¿Está México preparado para enfrentar la crisis de desapariciones?

Los hallazgos en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, han vuelto a visibilizar la crisis de desaparición de personas en México, por lo que como país debemos aprovechar este momento para analizar si las políticas que actualmente tenemos para la búsqueda de desaparecidos, la identificación de los cuerpos hallados en fosas clandestinas y las medidas de atención a las víctimas indirectas son las adecuadas.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, poco más de 116 mil personas se encuentran como desaparecidas y sí sumamos a las no localizadas, la cifra se incremente a poco más de 126 mil personas. En contraparte, Quinto Elemento Lab identificó a finales de 2024 que en las morgues del país se encuentran más de 72 mil personas fallecidas sin identificar y se han encontrado en el país más de 5,600 fosas clandestinas que, de acuerdo con la Plataforma Ciudadana de Fosas, en ellas se encontraron más de 16 mil cuerpos completos y más de 103 mil restos óseos.

Por ende, si hay 126 mil personas desaparecidas y por el otro lado 72 mil personas sin identificar en las morgues, una primera y lógica ruta de trabajo es cruzar datos, ya que es probable que una cantidad importante de esos cadáveres en las morgues correspondan a personas que han sido reportadas como desaparecidas, de forma que bastaría con verificar si el ADN de los primeros empata con alguna de las muestras recolectadas a familiares de los segundos.

Sin embargo, cuando se trata de llevar a cabo lo anterior, la lógica choca con la burocracia, con la falta de capacidades institucionales y con el olvido presupuestal. Por ejemplo, este año la Comisión Nacional de Búsqueda, instancia encargada de coordinar los esfuerzos para encontrar a las personas desaparecidas, sufrió una reducción del 17 % en su presupuesto, ello a pesar de que la cantidad de desaparecidos ha ido en aumento de forma sostenida en los últimos años, por lo que tuvo que acontecer el hallazgo de Teuchitlán para que la presidenta Claudia Sheinbaum asumiera el compromiso de destinar más recursos a dicha Comisión.

Esta Comisión solo tiene 242 trabajadores, los cuales se deben encargar de la titánica tarea de encontrar e identificar a 126 mil desaparecidos, pero la cosa se pone peor cuando constatamos que solo 138 personas adscritas a la dependencia participan en las acciones de búsqueda y 31 personas se encargan de los análisis forenses y genéticos.

Lo anterior explica el rezago de años que tenemos para realizar análisis genéticos de los restos encontrados en las más de 5,600 fosas clandestinas, así como en las morgues de todo el país. El asunto es tan grave que hemos tenido que pedir ayuda de equipos forenses de Guatemala y Argentina, porque hay restos que han tenido que esperar hasta 5 años para ser analizados.

La Fiscalía General de la República tampoco cuenta con personal especializado suficiente. De todo su personal en el país, solo cuenta con 52 peritos en antropología física, 32 en antropología forense y 73 especialistas en genética forense.

Y a nivel local el asunto se pone peor. En teoría todas las entidades federativas deben tener su propia Comisión Estatal de Búsqueda y en el papel existen; sin embargo, en la mayoría de los estados se trata de oficinas públicas que solo cumplen un requisito, con pocos trabajadores y un presupuesto raquítico y en algunos casos ni siquiera cuentan con especialistas forenses o laboratorios para hacer análisis.

Quizá la única entidad que le ha invertido en serio al tema de identificación forense es Coahuila, que en conjunto con el Gobierno Federal puso en marcha un Centro Regional de Identificación Humana, que es el único centro forense que tiene laboratorios y espacios de análisis en cada uno de los campos relevantes de la identificación forense fuera de la Ciudad de México.

El problema es que se trata de un garbanzo de a libra, que no ha sido replicado en otras entidades y tampoco la Comisión Nacional de Búsqueda tiene presencia real en los estados y su personal se concentra de forma importante en la Ciudad de México, por lo que responder al desafío de la identificación de personas se antoja complejo, sobre todo si no hay un viraje importante en la política de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

El problema es que incluso las labores más elementales como tener un gran repositorio nacional de muestras de ADN, que resguarden no solo los registros genéticos extraídos de los cuerpos encontrados en fosas y morgues, sino también de los familiares de personas desaparecidas, tienen un magro avance por la falta de personal calificado y de laboratorios accesibles en diferentes puntos del país.

Por ello es que creo que podríamos trabajar en la siguiente ruta para, en el mediano plazo, tener las capacidades institucionales, logísticas y humanas mínimas para hacer frente a la enorme crisis de personas desaparecidas en México:

1) Establecer un convenio entre el Gobierno Federal y varias universidades autónomas, para la puesta en marcha de programas de formación de expertos en antropología física, antropología forense, genética forense y odontología forense, para poder reducir en el menor tiempo posible el déficit de profesionales que se requieren para la identificación de cuerpos hallados en fosas o almacenados en morgues.

2) Mientras se logra la cantidad necesaria de profesionales necesarios, auxiliarnos del sector privado para los análisis genéticos y la toma de muestras del ADN de los familiares de las personas desaparecidas, lanzando, por ejemplo, una licitación pública nacional en donde laboratorios privados a cambio de determinada cantidad, sean los encargados de recopilar y analizar muestras de ADN.

3) Poner en marcha en distintos puntos del país, privilegiando las regiones con mayor cantidad de personas desaparecidas y fosas encontradas, Centros Regionales de Identificación Humana. Por ejemplo, si además de Saltillo, se agregaran nuevos centros en ciudades como Guadalajara, Acapulco, Ciudad Juárez, Reynosa, Culiacán, Villahermosa, Veracruz, Morelia y Toluca, se podría tener una importante cobertura del país.

4) De igual forma, se pueden aprovechar estos centros para que la Comisión Nacional de Búsqueda tenga oficinas operativas regionales, con equipos de búsqueda con territorios definidos, que coadyuven con las Comisiones de Búsqueda Estatales, para tener mejor capacidad de respuesta.

5) Se debe ampliar de forma significativa el presupuesto destinado a la Comisión Nacional de Búsqueda, para que dicha instancia tenga la capacidad necesaria para enfrentar el problema de las personas desaparecidas.

* Víctor Manuel Sánchez Valdés (@victorsanval) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: [email protected]