¿Meterle dinero bueno a lo podrido?

En lo que va de este sexenio el gasto destinado a las áreas federales de seguridad se ha incrementado siete veces, sin que esto se traduzca en una reducción sensible en los delitos de más alto impacto como el homicidio, el secuestro y la extorsión, de acuerdo con la organización ciudadana México Evalúa.

Y es que, al parecer, en medio de la emergencia que enfrenta el país en materia de seguridad, no se han establecido las medidas mínimas de control sobre los presupuestos que cada año han venido aumentando. Estos aumentos no han obedecido a criterios de cumplimiento de metas o alcance de resultados.

La evidente desconexión entre el gasto en seguridad y los resultados obtenidos hasta el momento, obligan a exigir con urgencia mayor transparencia en el uso de los crecientes recursos destinados a este tema. Y esto es lo que se puede conocer gracias a la revisión de la cuenta pública que hace la Auditoría Superior de la Federación. Es decir es información pública y oficial.

Sin embargo, y en descargo de los esfuerzos que ha venido haciendo el gobierno federal en el delicado tema de la seguridad, es importante apuntar que en el caso de los estados, ni siquiera es posible conocer cómo se gastan los miles de millones de pesos que les son transferidos vía fondos federales y subsidios. Sus cuentas “públicas” son un verdadero palacio a la opacidad que tarde o temprano tendrán que transparentarse como ha ocurrido con otras áreas de gobierno que mostraron cierta resistencia al cambio y ahora se han habituado a hacer públicas sus operaciones.

Pero, volviendo al caso del gasto federal en seguridad, aunque ha venido creciendo cada año, no existe evidencia clara del impacto real de estos recursos en la creación de capacidades para reducir la violencia y la criminalidad. Se ha invertido en recursos tecnológicos sofisticados y que podrían ser muy útiles –como los sistemas de intercambio de bases de datos que integran Plataforma México– pero si esta tecnología no se utiliza y actualiza de forma permanente, de nada sirve pagar cientos o miles de millones de dólares para adquirirlas.

Sólo por poner un ejemplo: hay estados que llevan hasta dos o tres años sin actualizar sus bases de datos de población penitenciaria, ¿Cómo es posible que aspiremos a que los sistemas carcelarios sirvan como modelos de readaptación social si no tenemos ni idea de qué es lo que está pasando ahí? O ¿cómo queremos tener control de las policías locales si no existe un censo completo de todos los policías estatales y municipales? ¡Así es imposible! Y las herramientas ya están ahí, nos han costado a todos una verdadera millonada y no puede ser que por falta de “voluntad política” o por cualquier otro pretexto se estén desperdiciando.

Urge mayor transparencia en el ejercicio de los recursos, sí, y todos tenemos que empujar desde todos los frentes para acabar con la opacidad; pero también urge voluntad para que lo que ya se tiene se aproveche.

Como lo he dicho en ocasiones anteriores: Esta lucha no admite mezquindades, pues lo que hagamos o dejemos de hacer hoy definirá el rumbo del país para los próximos treinta años. ¿Están conscientes quienes llevan las riendas del país?

Eso esperamos.