México desangrado: seguridad premoderna

En palabras de Alejandro Hope, “podríamos tener en 2017 la tasa de homicidios más elevada desde mediados de los años sesenta”. El primer trimestre de este año, comparado con el mismo periodo de 2016, registró 34 % más homicidios intencionales. “A este ritmo el número de homicidios se duplicaría en dos años y cinco meses”, según Hope. En Baja California Sur, comparando el mismo lapso, el crecimiento equivale a 900%. “De 32 entidades federativas, 25 registraron incrementos de homicidios, en casi todo el país el aumento fue de dos dígitos”, siempre según la misma fuente.

La violencia homicida y las múltiples violencias no letales están fuera de control en buena parte del país, y lo están porque no hay quien construya la medicina adecuada para un paciente cada vez más enfermo. Esta es la historia de un paciente que empeora y un panel de médicos que no está dispuesto a cambiar la medicina, no importa cuánto se deteriore la condición del convaleciente. El paciente es México, el panel de médicos es el Consejo Nacional de Seguridad Pública, reunido más de 40 veces por dos décadas.

El presidente Peña se comprometió a reducir los homicidios al iniciar su administración. En efecto, hubo una reducción marginal durante dos años, para luego regresar el país al incremento, ahora desbordado y sin posibilidad de prever hasta dónde llegará la matanza.

Pregunté a una investigadora cómo se curaba a los enfermos en la medicina premoderna. El principal procedimiento era desangrar al enfermo, esperando la cura, me dijo; a veces el paciente sanaba, a veces empeoraba y a veces seguía igual. En cualquier caso, no había manera de saber por qué, a ciencia cierta.

El ejemplo es revelador para entender en dónde estamos; México vive en una condición premoderna en lo que a políticas de seguridad se refiere. Las violencias en nuestro país, en un lugar o en otro, suben, bajan, se transforman, se diversifican, se agudizan o se contienen sin que las autoridades sepan explicar qué pasa, con marcos teóricos y metodológicos válidos. Es un Estado ciego ante la violencia porque no se cumple el más básico de los fundamentos de una política pública, esto es, que la autoridad muestre que es competente para explicar las causas del problema identificado y los efectos que una política pública busca lograr o logra, justamente para resolverlo.

México desangrado, como aquel paciente; México sin ninguna evidencia convincente de que las políticas de seguridad reducen la violencia.

Salvo contadas y efímeras excepciones, las autoridades en México se niegan a invertir en la construcción de políticas de seguridad integrales, mulitidimensionales, equilibradas entre la prevención y el control y soportadas en la participación social.

La propuesta de Ley de Seguridad Interior es la más avanzada expresión de la premodernidad en las políticas de seguridad. Es la dosis incrementada de la misma medicina que se viene usando hace décadas, independientemente de que el paciente no mejore. La medicina está caduca y hay evidencias de que su uso es incluso contraproducente. Más fuerza, más intervención armada, más despliegue policial y militar, con todos los costos asociados en Derechos Humanos, sin medidas de reconstrucción de las instituciones y del tejido social.

Más bomberos sin atacar las causas del fuego. El sinsentido.

Hablamos de una propuesta de ley de seguridad interior que, “de aprobarse en los términos propuestos, tendremos aún mayores dificultades para conocer y evaluar el uso de la fuerza pública”, según anotan Silva Forné, Pérez Correa y Gutiérrez Rivas en texto apenas publicado (http://seguridad.nexos.com.mx/?p=116).

La propuesta de mando mixto, como la de mando único, no toca el fondo del problema porque no apunta hacia la reconstrucción de la policía y de su relación son la sociedad; quieren reorganizar el mando cuando lo que se necesita es reformar la institución en un contexto de control democrático y rendición de cuentas. Mandos reorganizados con mismas prácticas es la receta para la continuación de la fractura en la relación entre la policía y la sociedad. Y así como no llega la reconstrucción policial, tampoco está en la agenda la reconstrucción del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y sin una ni otra jamás llegará la refundación policial.

Tenemos que profundizar y elevar la crítica; por más que nos guste culpar a la policía de todo, tenemos que dirigir la crítica, antes que nada, hacia los primeros responsables de todo esto. La militarización de la seguridad pública y de la procuración de justicia es hija de algo que va mucho más allá de la policía y que se llama desgobierno político de la seguridad y que se refiere a la probada incompetencia de las autoridades electas para activar políticas públicas de seguridad integrales, equilibradas entre la prevención y el control y soportadas en la participación social.

¿La contención de la violencia extrema requiere de la intervención militar? Todo indica que sí. Por excepción. Nadie lo ha negado. El problema es que los últimos cuatro presidentes de México prometieron que sería eso, una excepción, y hoy están desplegados de manera permanente más 50 mil miembros de las fuerzas armadas en lo que ellos llaman tareas de reducción de la violencia.

Lo que se juega en este país desangrado y con políticas premodernas de seguridad es si algún día volveremos a la tendencia decreciente de violencia, anterior a la guerra declarada por el presidente Calderón, o si, para infortunio de todos, pasaremos del nivel de violencia endémica para llegar a las tasas de homicidios intencionales propias de países en conflicto, según define la Organización Mundial de la Salud.

 

@ErnestoLPV