México: la ilusión de un gran país para ser niña o niño

Un tercio de la población en México son niñas, niños y adolescentes, cerca de 40 millones.

Ellas y ellos no son proyectos de adulto, son seres humanos presentes y plenos, y por lo tanto son titulares de todos los derechos humanos. Las y los adultos somos garantes de esos derechos, es decir, tenemos el deber de asegurar que las niñas y niños tengan bienestar, logren desarrollar al máximo su potencial, y vivan libres de todo peligro.

Particularmente, el gobierno mexicano en todos sus órdenes y poderes tiene la obligación jurídica de realizar los esfuerzos que sean necesarios e invertir el máximo de los recursos disponibles, para garantizar los derechos de cada niña, niño y adolescente en el territorio mexicano; lograr que México sea un gran país para ellas y ellos.

Un México donde, desde que nacen y durante todas las etapas de su desarrollo, tengan acceso a bienes y servicios que favorezcan su salud, nutrición, aprendizaje, seguridad y una vivienda digna.

Un México donde los espacios públicos sean amigables y seguros para ellas y ellos, que puedan jugar, brincar, correr, convivir con otras niñas y niños, con la naturaleza, aprender y vivir la vida con libertad.

Un México donde los hogares sean espacios de ternura, donde sus mamás, papás, y otras personas de sus familias cuenten con todas las herramientas y posibilidades para proporcionarles una crianza y cuidado cariñoso y sensible.

Un México donde las comunidades sean entornos seguros, protectores, corresponsables hacia el bienestar de la niñez.

Un México donde políticos y personas funcionarias públicas, les escuchen con sensibilidad y empatía, y tomen en cuenta sus opiniones, necesidades y deseos para la toma de decisiones de la vida pública.

Un México que, cumpliendo con todas sus obligaciones jurídicas y éticas, ofrezca para la niñez una vida digna, libre, plena y democrática. Un gran país para las niñas y niños.

Lamentablemente, en nuestro México, ese gran país es hoy solamente una ilusión.

La realidad es que la mitad de niñas, niños y adolescentes (alrededor de 20 millones) viven en condiciones de pobreza 1 que les impiden acceder a garantías básicas como salud y nutrición, educación, vivienda digna; esas condiciones han obligado a más de 3.3 millones de niñas y niños a trabajar a corta edad, 2 a abandonar la escuela, y a enfrentarse a múltiples peligros para su dignidad, desarrollo, e incluso para su propia vida, porque esa pobreza incrementa también el riesgo de que más niñas y niños sean víctimas de reclutamiento forzado por el crimen organizado, y de trata y pornografía infantil. Delitos como tráfico de menores (448 casos), trata de menores (1,199 casos), corrupción de menores (9,116 casos), rapto y secuestro (1,769 casos) son aquellos a los que niñas, niños y adolescentes se ven más expuestos. 3

Estamos en un país que maltrata, y asesina a las niñas y niños. Al menos 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes reciben castigos corporales y humillantes en sus casas como una forma de crianza; en 2020 más de 11 mil ingresaron a hospitales debido a lesiones, la mayoría ocurridas en el hogar y provocadas por familiares; 4 más del 80% de las mujeres de 15 años y más sufrieron abuso sexual durante su niñez, la mayoría por parte de un familiar. 5 Tan solo el año pasado, mataron a 1,900,6 estamos en un país donde la violencia quita la vida, y con ella sus ilusiones, a 5 niñas y niños todos los días.

¿Y qué está haciendo México? No mucho.

Cuando aún era candidato a la Presidencia de la República (2018), López Obrador se comprometió con la agenda #MxporlaNiñez, 9 compromisos para avanzar en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, a 3 años de haber firmado ese compromiso, y pese a su obligación jurídica y responsabilidad ética, lo que se observa es que la niñez no es prioridad en la agenda gubernamental.

