México en la era de la violencia casual

El final de febrero y el principio de marzo de 2022 han sido un periodo doloroso para nuestro país. La ejecución y desaparición de los cuerpos de, al menos, 17 personas en San José de Gracia, Michoacán, la agresión de la barra del equipo Gallos Blancos de Querétaro y la criminalización de las protestas feministas por parte del presidente previo al 8 de marzo conmocionaron al país. La segunda mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador parece mostrar que la promesa de un cambio en el modelo de seguridad pública e impartición de justicia para alcanzar paz y estabilidad sin violencia será incumplida.

Los acontecimientos muestran una realidad que cada vez es más asfixiante: somos presas de un proceso de violencia que solo parece agudizarse. Más que ofrecer una garantía de atención a las víctimas y de transformar las estructuras sociales y económicas que sostienen este proceso, las respuestas y las acciones de los tres órdenes de gobierno reflejan un total desinterés. La situación de inseguridad y violencia que se vive en todas las entidades del país es producto del abandono de las instituciones de impartición de justicia tanto a los intereses partidistas como a los intereses criminales.

Analizar y reflexionar sobre los tres acontecimientos que mencioné nos permitirá comprender mejor en dónde estamos parados como país, como sociedad y como gobierno. Para ello, es importante dedicar un momento a nuestra idea y nuestra experiencia sobre la violencia, comprender bien a qué nos referimos cuando consideramos a algún hecho, persona o situación como violenta. En segundo lugar, es importante definir con claridad la relación entre la política y la violencia, así como su lugar en nuestra sociedad y, por último, el papel del Estado en esa relación.

La violencia es uno de los fenómenos sociales más complejos y cuenta con infinidad de perspectivas desde dónde analizarse. Esta reflexión lo hace desde una perspectiva politológica, por lo que las cuestiones psicológicas o de índole individual no son objeto; no se trata de pensar el papel de la violencia en una persona, sino en la sociedad en su conjunto. Para hacerlo, los acontecimientos de estos días nos ofrecen, lamentablemente, suficientes recursos para poder perfilar este tema.

Cada uno de los hechos refleja los aspectos sociales de la violencia. Esta funciona principalmente como un medio y no como un fin; son cometidos en espacios públicos y, mediante el acto violento, transmiten un mensaje de miedo hacia las personas y las comunidades donde ocurren y hacia la sociedad en su conjunto. No solo es el mensaje de indefensión o de inacción por parte de las autoridades, es también que las relaciones sociales estarán inevitablemente mediadas por la violencia, la agresión y el perjuicio físico, emocional o social hacia quienes difieran con nosotros.

Cuando un cártel del narcotráfico asesina gente en plena calle, desaparece los cuerpos y limpia la evidencia, muestra su capacidad para borrar la existencia de la gente impunemente. Que una barra de aficionados de futbol pueda detener un partido y, en colaboración con el personal de seguridad, atacar a discreción a los aficionados del equipo rival solo demuestra que ninguna diferencia, por inofensiva que parezca, puede coexistir sin violencia. Cuando el presidente criminaliza desde su tribuna a las colectivas feministas, refleja que la amenaza de violencia estatal es la respuesta a la crítica y la oposición.

Esto nos lleva a la relación entre violencia y política que subyace a los tres acontecimientos. Una de las principales cualidades de la política es construir los espacios comunes que cohabitamos las personas, establece las normas de convivencia, los valores que rigen nuestras relaciones, así como las expectativas y los límites de la comunidad. Cuando la violencia se convierte en el medio distintivo para relacionarse en comunidad se pone en peligro la política, porque se convierte en el único recurso para la resolución de conflictos y diferencias entre sus integrantes.

La violencia es un medio de coerción y de dominación que sostiene relaciones asimétricas. Su presencia ha definido el pensamiento político moderno desde Maquiavelo y desde Hobbes, quienes reconocían que el ejercicio del poder implicaba un grado mayor o menor de violencia. En contraposición a ellos, Hannah Arendt consideraba que poder y violencia eran conceptos antitéticos, donde estaba uno no podía estar el otro, pues el poder se sustentaba en el consenso y la violencia en una acción unidireccional, destructora.

Entre ambas posturas sobre la relación entre poder y violencia y su lugar en la política, está la lectura clásica de Max Weber quien, al retomar la afirmación de Trotsky de que todo Estado está fundado en la violencia, lo definió como aquel que en un territorio determinado monopoliza con éxito el ejercicio de la violencia legítima. De su definición se deriva la interpretación del Estado como administrador de la violencia en una comunidad política. Las principales expresiones de esta capacidad son los cuerpos de seguridad como la policía o el ejército.

Si seguimos esta lectura, cabe preguntarse cómo administra el Estado mexicano la violencia que vivimos. Por un lado, los tres órdenes de gobierno se muestran rebasados para erradicar o contener la violencia que vivimos cotidianamente, no solo del crimen organizado sino la que se vive en el transporte público, en la convivencia entre vecinos, o la que viven las mujeres día a día en todos sus espacios. Por el otro lado, cabe cuestionar la utilidad de mantener a la sociedad en este proceso de violencia, por qué perpetuar la violencia como medio de nuestras relaciones sociales.

Cada caso muestra las distintas maneras de administrar la violencia en nuestro país. La ausencia de las fuerzas de seguridad permite que los cárteles actúen impunemente contra la población para despojarla de sus tierras y sus pueblos; la violencia en los estadios expone la incapacidad del Estado de promover una convivencia no violenta en actividades recreativas; la criminalización y estigmatización de las colectivas feministas legitima la agresión y la represión por parte del Estado. Mientras el Estado administre la violencia para inhibir la convivencia y la comunidad, no será posible la política.