Redacción Animal Político · 13 de octubre de 2023
Recientemente se han recordado varios acontecimientos en donde el Estado mexicano fue partícipe de violaciones graves a derechos humanos y posteriormente omitió información para esclarecer la verdad al respecto. Tal es el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas y los tres jóvenes de Ayotzinapa, pues a nueve años del suceso las familias, los normalistas y las personas defensoras continúan saliendo a las calles en busca de una justicia que no ha llegado; o bien, la matanza de estudiantes en Tlatelolco del 02 de octubre que, después de 55 años sigue vigente en la memoria del pueblo mexicano. Frente a esta violencia histórica hacia las juventudes, construir memoria en diversas expresiones y momentos ha sido indispensable para los familiares, víctimas y sobrevivientes, pues posibilita contribuir a la verdad y a la justicia todos los días. También permite exigir la no repetición y comprender la crisis de derechos humanos en la actualidad.
En México, son las y los jóvenes quienes principalmente se han enfrentado a violaciones de sus derechos humanos, han sufrido criminalización y privación de su participación dentro del espacio público y privado. Actualmente, persiste un contexto de violencia que coloca a esta población en una situación de vulnerabilidad; por ejemplo, el 11 de agosto desaparecieron Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante en Lagos de Moreno, Jalisco, cuyas familias se han enfrentado contra la impunidad, la desinformación y la revictimización por parte de autoridades y medios de comunicación. Por otra parte, en la madrugada del 24 de septiembre un grupo armado secuestró a siete jóvenes en la comunidad de Malpaso, Zacatecas; días después, seis de ellos fueron encontrados asesinados y solamente uno sobrevivió.
Lo anterior expone que si bien los sucesos comentados ocurrieron en distintas temporalidades, geografías y contextos, ninguno es aislado, por lo que recordar y nombrarlos permite entender que la raíz del problema es un sistema de impunidad, burocracia y corrupción que excluye, estigmatiza y discrimina a la sociedad joven, impactando así sus proyectos de vida. En este sentido, es urgente apelar a una memoria construida desde estos espacios que se aleje de los discursos hegemónicos u oficiales y que además, abone a la exigencia de una vida digna.
Pero ¿qué es la memoria? De acuerdo con la CIDH es la forma en que las personas y los pueblos construyen sentido acerca del pasado y cómo relacionan ese pasado con el presente en el acto de recordar. Puntualizamos que en México la memoria se debe construir desde las narrativas de los familiares, las víctimas, sobrevivientes, y adquiere sostenibilidad y representación en antimonumentos, marchas, memoriales, libros, bordados, entre otros. Actualmente, hay una lucha por reconocer el recuerdo como un derecho libre de represión, censura, omisión y violación a los derechos humanos por parte del Estado o algún particular.
En consecuencia, el derecho a la memoria tendría que ser inherente a las personas, no debería ser arrebatado, ni mucho menos tergiversado por parte de servidores públicos (como suele pasar en un primer contacto con los agentes ministeriales o la polícia) y tendría que ser respetada sin criminalizar ni victimizar a las personas. Además, en contextos de violencia normalizada, puede ser una herramienta que abone a la defensa de derechos humanos y a la vida digna de las personas.
Dentro de los elementos de la justicia transicional (la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición) consideramos que debe agregarse la memoria como último elemento, ya que contribuye a conservar la preservación histórica desde otras narrativas (de los familiares, las víctimas y las personas sobrevivientes) y abona a que no se repitan actos de impunidad, ni agravios a los derechos universales.
Los retos que se enfrentan en el país al momento de construir y apelar a la memoria es la vulneración del derecho a la expresión, así como del derecho a la verdad; por tanto, el Estado tiene la obligación de brindar transparencia en los procesos y reconocer sus responsabilidades. También, comprometerse a realizar exhaustivas investigaciones, ejercer un juicio objetivo y sancionar a quién corresponda. Lamentablemente en este país muy pocas personas tienen acceso a la justicia, sumado a que se enfrentan con el ocultamiento de la información sobre los casos, complicidad respecto a servidores públicos o militares y deficiencia en las investigaciones.
En México las juventudes se enfrentan a un contexto de violencia generalizada que puede incrementarse debido a diversos factores, ya sean geográficos, raciales, etarios de nacionalidad o condición social, por lo que pensar la memoria desde una perspectiva de juventudes puede contribuir a la dignidad y la justicia social. Es importante hablar y contribuir no solo desde una postura individual sino colectiva, en donde se sumen todas las voces para nunca olvidar sucesos como los aquí compartidos, sin dejar de lado feminicidios, asesinatos o desapariciones forzadas a estudiantes y a juventudes defensoras de derechos humanos. En un país donde la violencia no cesa, el no olvido y sus formas de expresión posibilitan la esperanza, contrarrestan la “verdad oficial” que se difunde desde el gobierno, y exige movilizarnos contra la impunidad y las injusticias que ocurren en nuestro territorio.
* María Fernanda Cruz es parte de la XXI generación de la Escuela para Juventudes Defensoras de Derechos Humanos “Miguel Concha” y Cassandra Meléndez es colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A. C. (@CDHVitoria).