Ninguno de los proyectos prioritarios de esta administración apuesta por la protección de la niñez, aún cuando son un tercio de la población mexicana. Hoy, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) se ha quedado sin titular, lo que dificulta alcanzar los diálogos, acuerdos y acciones que son más que urgentes para proteger a la niñez ante la situación de crisis que enfrentamos. También, en los últimos años, el presupuesto público total para la niñez ha tenido un decremento anual del orden del 3.5% en promedio, al pasar de 797,722 millones de pesos en el año 2018 a 791,684 millones de pesos en el PEF 2021.7

En el contexto electoral de este año se puede observar algo similar, las niñas y niños no son prioridad en las agendas de las y los candidatos a puestos de elección popular. No hay propuestas dirigidas a atender el conjunto de problemas que enfrenta la niñez, ellas y ellos no votan, por eso nadie les dirige mensajes, nadie les hace promesas. Eso sí, con frecuencia se les utiliza vagamente en los discursos para llegar a la sensibilidad de quienes sí emiten votos, sus padres y madres.

En pro de la esperanza, vamos a reconocer que no todo es obscuridad. En los últimos años también se han logrado algunos avances significativos, producto de algunas voluntades políticas, y una enorme lucha y demanda social y ciudadana. En la legislación se prohibió el matrimonio infantil, se prohibió el castigo corporal y humillante contra la niñez, incrementaron los estándares de protección a la niñez migrante, refugiada y solicitante de asilo. También aumentó el presupuesto público para algunos temas clave como registro civil, atención a niñez refugiada, estrategias para primera infancia; se ha capacitado a cientos de funcionarios públicos a nivel federal y local para que tengan conocimientos y herramientas de actuación apegadas a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia.

Desafortunadamente ante las crudas realidades que viven las niñas y niños, y que se exacerban ante la crisis por la pandemia de COVID-19, lo anterior sigue quedando muy lejos de ser suficiente para lograr el país al que las niñas y niños tienen derecho.

Necesitamos con urgencia un Estado que gobierne con y para las niñas y niños. Eso significa líderes políticos y funcionarios públicos de todos los niveles y poderes, que les miren, escuchen, comprendan, y desde ahí, desde la empatía, la solidaridad, y la responsabilidad ética y jurídica, tomen decisiones y trabajen para garantizarles todos sus derechos.

Necesitamos también ser una ciudadanía mucho más activa y responsable, que haga de lado la polarización social provocada por políticos y se una en una voz fuerte de exigencia al Estado mexicano, para que garantice una estructura institucional, políticas y presupuestos públicos sólidos, que prioricen la atención de los enormes problemas que afectan a la niñez.

También como seres humanos, en nuestra individualidad y en la colectividad, tenemos que transformarnos, ser más conscientes y erradicar esas prácticas y relaciones que en el día a día violentan y dañan a las niñas y niños. Debemos verles y tratarles como lo que son, seres humanos, con sabiduría innata, con una gran imaginación y alegría que nos motivan a tener las mejores aspiraciones. Las y los adultos, en cualquiera que sea nuestro papel no estamos para enseñar a las niñas y niños, sino para aprender junto con ellas y ellos. Con su compañía, sus ideas, sus opiniones, construyamos hogares, escuelas, comunidades y un país que no se quede en la ilusión, que transcienda a la realidad de poder decir y ver que MÉXICO ES UN GRAN PAÍS PARA SER NIÑA Y NIÑO.

* Nancy Ramírez es Directora Nacional de Incidencia Política en Save the Children en México. Representante de la sociedad civil en el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Internacionalista por la UNAM y Maestra en Políticas Públicas por FLACSO. Cuenta con amplia experiencia de incidencia en legislación, políticas y presupuesto en temas de niñez. Save the Children (@SaveChildrenMx) es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

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1 CONEVAL, et. al., Informe de la Pobreza Multidimensional 2008-2018, 2020.

2 INEGI, Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019 (ENTI 2019).

3 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

4 Secretaría de Salud.

5 INEGI, ENDIREH-2016.

6 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

7 Análisis propio con base en los Presupuestos de Egresos de la Federación 2018, 2019, 2020 y 2021.