México en lo oscurito

Hay un país donde el Secretario de la Defensa se apellida Cienfuegos; la tapadera del PRI, Escudero; y el siempre aspirante a líder de la oposición, Cordero. Ellos sintetizan los secretos mejor guardados de la nación sobre pobreza, justicia y corrupción.

El secreto que guarda Ernesto Cordero es cómo pueden hacer las familias mexicanas para vivir con $6,000 al mes. El secreto del General Cienfuegos es por qué impidió que el GIEI investigara si hubo o no participación del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y el secreto de Pablo Escudero es por qué quieren mantener restringida la información sobre los bienes de la clase política al frenar la #Ley3de3.

Esta iniciativa ciudadana lleva siete años en el intento, más de 600,000 firmas recabadas y todavía se ve difícil sacar a la luz lo que muchos funcionarios públicos hacen en lo oscurito.

Esta historia empezó en 2009, cuando el voto nulo alcanzó el 5.4% y la presión ciudadana creció demandando una reforma política que diera voz a los ciudadanos en las decisiones políticas. El entonces presidente, Felipe Calderón, presentó una propuesta de reforma constitucional que incluía –entre otras cosas- la figura de “iniciativa ciudadana”. El detalle fue que la iniciativa no contemplaba obligación alguna para los legisladores de estudiarlas, discutirlas y votarlas, por lo que se podían quedar eternamente en la congeladora.

La reforma se aprobó hasta 2012 y puso como requisito que las iniciativas ciudadanas sean presentadas por el .13% de los ciudadanos en la lista nominal de electores. El requisito parecía incumplible, un candado de simulación para que los ciudadanos no pudieran hacer valer su nuevo derecho y los partidos políticos mantuvieran el monopolio de dictar las leyes.

Fue hasta 2014 que se aprobaron las leyes reglamentarias de la reforma política que regulaban la forma en que el INE validaría las firmas que se necesitan para presentar iniciativas ciudadanas. En 2015 ocurrió lo que nunca creyeron que pasara, la sociedad civil logró superar sus candados y en medio de todos los escándalos de corrupción, se articuló la primera iniciativa: La ley 3 de 3.

La propuesta consiste en que todos los funcionarios públicos presenten y hagan públicas sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses. Muchas organizaciones civiles impulsaron esta iniciativa y lograron juntar más del número de firmas que se exige en la Constitución.

En el discurso público todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo, pero cuando llegó la hora de votar, empezaron los pretextos: El PRI y el PVEM presentaron una contrapropuesta defendida arduamente por el senador Pablo Escudero, en la que se obliga a los funcionarios a presentar sus declaraciones pero no se establece la obligación de hacer pública la declaración patrimonial. El resto de los partidos se dijeron indignados por la propuesta del PRI- PVEM, pero no han hecho mucho por remediar la situación. De hecho la gran mayoría de los senadores no han hecho sus declaraciones públicas de manera voluntaria, incluidos el senador – y ex secretario de Hacienda- Ernesto Cordero, y el Presidente de la Comisión Anticorrupción en el Senado, Pablo Escudero.

Una cosa es cierta: El PRI y el PVEM no tienen la mayoría en el senado. El resto de los partidos podrían ponerse de acuerdo y mayoritearlos. Hasta el momento, su dedo ha servido para señalar al PRI y al Verde, pero no para votar a favor de la iniciativa.

Parece que todos los partidos siguen manteniendo el mismo acuerdo: seguir dejando lo oscuro en lo oscurito. Veremos…

@PAOLASAEB