¿México criminaliza o no el aborto? Avances y retos ante el Comité CEDAW

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) examinó al Estado mexicano los días 17 y 18 de junio, con motivo de la presentación de su décimo informe periódico, en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza. Desde GIRE asistimos —entre otros objetivos— para escuchar de primera mano los avances y desafíos en materia de derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Actualmente, 23 entidades federativas han reformado sus códigos penales permitiendo la interrupción del embarazo bajo un modelo de plazos y causales. Este cambio legislativo ha sido posible gracias a la fuerza organizativa, creativa y de incidencia del movimiento feminista por un aborto legal y seguro. De forma histórica, tomadores de decisiones, instituciones académicas, organizaciones sociales y la ciudadanía han manifestado su respaldo, sumándose a la marea verde, un escenario que hace apenas siete años parecía inalcanzable.

En 2018, la Ciudad de México era la única entidad que permitía la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Ese mismo año, GIRE presentó ante el Comité los principales desafíos en la prestación de servicios para víctimas de violencia sexual, así como la falta de formación del personal médico respecto a la NOM-046. También sugirió eliminar las disposiciones legales que penalizan a quienes deciden abortar.

Como resultado, el Comité emitió recomendaciones urgentes para armonizar los marcos legales y protocolos a nivel federal y estatal, garantizar el acceso efectivo al aborto, y actualizar la normativa conforme a la Ley General de Víctimas y la ya citada NOM. Asimismo, subrayó la importancia de capacitar adecuadamente al personal sanitario para brindar atención integral a mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual, incluyendo anticoncepción de emergencia y servicios de interrupción del embarazo.

Desde entonces, reconocemos avances significativos como la publicación del Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro (2022), la apertura de clínicas en estados donde se ha despenalizado, y resoluciones de la Suprema Corte que han sentado precedentes en materia de derechos reproductivos. También celebramos las reformas legislativas a nivel estatal.

Sin embargo, la deuda del Estado mexicano persiste. Después de más de 30 años de acompañamiento legal e investigación, desde GIRE sostenemos que la criminalización del aborto continúa vigente. Muchas mujeres siguen enfrentando denuncias, carpetas de investigación, acciones penales ejercidas y cuestionamientos por parte de autoridades en contextos hospitalarios, aun cuando buscan atención por emergencias obstétricas. Esta persecución va acompañada de estigmas, mitos sobre la maternidad y discriminación.

Aunque existen avances normativos, el esquema actual de plazos y causales, junto con la permanencia del aborto en el ámbito penal, sigue restringiendo la autonomía reproductiva de mujeres, hombres trans y personas no binaries. Es así que, en el marco de la sustentación del examen del Estado mexicano, GIRE reportó al Comité CEDAW, con cifras de nuestro más reciente informe Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México, que entre 2012 y 2022 se registraron 2,169 denuncias por aborto ante procuradurías y fiscalías: 680 dirigidas contra mujeres, 127 contra hombres y 367 contra personas no identificadas. En 1,041 casos no se especificó a quién se señalaba. Destaca Nuevo León con el mayor número de denuncias: 742, de las cuales 32.5  % fueron contra mujeres y en 64.6  % no se identifica a la persona acusada. Le siguen Baja California (469) y Tamaulipas (299).

Durante ese mismo periodo, se iniciaron 2,456 averiguaciones previas y carpetas de investigación por aborto. Resaltamos que, la Ciudad de México, a pesar de la reforma de  2007, concentra la mayor cantidad: 1,337 registros, lo cual confirma que la criminalización persiste incluso en contextos de despenalización parcial. Además, 66 personas fueron sometidas a prisión preventiva por aborto: 40 hombres, 14 mujeres y 12 sin dato. Sonora es el estado con más mujeres en esta situación (6 casos). A la fecha, no hay información sobre si las personas en prisión preventiva en el periodo reportado lo estuvieron por aborto voluntario o forzado. De igual manera, en esos años se emitieron 142 sentencias por aborto: 99 condenatorias y 15 absolutorias.

En nuestra conversación con las expertas del Comité insistimos en que la regulación del aborto a través del derecho penal implica múltiples riesgos. Uno de los más graves, condenado por la CEDAW, es la reproducción de la violencia estructural, así como el estigma y la discriminación que obstaculizan el ejercicio de la autonomía reproductiva y el derecho a la salud de mujeres y personas con capacidad de gestar.

Mientras el aborto voluntario continúe de alguna forma tipificado en los códigos penales, la criminalización seguirá actuando como una forma de control y castigo, atentando contra derechos humanos fundamentales. Por ello, desde GIRE reiteramos que es urgente abandonar el enfoque punitivo y avanzar hacia el reconocimiento del aborto como parte esencial de los servicios de salud.

Será fundamental esperar las observaciones finales que emita el Comité y darles seguimiento.  Confiamos en que estas recomendaciones se convertirán en una herramienta de incidencia efectiva, tanto para el Estado como para la sociedad civil y quienes, desde hace más de tres décadas, continúan alzando el pañuelo verde para exigir que el aborto sea reconocido como un servicio de salud accesible y libre de estigmas.

* Fernanda Castro Tarinda (@Fer_Cass) es Oficial de Incidencia Social en @GIRE_mx.