Cuando vivir duele: por qué México debe hablar del derecho a morir dignamente

En México, hablar de muerte es difícil; hablar de muerte digna, todavía más. Sin embargo, para miles de personas que viven con enfermedades crónicas avanzadas (insuficiencia renal, esclerosis lateral amiotrófica, cáncer metastásico, insuficiencia cardíaca, enfermedades neurodegenerativas, dolor crónico refractario o combinaciones complejas de éstas), la discusión no es abstracta: es parte de su día a día.

Son personas que experimentan pérdidas profundas de autonomía, dolor difícil de controlar y una dependencia completa o parcial de terceros; muchas de ellas llegan al final de la vida sin acceso real a cuidados paliativos integrales. Para ellas, la pregunta no es solamente cómo vivir, sino cómo no sufrir mientras la muerte se acerca.

Varios países han decidido enfrentar este dilema con políticas públicas claras. Colombia, por ejemplo, ha desarrollado desde hace años un marco de eutanasia y muerte médicamente asistida, con comités interdisciplinarios, evaluaciones estrictas y supervisión estatal. Más recientemente, Uruguay aprobó por ley la eutanasia, sumándose a países como Ecuador, Canadá, algunos estados de Estados Unidos, Suiza, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, España y Austria, los que también han regulado estas prácticas, demostrando que es posible equilibrar autonomía, acompañamiento y salvaguardas éticas.

Estas experiencias muestran algo fundamental: cuando se regula, el proceso no se vuelve caótico ni deshumanizado; por el contrario, se vuelve más transparente, más acompañado y más respetuoso de la voluntad de las personas. Además, en la mayoría de los casos, la implementación de estas leyes ha ido de la mano con el fortalecimiento de los cuidados paliativos, no con su abandono.

En México, la conversación comienza a abrirse. Recientemente se han presentado iniciativas de ley en el Senado relacionadas con la muerte digna, impulsadas por personas con enfermedades crónicas, organizaciones civiles y legisladores que reconocen la necesidad de un marco más humano para el final de la vida. Entre ellas destaca la propuesta llamada “Ley Trasciende”, impulsada por Samara Martínez, mujer diagnosticada con enfermedad renal crónica y lupus, quien aboga por el reconocimiento del derecho que tiene toda persona a elegir de forma libre y consciente su manera de morir, dignificando su existencia hasta el último respiro. Aunque estas iniciativas aún no se discuten plenamente, marcan un punto de partida y evidencian que la sociedad está lista para hablar de autonomía, dignidad y acompañamiento.

A pesar de que en nuestro país existe una regulación vigente, ésta se limita a la voluntad anticipada, que establece el derecho de las personas que se encuentren en fase terminal a decidir si desean ser sometidas o no a medios, tratamientos o procedimientos que prolonguen su vida, protegiendo la dignidad de la persona. Sin embargo, se prohíbe cualquier intervención que acorte la vida, por lo cual la discusión ética permanece incompleta, ya que persisten fuertes influencias sociales, religiosas y culturales que dificultan un análisis objetivo, dejando que miles de personas con enfermedades crónicas continúen afrontando sufrimiento evitable, así como la desigualdad y la insuficiencia de cuidados paliativos centrados en la persona. 1

El derecho a una muerte digna es reafirmar el derecho a la vida. Es aceptar que no todos viven, enferman o mueren en las mismas condiciones; la falta de acceso a atención especializada, los costos catastróficos de las enfermedades crónicas, la saturación de los servicios de salud y la ausencia de apoyos familiares o comunitarios generan que personas enfrenten el final de sus vidas con mayor sufrimiento del que sería éticamente aceptable.

Ante este panorama, ¿podemos seguir sosteniendo una política pública que exige a las personas resistir dolores que el propio Estado no tiene capacidad de aliviar? El suicidio médicamente asistido (como ocurre en otros países) no sería una alternativa fácil ni rápida: sería un recurso regulado con protocolos estrictos, evaluaciones médicas independientes y garantías de protección para la persona y su entorno. Por lo que no sustituye los cuidados paliativos, los complementa.

No todas las personas optarían por esta opción, pero todas deberían tener acceso a un sistema que respete su autonomía, su historia, su manera de entender la vida y su derecho a decidir.

Regular la muerte médicamente asistida no significa promover la muerte, sino reconocer que el sufrimiento extremo existe y que ignorarlo también es una forma de violencia institucional. Fingir que los cuidados paliativos bastan, cuando en realidad son insuficientes y desiguales, es fallarle a quienes más necesitan del Estado en el tramo final de la vida.

Si otros países han logrado avanzar con modelos éticos, cuidadosos y transparentes, México también puede hacerlo. La pregunta ya no es si debemos hablar del tema, sino por qué hemos tardado tanto en hacerlo.

* Angélica Sevilla Rodríguez, Diana Valeria Robles Martínez y Ana Gabriela Rodríguez Bernal son pasantes de servicio social de la Licenciatura en Médico Cirujano en el Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud (CIPPS) de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM. Fernanda De Blas López es licenciada en Fisioterapia, especializada en Fisioterapia Neurológica; es maestra y doctora en Ciencias por la UNAM, en el Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, campo disciplinario en Bioética; es jefa del Departamento de Gestión Académica del CIPPS de la FM.

 

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1 Sentíes Castellá, Héctor. “El suicidio asistido. Una controversia ética, médica y social”. Mente y Cultura 5, núm. 1 (2024). Disponible aquí.