México 2027: la violencia electoral más allá del crimen organizado

Por Roberto Roldán Vargas*

El 10 de septiembre dio inicio el Proceso Electoral Federal 2026-2027, uno de los más grandes de la historia reciente de México. En este proceso se disputarán 20,109 cargos de elección pública. Ante la magnitud del evento, el indiscutible historial de violencia durante los comicios ha vuelto a figurar como una de las principales preocupaciones para los tres órdenes de gobierno.

Para demostrarlo, bastan los siguientes ejemplos. El pasado 8 de octubre, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que ya formula una estrategia de seguridad en la que la Guardia Nacional desempeñará un papel preponderante, aunque siempre en coordinación con las autoridades estatales y locales. A nivel estatal, el diputado priista Eduardo Zarzosa pidió al Gobierno del Estado de México que esclarezca las acciones previstas en su ámbito de actuación para prevenir la violencia electoral. Mientras tanto, a nivel local, la realidad es aún más oscura; en Guerrero ya se reporta, incluso, el caso de un aspirante asesinado.

Los comicios cada vez son más violentos

Al igual que cada elección, la violencia se cierne a una velocidad que las estrategias de seguridad no logran descifrar. Y el problema no es menor, los comicios recientes se han caracterizado por ser los más violentos de la historia nacional. Aún más preocupante, la violencia electoral letal no solamente ha crecido en la cantidad de víctimas que cada proceso deja tras de sí, sino que también ha diversificado sus formas de ejecución y el performance de violencia que esta trae consigo. Cabe mencionar, por ejemplo, la trágica muerte de Noé Ramos Ferretiz, presidente municipal y candidato a la reelección en el municipio de El Mante, Tamaulipas. El entonces alcalde, en licencia, había denunciado amenazas durante su campaña e incluso, según algunos reportes, contaba con seguridad privada. Aún así, ni las denuncias ni su equipo de seguridad lograron prevenir un ataque con arma blanca durante un acto de proselitismo.

Al hablar de estos hechos violentos, es imposible no pensar en las capacidades del crimen organizado como actor generador de violencia. Desde hace varios años, diversos estudios han ofrecido explicaciones sobre el vínculo entre el crimen organizado y los comicios en México. Por ejemplo, Guillermo Trejo y Sandra Ley proponen, con base en una revisión minuciosa del caso mexicano, la existencia de un escenario en el que los intereses políticos —esencialmente locales— y criminales concurren para alterar los resultados de una elección. Ya sea por mantener el control en determinados territorios o para generar rentas, la vinculación entre actores políticos y criminales ha ido ganando fuerza en las discusiones públicas sobre el problema.

Por supuesto, el peso de los actores criminales en la política es preponderante, pero, ¿y si esta no fuera la única explicación de la violencia electoral letal? ¿Cómo podríamos atender el problema si este desbordara la explicación casi única del contexto criminal que México sufre desde hace más de 20 años?

El problema de la violencia en los procesos electorales no es nuevo

Al igual que con el crimen organizado en México, la historia de la violencia electoral letal no comienza en el siglo XXI, sino que se remonta al desarrollo mismo del país. Si bien el asesinato de políticos, militantes y otros actores durante los comicios ha aumentado sustancialmente en los últimos años, esta práctica es el resultado de un legado autoritario que se ha aplicado repetidamente desde la consolidación del sistema político actual. Las disputas por el poder entre líderes revolucionarios, la masacre del movimiento henriquista de 1952 y el asesinato de afiliados y candidatos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a finales del siglo XX son algunos ejemplos que evidencian la continuidad de un patrón de violencia electoral letal en la historia mexicana.

Todos estos ejemplos sugieren que comprender —y prevenir— la violencia electoral letal requiere ampliar la mirada y alejarse de la explicación exclusiva del crimen organizado hacia una consideración más amplia de las relaciones entre la violencia y la competencia política. En el artículo “Más allá del crimen organizado: La lógica local de la violencia electoral letal en las elecciones mexicanas (2021-2024)”, publicado en la Revista Mexicana de Estudios Electorales junto a Manuel Pérez Aguirre, exploramos esta propuesta mediante un análisis comparativo de los homicidios de aspirantes y candidatos durante los procesos electorales federales de 2020–2021 y de 2023–2024. En consecuencia, consideramos imperativo que, si se desea mitigar el riesgo de víctimas mortales en el proceso electoral que se avecina, los protocolos propuestos no solo atiendan a factores geográficos, sino que también consideren a los actores capaces de ejercer la violencia, la historia personal de cada candidato y un mapeo adecuado del contexto político en el que se desenvuelve.♦ 

*Roberto Roldán Vargas es maestro en Ciencia Política por El Colegio de México e investigador asociado al Seminario sobre Violencia y Paz.

Más sobre este blog