“México” entre comillas: el país de la simulación

La corrupción tiene muchas caras, desde la eventual mordida hasta las más establecidas formas del conflicto de interés. Pero más allá de la vulgaridad o la sofisticación empleada para corromper, hay en todos los casos un denominador común: la simulación. De hecho, quizá podría afirmarse que de la habilidad para simular depende qué tan vulgar o qué tan sofisticado es el modo de corromper.

En la vida institucional del país la simulación es parte del sistema, forma parte del know how de las organizaciones y, aunque todo el mundo sabe que es por lo menos incorrecto, participa porque no hay forma de evitarlo so pena de resultar disfuncional.

Al observar el quehacer institucional resulta evidente el modo en el que la simulación constituye el principal recurso para aparentar que se cumple con objetivos que evidentemente no se consiguen, ya sea por incapacidad o por decisión. Paradójicamente, la simulación ha crecido de forma directamente proporcional a los controles de transparencia y rendición de cuentas: mientras más controles se exigen, mayor la simulación. Un ejemplo puede aclarar lo que refiero: se trata de las licitaciones, que son procedimientos encaminados a evitar los conflictos de interés en la medida en la que someten a concurso contratos para la realización de actividades que el Estado solicita a empresas particulares.

Para comenzar, hay un doble estándar que permite la existencia de licitaciones cerradas, limitadas a tres competidores y licitaciones abiertas donde el número de quienes compiten no tiene límite. Que se recurra a una u otra depende usualmente del monto del contrato, pero en ambos casos supone una convocatoria para que las empresas que realizan los servicios convocados acudan, presenten sus propuestas y, bajo las reglas de un concurso, ganen o pierdan los contratos de modo que se cumpla el objetivo de que el contrato quede en manos de quien ofrece el mejor servicio, el de más calidad al menor costo.

[contextly_sidebar id=”ZlDR36FkVdjt0QtgW6P9jS76sZUgdKTK”]El sistema es sencillo y podría ser eficiente y suficiente para garantizar la transparencia en la asignación de contratos excepto porque, junto a ese procedimiento corre otro, informal e ilegal, que es el que verdaderamente determina a quien se asignará la encomienda, haciendo que el primero, el formal y legal, quede limitado a una forma de simulación: el ejemplo más claro es el de las licitaciones cerradas, donde la invitación recae en aquella empresa a la que de antemano se quería contratar. En principio se la invita de manera informal a presentar un presupuesto que ajuste con el monto que permite la licitación cerrada. Con la invitación, es común acompañar la solicitud para que esa empresa invite a otras dos con las que, de antemano, acuerda los montos presupuestales y las características de los servicios de manera tal que, en efecto, las invita a concursar, pero para perder el contrato, o mejor dicho, para hacer ganar a la invitada principal que, habiendo acordado montos y servicios previamente con sus “competidoras”, está en posibilidades de presentar, de antemano, la mejor propuesta y en consecuencia “ganar” el contrato.

Este procedimiento es tan recurrido que ha fomentado la aparición de “sociedades anónimas” en el sentido literal del concepto, formadas por un grupo de empresas que desarrollan el mismo giro de actividades que se turnan el acceso a los contratos mediante acuerdos tácitos, de modo que si en una licitación decidieron de acuerdo con la empresa A perder de antemano el contrato para que ésta lo ganara, en la siguiente, la empresa A deberá estar dispuesta a perder para hacer ganar ahora a otra empresa de las que forman la sociedad.

Gracias a este procedimiento informal y a su institucionalización, la licitación se convierte en la “licitación” que, así entre comillas, simula un concurso que en realidad nunca se tuvo la intención de realizar.

Procedimientos como éste se presentan en todos los ámbitos: cuando se “concursa” una plaza perfilada de antemano para su ganador, cuando se “aprueba” un examen de pre o postgrado, cuando se “inaugura” una obra que no ha sido terminada o lo ha sido en mal estado, cuando se “transparentan” procedimientos que no se llevan a cabo, cuando se “informan” actividades que nunca se realizaron, cuando se “autoriza” una licencia de funcionamiento a un comercio o se “otorga” una licencia para realizar una construcción. Si de algún modo los procedimientos informales e ilegales emergieran de pronto, todos al mismo tiempo, buena parte del quehacer institucional mexicano quedaría puesto así: entre comillas. Así es como la simulación se torna sistémica, porque para quienes se benefician de ella resulta, como he dicho antes, absolutamente funcional. Pero el resultado es que poco a poco el país se ha convertido en un lugar de “ciudadanos”, “licenciados”, “maestros”, “doctores”, “servidores públicos”, “políticos”, “ganadores”, “empresarios” y una larga lista de entrecomillados que, al optar por la simulación, están convirtiendo a México en “México”, un país entre comillas.

@LGlzPlacencia