La elección que no vemos: cómo tener mejores candidatos a jueces en México

Por Idalina Arreola Atilano, Institute for Integrated Transitions (IFIT)

En medio del debate sobre la reforma judicial en México, la atención pública se ha concentrado en un punto visible: la elección de jueces y magistrados en las urnas. Pero falta la pregunta más importante: ¿qué tan sólido es el proceso que determina quién llega a la boleta?

La primera elección judicial en México de junio de 2025 mostró que ese proceso se llevó a cabo bajo condiciones poco favorables: plazos acotados, capacidades limitadas, reglas poco claras, vacíos normativos y escasa articulación institucional. Cada Comité de Selección terminó definiendo sus propios criterios y metodologías de evaluación, lo que derivó en tres procesos paralelos que funcionaron de manera distinta para seleccionar un mismo tipo de cargo.

Esa falta de uniformidad no es un detalle menor. Tuvo efectos directos sobre la transparencia, la equidad y la idoneidad de las candidaturas, lo que termina afectando la legitimidad del proceso en su conjunto.

Para mejorar quién puede ser juez en México, deberíamos preguntarnos: ¿cuáles deberían ser los filtros de entrada para quienes aspiran a un cargo judicial? Y ¿cómo garantizar que esos filtros se apliquen de manera consistente, sin importar qué comité los evalúe?

La respuesta está directamente vinculada con dos pilares del sistema judicial: su independencia y la confianza pública en sus decisiones.

Lo que no funcionó bien en la selección de perfiles de jueces en México

La investigación “Selección Judicial en México: Lecciones aprendidas del proceso de selección de cargos en cortes de última instancia (2024-2025)”, del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT), arrojó tres hallazgos clave.

El primero es que el amplio margen de autonomía de los tres comités, combinado con una limitada estandarización técnica, terminó fragmentando el proceso. Si bien la Convocatoria General estableció un marco común, dejó en manos de cada comité la definición de sus reglas de operación, así como las metodologías e instrumentos para evaluar la elegibilidad e idoneidad de las personas aspirantes.

Esta autonomía permitió desarrollar herramientas de evaluación más estructuradas y sistemas de ponderación con criterios internos de revisión. Dichos mecanismos fortalecieron la trazabilidad de las decisiones, acotaron márgenes de discrecionalidad y facilitaron el análisis de los expedientes. Sin embargo, la disparidad entre comités provocó procedimientos completamente distintos que afectaron la previsibilidad y legitimidad del proceso.

El segundo hallazgo señala que los plazos reducidos y las capacidades institucionales desiguales impidieron cumplir plenamente los objetivos y metas originalmente diseñados. En apenas siete meses se diseñó y puso en marcha todo el proceso, mientras que los comités contaron con solo 20 días naturales para revisar más de 18 mil expedientes.

Bajo esa presión, el margen para realizar evaluaciones profundas y homogéneas fue limitado. A ello se sumaron diferencias en el apoyo operativo: mientras algunos comités trabajaron con equipos reducidos, otros contaron con estructuras más amplias, lo que incidió directamente en su capacidad de revisión.

El tercer hallazgo apunta a la ausencia de mecanismos claros para dar continuidad al proceso y resolver controversias, lo que incrementó la sospecha, la percepción de falta de transparencia y la imposibilidad de cuestionar decisiones en momentos clave.

A esto se suma que el uso de mecanismos aleatorios en la etapa final solo puede reforzar la legitimidad si las etapas previas garantizan condiciones comparables, algo que no siempre ocurrió.

Bajo estas condiciones, los comités avanzaron en la implementación del modelo con los recursos y marcos disponibles. Los hallazgos no cuestionan la elección popular de jueces, sino que evidencian áreas de mejora en el diseño y operación del proceso que, de atenderse, pueden fortalecer su consistencia y rigor.

Cómo tener mejores candidatos a jueces en México

Los hallazgos de IFIT ofrecen oportunidades concretas para mejorar el proceso de selección de quienes finalmente aparecerán en la boleta electoral.

Primero, es necesario alinear los tiempos y las capacidades con la carga real de trabajo. La magnitud del proceso exige una mejor planeación y coordinación entre las instituciones involucradas. Sin ello, no solo se generan duplicidades —como ocurrió en la interacción entre comités y autoridad electoral—, sino que también se trasladan cargas operativas que terminan afectando la calidad del ejercicio y, en última instancia, la confianza en sus resultados.

Asimismo, desarrollar una plataforma única de registro y gestión de candidaturas es un paso clave. La dispersión de sistemas generó procesos fragmentados, duplicidad de información y dificultades en la validación de expedientes. Un sistema centralizado permitiría ordenar la información, facilitar la revisión y dar mayor certeza tanto a las instituciones como a las personas aspirantes, incluso en materia de protección de datos personales.

También resulta indispensable estandarizar los requisitos y la documentación necesaria para acreditarlos. Cuando distintos comités solicitan información diferente para los mismos cargos, se generan cargas desiguales y evaluaciones no comparables.

Finalmente, la homologación de calificaciones debió resolverse desde el inicio. Las universidades emiten constancias con escalas de evaluación distintas, algunas incluso con referencias cualitativas en lugar de números. Construir manualmente las equivalencias necesarias para acreditar el promedio mínimo requerido generó cuellos de botella y restó tiempo valioso al proceso.

Aún falta definir quiénes ocuparán la otra mitad del Poder Judicial en los próximos procesos. Esto abre una oportunidad concreta para realizar ajustes, tanto a nivel constitucional como en la operación del modelo, que permitan dotar de mayor certeza al proceso y asegurar la selección de perfiles idóneos, independientes y legítimos.

La elección judicial en México no se juega únicamente en las urnas. Se juega, sobre todo, en la calidad del proceso que define quién llega a ellas.

El reporte completo de IFIT está disponible en: ifit-transitions.org

*Idalina Arreola Atilano es coordinadora país en México del Instituto para las Transiciones Integrales.