Memoria de la Guerra Sucia

El pasado 2 de octubre de 2020, en el contexto del 52 aniversario de la masacre de Tlatelolco, se llevó a cabo en el Archivo General de la Nación un evento de la mayor trascendencia que vale la pena destacar para que no se pierda en el fragor del día a día.

En el Palacio de Lecumberri, empleado hace décadas como cárcel contra los disidentes políticos, fue anunciada la política de verdad y memoria respecto del período de la Guerra Sucia que habrá de implementarse en los siguientes años. Ésta incluyó, entre otros, la firma de un convenio entre el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de la Ciudad de México, para avanzar en la publicación de los expedientes de disidentes políticos que acumularon las agencias de seguridad del Estado mexicano.

En ese marco, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación perfiló las acciones que se impulsarán como parte de esta política, incluyendo además de la entrega de archivos y restitución de información, los actos de reconocimiento de responsabilidad, la revisión de la nomenclatura pública que enaltece aún a perpetradores de graves violaciones a derechos humanos, la elaboración de planes de estudios, y la incorporación y sistematización de expedientes de origen militar. Estas acciones habrán de identificarse en los meses por venir como parte también de la conmemoración de los 50 años del “Halconazo”, que se cumplirán el 10 de junio de 2021.

Durante el evento fue de especial hondura y dignidad el momento en el que se entregaron archivos a familiares de quienes fueron ilegalmente perseguidos por las agencias del Estado, algunos de ellos y ellas aún desaparecidos. Copias maestras de los expedientes fueron entregadas a Lourdes Rodríguez Rosas, quien fuera presa política; a Alfredo Tecla Parra, preso político e hijo de Ana María Tecla y hermano de Adolfo Tecla Parra, desaparecidos hasta el día de hoy; a Georgina Tecla, hermana de Violeta y Artemisa Tecla Parra, desaparecidas hasta el día de hoy; a Luis Fernando Granados Salinas, hijo del periodista Miguel Ángel Granados Chapa, también ilegalmente vigilado; a Judith Galarza, hermana de Leticia Galarza Campos, desaparecida hasta el día de hoy; a Alejandra Cartagena López, hija de Leticia Galarza y David Jiménez Sarmiento, ejecutado extrajudicialmente este último, y a Consuelo Solís Morales, quien recibió el expediente de Genaro Vásquez Rojas. El propio subsecretario Encinas recibió, también, su propio expediente.

Vale la pena hacer memoria para ponderar la trascendencia de este acto. Con la primera alternancia, en el año 2000, parte del archivo de agencias como la Dirección Federal de Seguridad fue depositado en el Archivo General de la Nación. Para muchos y muchas familiares de desaparecidos de los años setenta, esto significó acceder por primera vez a archivos oficiales que documentaban la desaparición de sus seres queridos. Pero esta política de memoria y verdad fue fallida, lo mismo que las acciones de justicia que con la infructuosa Fiscalía para delitos del pasado que entonces se impulsaron: para dificultar el acceso a los expedientes, se permitió que personajes vinculados a la propia Dirección Federal de Seguridad controlaran el acceso a los mismos. Las Fuerzas Armadas, por su parte, se abstuvieron de colaborar.

En el Centro Prodh conocimos de cerca el fracaso de las acciones impulsadas en ese sexenio, acompañando a los familiares de Alicia de los Ríos; Diego Lucero; David Jiménez Fragoso; Amafer, Armando, José de Jesús Guzmán, Solón Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz, quienes tuvieron que acudir incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además del caso de Martha Camacho, su esposo y su hijo.

Con los años, además, se dieron retrocesos. Comenzó a permear la regresiva idea de que los archivos relacionados con violaciones a derechos humanos, pese a su valor histórico y jurídico, contenían datos personales de los perpetradores que eran susceptibles de protección y bajo esa premisa el acceso a los archivos se volvió incluso más arduo.

Los convenios signados el 2 de octubre y la política de verdad y memoria anunciada en esa fecha pueden revertir esta tendencia. Por eso importa saludar la iniciativa, acompañarla e impulsarla.

Una de las claves en lo que viene será asegurar la colaboración de las Fuerzas Armadas, hoy notoriamente empoderadas. Es imprescindible preservar y transparentar el archivo del Estado Mayor Presidencial, disuelto en aceptación a su oscuro historial; también es fundamental que se transparenten los archivos militares sobre las detenciones realizadas en el Campo Militar Número 1 y que se reconozca la responsabilidad castrense ante eventos que han marcado la historia de México como la propia masacre del 2 de octubre de 1968. Las Fuerzas Armadas deben, por fin, reconocer ese pasado ante la sociedad y las víctimas; no haberlo hecho hasta ahora ha contribuido, sin duda, a su participación en graves violaciones y crímenes atroces durante estos lustros de guerra contra las drogas. Hay una clara línea de continuidad entre el Ejército que no reconoce lo que hizo en los setenta con el que no reconoce lo que ha hecho en años recientes y que se niega a acatar incluso sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pasos como el dado en el Archivo General de la Nación el 2 de octubre de este año o como el acto de reconocimiento de responsabilidad respecto del caso de Martha Camacho, realizado el 23 de septiembre de 2019, son relevantes. Frente a la herida de la llamada “Guerra Sucia”, México necesita memoria.

@CentroProdh