Jorge Avila · 7 de abril de 2026
Por Paula Aguirre Ospina y Renata Demichelis Ávila
Salimos de la 69ª Comisión de Estupefacientes (CND69) con una certeza: el quiebre del llamado “consenso de Viena”llegó para quedarse. Este año, todas las resoluciones se votaron; incluso, una resolución pasó directo a votación sin intento de consenso. En ese escenario, Estados Unidos quedó aislado en varias de las decisiones más visibles y, francamente, en el contexto mundial actual, fue reconfortante verlo. Lo que sigue intacto es más preocupante, pues, aunque Washington ya no logra ordenar la sala como antes, todavía consigue arrastrar la conversación hacia sus obsesiones de siempre: drogas sintéticas, precursores, cadenas de suministro y respuestas bélicas.
Para México y Colombia, esa escena dejó una lección incómoda: es posible tomar distancia de Estados Unidos en la votación y, al mismo tiempo, seguir orbitando alrededor de su agenda. Al igual que el año pasado, ambos países rechazaron el intento —apoyado solo por Argentina— de borrar la Agenda 2030 y ambos respaldaron la resolución 69/6sobre respuestas al uso de drogas basadas en la salud pública que impulsaron Finlandia y Noruega. Sin embargo, en los discursos de apertura el contraste fue claro. México habló de drogas sintéticas, precursores, prevención y seguridad, y presentó como prueba de compromiso el operativo en el que fue abatido el Mencho, “el líder del cártel más poderoso”. No hubo mención a la violencia que atraviesa al país, los asesinatos, desapariciones, control territorial y el costo humano de la “guerra contra las drogas”. Colombia, representada por el presidente Gustavo Petro, en cambio, posicionó precisamente esa herida en el centro y habló de muerte, despojo agrario, desplazamiento campesino y del precio que Colombia ha pagado por la prohibición.
Ese vacío importa. En una región donde la política de drogas no puede separarse de la violencia, resultó llamativo que la plenaria y varios discursos de apertura hablaran tanto de mercados, incautaciones y cooperación policial, y tan poco de vidas rotas. El contraste fue todavía más fuerte fuera de la plenaria. En los eventos paralelos o side events impulsados por la sociedad civil y organismos de derechos humanos sí hubo discusiones sobre impunidad, reparación, discriminación, estigma y rendición de cuentas. Otra vez, lo que más pesa sobre nuestros territorios apareció en los márgenes del debate oficial, y varios de los intercambios más ricos —incluidos los que venían desde el sur global— siguieron sin mover realmente las estructuras de poder, evidenciando que en esa distribución del espacio también persisten las viejas jerarquías entre norte y sur global.
En el caso colombiano, la CND69 expuso además una oportunidad desperdiciada: el nombramiento de un connacional en el panel independiente de 19 expertos que, tras un hecho histórico, Colombia había logrado en 2025 a través de la aprobación de la resolución 68/6. Este panel debe entregar recomendaciones claras y accionables de cara a la revisión global del sistema de fiscalización de drogas en 2029. Que el propio gobierno colombiano sea uno de los principales países contribuyentes para echarlo a andar y que, aun así, no haya quedado una persona colombiana experta en el panel no es un detalle menor, pues significaba sostener desde dentro el liderazgo político e intelectual que Colombia ayudó a abrir y empujar ahí —desde el corazón del mecanismo— un balance menos complaciente del sistema, en un panel deliberadamente armado para reflejar enfoques diversos y donde también habrá visiones menos abiertas a cambios de fondo.
