Menos Congreso y otras trivialidades

Hay que decirlo, la consulta popular no ha iniciado exactamente con el pie derecho. No ayuda el hecho de que, para los fines prácticos, difícilmente será un ejercicio “ciudadano”, como solía entenderse el término, antes de que tantos “ciudadanos” terminaran montados en la infraestructura de los partidos políticos: el Presidente puede proponer una consulta, lo mismo que la tercera parte del Congreso, pero actualmente se necesitan poco más de 1 millón 600 mil firmas válidas para iniciar un proceso fuera del Ejecutivo o del Legislativo, o 2% del listado nominal de electores. Por contraste, para registrar un partido político nacional y comenzar a beneficiarse del financiamiento y prerrogativas del Insituto Nacional Electoral sólo se necesita 0.26% del padrón electoral federal que se utilizó en las elecciones de 2012, o poco más de 206 mil miltantes; mientras que un candidato presidencial independiente requiere de un 1%.

Es posible imaginar que en algún futuro distante —las consultas ocurrirán cada tres años— un grupo no afiliado a ningún partido político logrará convocar a más de millón y medio de personas para empujar un solo tema, sin posibilidad de empujar otro hasta tres años después ni distribuir puestos de elección popular ni influencia ni prebendas. Es posible imaginar también, empero, que este hipotético y emprendedor grupo, si racional, probablemente terminaría apostando a construir un partido político para tener mejor alcance. Todo puede pasar, por supuesto. Pero en estos, los primeros dolores de parto de la consulta popular, no sorprende que no haya ocurrido. La consulta popular es una herramienta más para el arsenal de los actores políticos tradicionales y habrá que vivir con eso.

Siendo estos los albores de la consulta popular, no debe sorprender tampoco que las propuestas resulten tan, bueno, poco imaginativas. Tiene sentido que los partidos políticos nacionales apuesten a hacer la consulta de la misma forma en que apuestan a hacer campañas electorales: escoger un asunto que se presume de urgente y obvia resolución, diseñar un eslogan, movilizar a quienes de hecho tienen interés suficiente para levantarse de la cama en una elección intermedia e ir a votar.

Las consecuencias prácticas de la urgente y obvia resolución, lo mismo que la complejidad del asunto a resolver son una preocupación periférica. Si en las campañas electorales se puede destilar la complejidad a tres o cuatro frases, en la consulta popular el trabajo es incluso más sencillo —algo de lo que deberían tomar nota los que negocian los contratos con los consultores y agencias. La reforma energética, por ejemplo, que tomó algunos años de negociación y jaloneos y cuyos alcances prácticos en realidad no conoceremos hasta dentro de muchos otros, se puede reducir a un “Apertura del Sector Energético: Sí/No/No sabe”. Lo mismo ocurre con el salario mínimo. Mientras quienes tienen inclinaciones más matemáticas hacen sufrir hojas de cálculo para estimar el posible efecto de subir el salario mínimo por decreto y los economistas más ortodoxos—y los groupies que nadie sabíamos que tenían—invocan a la productividad como antes se invocaba a un santo patrono, la consulta popular puede reducirse a un: “¿Deben ganar más dinero los trabajadores más pobres? Sí/No/No sabe”. Urgente y obvia resolución, pues, dependiendo de en qué lado esté parado uno claro está. Como el resto de los debates sobre leyes y políticas públicas y demás asuntos de alguna relevancia, excepto que en versión redux—los puros huesos, para dejarse de falsos latinajos.

La propuesta de reducir el tamaño del Congreso de la Unión —100 diputados y 32 senadores de representación proporcional— encaja bien en este esquema y probablemente tenga incluso más éxito que las anteriores. Sólo sobre los legisladores se pueden hacer mejores chistes que sobre los abogados —con la ventaja añadida de que hay muchos menos legisladores que abogados, así que uno ofende a menos gente. Y lo que ha demostrado el (minúsculo) debate sobre la propuesta es que, bien visto, no sabemos con cuántos podríamos arreglárnoslas o cuántos son en realidad redundantes.

