Megamina de cobre: conflictos ambientales fracturan a Panamá

Por Johana Peña

La megamina Cobre de Panamá lleva casi tres años sin funcionamiento desde que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró por unanimidad la inconstitucionalidad del contrato entre el Estado y la empresa canadiense First Quantum Minerals, obligando el cese total de operaciones en noviembre de 2023.

El caso se remonta a una concesión minera previa otorgada en 1997, la cual ya había sido declarada inconstitucional en una sentencia del 21 de diciembre de 2017, tras un informe de 2014 sobre el impacto negativo de las empresas mineras canadienses en América Latina. Esta esperaba que las autoridades de Canadá tomaran acciones para regular desde ese país a sus empresas extractivas, en particular desde la perspectiva de los derechos humanos y de la protección del ambiente.

Pero las autoridades canadienses ignoraron el petitorio, por tanto la Corte panameña como representante del Estado en la sentencia de 2017 menciona que, a pesar de que el país centroamericano forma parte del Tratado de Libre Comercio y del Tratado Bilateral de Inversión con el Estado Canadiense, “al generarse la colisión de derechos económicos frente a derechos que se vinculan a la protección del derecho a la salud y a la vida, el Estado necesariamente deberá priorizar estos últimos”.

Para la Corte, la celeridad con la que se tramitó la aprobación de la ley que permitió la explotación de la megamina de cobre ignoró uno de los principios básicos del derecho ambiental contemporáneo: el principio de la participación ciudadana en materia ambiental.

“Si hubiéramos sido un país ambientalista no tuviéramos el Canal de Panamá”

Por eso no es de extrañar la posición de la población civil, que respondió a la posibilidad de apertura de la megamina con movilizaciones llevadas a cabo en junio de 2026, donde decenas de activistas sociales, gremios de trabajadores, organizaciones campesinas y movimientos estudiantiles manifestaron su rotundo rechazo al Gobierno del actual presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ante su insistencia a la explotación de la megamina de cobre.

Pero esta unanimidad en la sociedad civil organizada no se ve en la élite política y económica del país; por ejemplo, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (Cciap), Juan Arias, mencionó: “Para los que son ambientalistas les pido disculpas, porque si hubiéramos sido un país ambientalista no tuviéramos el Canal de Panamá, esa es la realidad”.

Al parecer olvidó que se estima que durante la construcción del Canal de Panamá murieron entre 25,000 y 27,600 personas, principalmente por enfermedades tropicales como la fiebre amarilla y la malaria. Que el Canal estuvo bajo control estadounidense desde su inauguración en 1914 hasta su transferencia completa a Panamá, el 31 de diciembre de 1999. O que el actual mandatario estadounidense ha expresado en más de una ocasión su intención de “recuperar” este puente marítimo, lo que ha llevado a un aumento de la presencia militar en el país centroamericano.

Ignora también que la construcción y operación del Canal han tenido impactos ambientales, como la alteración de los ecosistemas naturales, lo que afecta la biodiversidad y la calidad ambiental. Asimismo, el tráfico marítimo y la actividad portuaria han generado contaminación del agua y del aire, aunado a las sequías y fenómenos climáticos, como El Niño, aumentando la carga hídrica y afectando a la población local que solo ve pasar el “progreso” frente a sus ventanas.

Dos procesos de arbitraje internacional contra el Estado panameño

Volviendo a la mina Cobre Panamá, esta era una de las más grandes de Centroamérica, de ella se extraía principalmente cobre, pero también existen yacimientos de oro, molibdeno y plata. Contaba con una inversión estimada de 10,000 millones, y generaba más de 7,000 empleos directos y 40,000 indirectos.

Con el cierre de las operaciones, la empresa canadiense First Quantum emprendió dos procesos de arbitraje internacional contra el Estado panameño: uno ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, y otro ante la Corte Internacional de Arbitraje de 20,000 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 21,05 % del PIB nominal de Panamá en 2026. Es decir, la demanda representa aproximadamente una quinta parte de toda la producción anual de bienes y servicios del país.

Aunque la mina está cerrada, la empresa ha expresado su disposición a negociar la reapertura de la mina bajo nuevas condiciones, lo que podría incluir la propiedad estatal del mineral extraído.

Pero el movimiento popular ha denunciado que la transnacional canadiense nunca abandonó físicamente la provincia de Colón. Amparada por un decreto Ejecutivo emitido en abril de este año 2026, bajo el pretexto de un plan de “cuidado y mantenimiento seguro”, el Gobierno autorizó a la minera a “recontratar personal para procesar, mover y exportar material mineralizado que ya había sido extraído del yacimiento”. Una acción que los ambientalistas califican como el inicio camuflado de la reapertura total para extraer los minerales de la megamina.

Un llamado a conservar la vida y el cuidado de los recursos en el corredor mesoamericano

Por lo que el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) denuncia al Ejecutivo de utilizar sus facultades establecidos en el Código minero para imponer la reapertura formal de la megamina, sin pasar por la discusión de la Asamblea Nacional, una acción inconstitucional y de estar actuando en contra de los intereses del pueblo panameño.

Las organizaciones hacen un llamado a conservar la vida y el cuidado de los recursos en el corredor mesoamericano, además de buscar alternativas de desarrollo que no impliquen que “las transnacionales acumulen riqueza mientras las comunidades locales acumulan muertes y devastación ambiental”.

Panamá es uno de los países centroamericanos que cuenta con más proyectos extractivos, los activistas denuncian una constante corrupción financiera inmiscuidos en estos megaproyectos, violaciones a los derechos laborales, incumplimientos de la Evaluación de Impacto Ambiental, daños ecológicos como tinas de relave no tratadas, derrames químicos, afectaciones a la salud de trabajadores y comunidades cercanas a los proyectos, así como violaciones a la constitución y normas ambientales.

Por lo que estos conflictos pueden profundizar más la fractura social, que polariza a la población entre la defensa de la vida o la defensa del capital, bajo la ilusión de “progreso”.♦