México, por su parte, presentó una resolución (69/2) que exhibe la ambigüedad de su posición. Aprobada por 45 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, buscó desarrollar el artículo 13 de la Convención de 1988 para impedir el desvío de equipos y materiales usados en la producción y fabricación ilícitas de drogas. India objetó que el texto podía exceder el mandato de la Comisión y afectar cadenas legítimas de productos médicos, por poner un ejemplo, pero la resolución salió adelante. El problema es más político que técnico, pues, al poner el foco en equipos, insumos y controles sobre circuitos lícitos, la iniciativa mexicana terminó dialogando demasiado cómodamente con la resolución estadounidense (69/3) sobre integridad de cadenas de suministro. En una CND marcada por la presión de Washington, esa coincidencia se leyó como un guiño que refuerza enfoques criminalizantes, aunque se presenten con lenguaje administrativo.
Por eso creemos que la resolución 69/6 de Finlandia y Noruega merece una lectura distinta —y más pedagógica— para nuestros países. Su apuesta fue reconocer que una política de drogas seria no puede reducirse a policías, decomisos y control de mercados, sino que debe sostener sistemas integrados de respuestas de salud pública basadas en evidencia. Dicho de forma simple: la resolución respalda un abanico de medidas que incluye prevención, intervención temprana, tratamiento, cuidados, rehabilitación, reintegración social y también medidas para prevenir las consecuencias negativas del consumo, lo que en varios países se conoce como reducción de daños y que aún tienen miedo de nombrar en Viena. No obstante, no es un cambio menor. La resolución fue aprobada con 46 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos y Argentina, para sorpresa de nadie) y dos abstenciones. Colombia la defendió explícitamente como un avance que incluye reducción de daños, y México, pese a su discurso inicial, votó a favor y luego se sumó como copatrocinador.
Ahí está, quizá, una de las principales enseñanzas de esta CND para México y Colombia. Los escenarios internacionales rara vez reflejan de manera fiel nuestras realidades nacionales; menos aún cuando esas realidades están atravesadas por violencia, impunidad y desigualdad. Pero eso no vuelve irrelevante la disputa en Viena. Al contrario, el lenguaje que ahí se acuerda —o se bloquea— moldea lo que después puede financiarse, defenderse y legitimarse en el ámbito nacional. Para programas de reducción de daños que siguen siendo frágiles, desiguales o políticamente cuestionados en nuestros países, que la CND vuelva a reconocerlos dentro de un marco de salud pública no abre por sí solo servicios en los territorios, pero sí ensancha el margen para sostenerlos y exigirlos.
Ese balance importa todavía más por el momento político que viven ambos países. Colombia llega a la elección presidencial del 31 de mayo de 2026 en plena campaña y, además, con una investigación preliminar en Estados Unidossobre supuestos vínculos de Gustavo Petro con narcotraficantes, reportada públicamente, pero que hasta ahora no ha derivado en cargos y que el presidente niega de forma categórica. México, por su lado, sigue bajo una presión constante de Washington: desde los aranceles ligados al fentanilo hasta las exigencias de mayor dureza en seguridad y las recurrentes presiones para aceptar una agenda cada vez más militarizada, algo que Claudia Sheinbaum ha dicho que solo puede enfrentarse con “coordinación” y no con subordinación ni intervención militar estadounidense.
Por eso el reto no es abandonar estos espacios multilaterales porque no retratan del todo lo que pasa en casa. El reto es disputarlos mejor. Y aquí hay una última lección, pues entramos en una nueva etapa: Estados Unidos ya no puede imponer por sí solo el guion, pero todavía logra contaminarlo. Y México y Colombia siguen oscilando entre la valentía diplomática y los viejos automatismos punitivos. Para ambos países, empujar cambios en Viena sigue siendo valioso no porque la diplomacia sustituya la transformación en el territorio, sino porque ayuda a mover, poco a poco, el marco de lo decible y lo posible. Pero, si esos cambios no bajan a las políticas nacionales, quedarán como retórica y será difícil abrir espacio para políticas que cuiden la vida de todas las personas.
Renata Demichelis Ávila (@ranademi) es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Derechos Humanos. Actualmente dirige la oficina en México de Elementa DDHH.
Paula Aguirre Ospina (@pauaguirreo) es abogada y directora de la oficina de Elementa DDHH en Colombia.