Este es un problema complejo, por supuesto. No podemos preguntarles a los legisladores porque, es de suponerse, cada uno de ellos se asume esencial para la patria, lo mismo que su grupo político y los empresarios, líderes locales y demás miembros del círculo de todo legislador que se respete. Tampoco podemos en realidad aplicar indicadores de gestión de empresa moderna porque, bueno, asumir que producir más leyes o pasar más tiempo perorando en tribuna es esencialmente bueno resulta más bien polémico si se piensa con cuidado: quienes estaban a favor de una ley o de una perorata en particular asumirán que es mejor que haya más y peroratas; quienes estaban en contra quizá preferirían que hubiera habido menos leyes y peroratas. Urgente y obvia resolución, como ya se dijo, dependiendo de dónde esté parado uno —aunque a juzgar por las opiniones de algunos líderes políticos y periodistas que favorecen la propuesta, sí hay mucha gente que está cansada de escuchar las peroratas de uno y otro lado, independientemente del resultado de éstas.

Tenemos pues incluso menos información para tomar una decisión sobre si reducir o no el Congreso de la que tenemos para apoyar o no la reforma energética o el incremento del salario mínimo —y a quien diga que tenemos suficiente información le propongo una nueva versión del reto del cubetazo de agua fría al que todo mundo se ha vuelto tan afecto: lea el paquete de reformas y los análisis económicos prospectivos completos y sin ayuda profesional o reconozca que hay cosas en el cielo y en la tierra que no puede conocer a plenitud y done una cantidad significativa para ayudar a los más pobres que en teoría tanto le preocupan. Pero algo sabemos y de algo tendrá que servir para votar en 2015 si el INE y la Suprema Corte no disponen otra cosa:

1)      Reducir el tamaño del Congreso no ahorrará mucho, o más bien nada. Actualmente, el Congreso nos cuesta un 0.24% del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 o unos $10,500 millones de pesos. Puede parecer demasiado si uno soporta a los legisladores, pero para ponerlo en perspectiva, baste recordar que Hacienda recaudó $1,425.8 millones de pesos durante los primeros 6 meses de 2014 o 3.8% más que en los primeros 6 meses del año pasado gracias en buena medida a la reforma fiscal que aprobaron los legisladores. En términos de productividad, los legisladores generan un rendimiento enorme, aunque es enteramente posible que esta productividad no sea en realidad muy apreciada. Aunque claro, es de suponerse que 400 diputados y 96 senadores incrementarían la carga fiscal con la misma eficiencia que 500. Queda un poco al aire entonces.

2)      Los diputados y senadores pluris son la tabla de salvación de los partidos pequeños y uno de los pocos espacios para la creación de nuevos, si es que a usted eso le importa. El sistema de representación proporcional se diseñó, entre otros fines, para que los partidos minoritarios —que en su tiempo incluyeron al PAN y al PRD, además de otros muchos que ya desaparecieron y ahora cuentan entre sus filas al PVEM, PT, MC y Nueva Alianza— tuvieran alguna oportunidad de estar en el Congreso. Hay quien prefiere que este patronazgo se acabe. Joaquín López Dóriga ha señalado, por ejemplo, que esto ya no tiene razón de ser porque es hora de eliminar a “todos los plurinominales que no tienen razón de ser” y, a juzgar por los resultados de las elecciones, la inmensa mayoría de la gente que de hecho se toma el trabajo de votar está de acuerdo —de otra forma, los números de los micropartidos serían, bueno, un poco más altos. Pero es de esperarse que quien aún tiene ilusión de participar en la política fuera de los partidos más grandes se oponga vehemente y vociferantemente a esto. Eliminar espacios de representación proporcional le afectará a quien no es afecto a los tres grandes partidos —y con los nuevos esquemas de “cooperación” electoral, consolidará su oligopolio.

¿Qué se debe hacer entonces? Lo más probable es que quien se tomó el trabajo de ir a votar a unas elecciones intermedias tenga ya muy claro qué prefiere. Tenemos poca información pero en realidad es irrelevante. La consulta popular no es trivial porque sus consecuencias sean triviales sino porque por diseño replica los mismos debates y preferencias que ocurren en otro tipo de elecciones. Es un ejercicio redundante y lo continuará siendo hasta que alguien tenga una propuesta más imaginativa. 2018 luce como una buena meta.

* Por Jaime López Aranda Trewartha (@jaimelat) y Miguel Pinto Delgado