeminencia del Ejecutivo, escenario mucho más parecido a un control hegemónico que el vivido durante el siglo pasado, bajo una nueva estructura de poder personalizada.

La situación imperante no surgió intempestivamente, sino que ha sido producto de decisiones —la mayoría legales— que han sido tomadas a lo largo del sexenio pasado y de lo que va del presente, así como de diversos factores que han propiciado esta debacle estructural, pero (casi) ninguno como el del fracaso del Estado frente a la violencia.

Otro de los reportes, el Índice de Transformación de Bertelsmann (BTI), clasifica a nuestro país como una “democracia altamente defectuosa”, en la que, a pesar de ciertas mejoras macroeconómicas y una reducción en la tasa de pobreza extrema (gracias, sobre todo, a transferencias directas bajo el esquema de programas sociales), la gobernanza se ha centralizado, se han militarizado la seguridad pública y otras áreas clave (aduanas e infraestructura), existe cada vez menos independencia institucional, y el Estado ha fracasado frente a la violencia que existe en el país. Esto ha llevado a que la calidad de las instituciones se haya deteriorado de manera significativa y a que México sea uno de los lugares más peligrosos para la participación política.

De acuerdo con Freedom in the World, somos una democracia “parcialmente libre”, con una puntuación de 58 sobre 100, con déficits en el Estado de Derecho, una impunidad al alza y corrupción sistémica. En América Latina, nuestra condición ha caído, de acuerdo con IDEA Internacional, en tres de los cuatro rubros que mide: participación, derechos y Estado de Derecho; estamos por debajo del tercio inferior. En la región, pasamos de ser un modelo de transición democrática exitosa a un caso de alerta sobre cómo la debilidad institucional puede ser explotada por liderazgos autoritarios para desmantelar el sistema democrático.

En síntesis, la democracia mexicana vive un proceso de retroceso (backsliding, como se le conoce en la literatura especializada), pues aunque la organización de los procesos electorales se ha mantenido, hasta ahora, en una constante de legitimidad, la violencia persistente, algunas decisiones tomadas desde el poder —como la desaparición o captura de los organismos constitucionales autónomos— han aumentado la arbitrariedad gubernamental y eliminado los frenos institucionales que protegen a la ciudadanía frente a posibles abusos estatales. Este actuar sistemático en diferentes áreas del Estado mexicano nos está llevando al estado de democracia defectuosa, antesala de la autocracia.