blogeditor · 28 de febrero de 2022
Estaba preparando una columna diferente para este lunes, cuando me llegó el texto de Michael Chamberlain titulado Fuerzas Armadas, corrupción y crímenes atroces: entre el principio de legalidad y la obediencia debida; dada la gravedad de su contenido, decidí discutirlo aquí de inmediato (aquí una entrevista al autor sobre el mismo escrito).
Analiza Chamberlain las implicaciones de las siguientes palabras de López Obrador, pronunciadas en la reciente celebración del Día del Ejército: “Las manchas que tiene (el Ejército) no son atribuibles a los mandos militares, sino a los gobiernos civiles. Porque no olvidemos que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Entonces, en el ’68, no fue Marcelino García Barragán, que era el secretario de la Defensa. Él actuó por órdenes del presidente, y así en todos los casos”.
En verdad cuesta trabajo dimensionar todos los ángulos escandalosos de esta afirmación. De entrada, Chamberlain le recuerda al presidente que no se puede argumentar la obediencia debida para eximir de responsabilidad a un militar que transgrede la ley cumpliendo la orden de un superior, “mucho menos cuando existen violaciones a derechos humanos”.
Nos regala el autor múltiples casos donde las autoridades castrenses han obedecido órdenes contrarias a la Constitución y a las leyes y pone el dedo en la llaga preguntándose qué es peor: que los militares violen la ley por cumplir órdenes o que enfrenten acusaciones internas por no obedecer esas órdenes ilegales.
Luego de relatos que incluyen experiencias personales de acceso a testimonios directos sobre conductas señaladas como ilegales a cargo de las Fuerzas Armadas, Chamberlain es contundente: “En todos estos casos de corrupción, o de crímenes atroces, ya sea por acción o por omisión, no dejan de ser responsables, es inaceptable en un estado de derecho, pero los militares aparecen como testigos mudos porque su naturaleza es obedecer, sean actos ilegales o no, antes que hacer valer (la) ley”.
Cierra su texto con una aguda conclusión: “entre más insistimos en cederles funciones que no les corresponden, con la misma intensidad los exponemos a esquemas de macro corrupción y de crímenes atroces”.
Volvamos a las palabras del presidente. Estoy seguro que nadie en el ámbito civil y acaso tampoco en el militar mismo imaginó alguna vez al jefe del Estado mexicano liberando de responsabilidad a las instituciones castrenses “en todos los casos”. Las manchas que tiene el Ejército no son atribuibles a los mandos militares, pero lo son solo a los gobiernos civiles en el imaginario de López Obrador.
Hace unos meses publicamos un texto explicando que el militarismo llega cuando la autoridad civil coloca las capacidades de las autoridades militares por encima de las civiles. Estas palabras del presidente van más allá y merecen quizá un concepto diferente porque exculpar de plano a los mandos militares no cabe en marco de referencia disponible alguno, propio de las relaciones cívico-militares en un Estado de derecho.
“Los militares no fracasan incluso cuando fracasan”, afirmé en medio de un conversatorio al que convocó el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana CDMX, sobre la creciente dependencia de los gobiernos civiles respecto a las instituciones militares para construir la gobernabilidad en América Latina.
Ahora el presidente nos manda este desolador mensaje; para él, los militares no violan la ley incluso cuando la violan.