México: democracia sin derechos

En tiempos electorales, el discurso de partidos políticos y gobernantes dibuja nuestra “democracia” como un régimen vigoroso y con instituciones sólidas y comprometidas con las personas. Pero nos mienten, México es el caso de estudio de un país que gobierna teniendo elecciones periódicas y “pluralidad partidista” que “se opone” entre sí, pero que está vaciado de contenido sustantivo: sin libertad de prensa, con tortura generalizada, desapariciones de estudiantes (y miles de personas más), masacres de personas y comunidades a mano de (o al menos con colaboración u omisión) fuerzas de seguridad pública o del ejército, represión de la protesta social, violaciones a la privacidad por la vigilancia masiva sin control, con desigualdad y pobreza, instituciones dependientes y parciales al poder, un gobierno elitista (casi de clases), vertical y antidemocrático. Por momentos parecemos una oligarquía, pero quiero elaborar otra idea: que somos una democracia sin derechos.[1] Vamos por partes.

El último informe sobre libertad de prensa de Freedom House sitúa a México como un país “no libre”, con su peor posición en muchos años, en el lugar 139 de 199 países del mundo.[2] Más que una sorpresa, esto hace justicia a lo denunciado en los últimos años por organizaciones como Artículo 19 o Periodistas de a Pie: el asesinato, represión, persecución y agresiones a periodistas y medios de comunicación (la mayoría realizada por funcionarios públicos) eliminan esta libertad. Sin libertad de prensa no hay libertad de expresión.

Juan Méndez, relator especial para la tortura de la ONU, denunció la tortura generalizada que existe en México. Frente a uno de los crímenes más graves (considerado crimen de lesa humanidad cuando se realiza de esta forma), la reacción del Estado fue un berrinche diplomático vergonzoso que minimizó la denuncia y declaró que no volverían a invitarlo por el resultado de sus investigaciones. Para el Estado, la observación internacional de expertos en materia de derechos humanos es bien recibida sólo si sirve a los fines de la presidencia o puede capitalizarse electoralmente.

Los casos de Ayotzinapa, a siete meses de la desaparición de 43 estudiantes, prácticamente cerrada en contra de las recomendaciones internacionales; Tlatlaya, con indicios claros de la participación de militares en los crímenes, y Apatzingán, con la actuación directa de la policía federal –y donde la mejor investigación fue periodística y no de las autoridades-, son sólo ejemplos de la impunidad generalizada, la falta de verdad y justicia, y la incapacidad del Estado o, peor aun, su colaboración en los hechos.

En el DF la regla general en las manifestaciones públicas es: detenciones arbitrarias, agresiones a periodistas y abuso de autoridad (todo documentado y denunciado por distintos organismos de derechos humanos). La represión de la protesta se extiende a Puebla, Veracruz, Quintana Roo y a muchos estados más, donde defenderse de los abusos y exigir derechos es razón suficiente para un levantón, para ser torturado o para terminar en la cárcel durante años.[3]

La vigilancia masiva y la invasión a la privacidad (derecho elemental para cualquier democracia moderna) se consolidó con la reforma a la legislación de telecomunicaciones y, bajo un discurso sesgado de la seguridad, permite a las autoridades la violación indiscriminada y discrecional de nuestros derechos. No tenemos control alguno del uso que dan a esa información ni sabemos quién la utiliza (pudiendo llegar incluso a grupos del crimen organizado).

[contextly_sidebar id=”RbJhAYbiV0xWNgI3lWG5FgX7JSkvXt4G”]Cerca de la mitad de los habitantes del país viven en condiciones de pobreza y sufren una profunda desigualdad de distintos tipos. No sólo se trata de la desigualdad económica, sino de la de clase social, raza, género, etc. Sobran casos de discriminación y estigmatización por el color de la piel, el trabajo que desempeñas o el ingreso, el origen indígena, el hecho de ser mujer o tu identidad sexual. Todo esto genera exclusión social y rechazo; la desigualdad social es obstáculo para tener una vida digna (por cierto, otro derecho indispensable en democracia). No alcanza refugiarnos en casos como el de Slim, Azcárraga y otros cuantos más, que nos dicen que somos un país de punta donde cualquiera puede ser millonario (siempre que se tenga poder, relaciones o buena cuna).

El poder desbalanceado en el presidencialismo (otra deuda pendiente de nuestra democracia) rompe la imparcialidad e independencia de una institución tan importante como la Suprema Corte. El lamentable caso de Eduardo Medina Mora muestra sus primeros resultados con la constitucionalidad del arraigo (pero hay mucho más). Su tristísimo desempeño como ministro es lo de menos al saber que sólo es la cara del derrumbamiento de una institución indispensable para el equilibrio de poderes (condición necesaria de cualquier democracia), y que Peña aún nombrará dos ministros más. Del Congreso hay poco qué decir, casa de la deliberación simulada y opaca, y sede de la “oposición” pragmática divorciada de la representatividad. Podríamos sumar más instituciones, pero por ahorro de espacio se lo dejo a ustedes.

Gobierno de élites y de clases, tanto por el derroche de dinero en sus actos, viajes y presentaciones (¿puestas en escena?) como por la ruptura profunda con la representación que deberían tener. Pragmatismo puro, se pacta con quien sea y por lo que sea, siempre que pueda sacarse beneficio político de ello. Los partidos son todos impresentables,[4] por momentos unos peores, como el Partido Verde y su burla a las instituciones electorales. La cereza del pastel es el intento de la reforma política del DF, donde de manera increíble se intenta transformar un acto de soberanía popular en la designación directa de casi la mitad de una asamblea constituyente por los partidos políticos, el presidente y el jefe de gobierno. ¡Impresentable! Tratan de sustituir el principio elemental de “una cabeza un voto” por el control de la élite política en turno (¿lo de oligarquía les parecía exagerado?).

Es muy difícil encontrar argumentos para votar en estas elecciones. Votar es en parte legitimar a un sistema que seguirá caminando el rumbo de nuestra crisis política y humanitaria, y hay que hacernos cargo de que los gobernantes seguirán escudándose en los votos para negar la realidad y gobernar como lo hacen. La representatividad está rota, no tenemos controles sobre ellos y no les interesa cambiarlo.

No votar tiene sentido como una consigna de protesta: “¡En mi nombre NO!”, pero no sirve como acto aislado. Sin organización y participación de otro tipo se vacía hacia el individualismo que en parte nos ha traído hasta aquí. Claro que distintos partidos podrán beneficiarse del abstencionismo o del voto nulo según el caso y las circunstancias, y también es cierto que mientras construyamos otras formas de acción “alguien tiene que gobernar”, pero ante la realidad del sistema para muchos esto no es razón suficiente para entregarles nuestro consentimiento en las urnas. La construcción de la democracia no sólo se hace desde adentro, aunque el camino desde fuera sea muchas veces más turbio y accidentado.

 

@VladimirChorny1

 

[1] Sobre la ironía, un régimen sin derechos no es, en mi opinión, una democracia.

[2] Sólo 5 países en América están en la categoría de “no libres”: México, Honduras, Venezuela, Ecuador y Cuba. En este ranking México aparece peor situado que países como Guatemala, Liberia o Togo.

[3] Para información detallada al respecto ver el informe: “Derechos Humanos y Protesta Social en México”, del Frente por la libertad de expresión y la protesta social en México presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2014. Disponible aquí.

[4] Matiz necesario, existen notables excepciones individuales cuya lucha es legítima y valiosa. Sin embargo, insuficiente y casi siempre devorada por el aparato institucional.