Mecanismo que no protege

 

Por: Javier Garza Ramos*

 

Un grupo criminal irrumpe en la casa de un reportero para secuestrarlo. Su cadáver aparece unos días después tirado en la calle.

Sujetos armados disparan ráfagas de “cuerno de chivo” contra el edificio de un periódico, arrojan una granada o incendian un automóvil y huyen.

Criminales secuestran a reporteros para obligar a sus medios de comunicación a difundir información de un cártel de la droga.

Estos episodios se han vuelto más frecuentes en la vida de la prensa mexicana a lo largo del último lustro, conforme las organizaciones criminales pelean el control de plazas y, una de las primeras cosas que buscan es controlar la información sobre ellos o los rivales.

Ahora, con varios años de retraso, el Estado mexicano establece un “Mecanismo de Protección” para periodistas y defensores de derechos humanos en situación de riesgo. Pero la naturaleza de este mecanismo, al menos en su vertiente para periodistas, sugiere que los funcionarios que lo diseñaron y los legisladores que lo aprobaron desconocen la realidad de las agresiones contra la prensa, y lo que han hecho es ofrecer una rendición ante los criminales.

Una mirada a cómo se aplicaría este Mecanismo en el terreno, en las zonas calientes de Veracruz, La Laguna, Monterrey, Ciudad Juárez y otras ciudades asoladas por los cárteles indica que no responde a la realidad y sería inútil en muchos casos. Al menos en mi experiencia, ante dos ataques que ha sufrido el diario donde trabajo, El Siglo de Torreón, no hubiera servido de mucho.

 

SIN ADVERTENCIA

El Mecanismo está predicado en la presencia de amenazas, pero la mayoría de las agresiones más violentas contra periodistas o medios no tienen advertencia previa. Los criminales simplemente se van sobre el blanco para mandar un mensaje.

Lo digo por la experiencia que he vivido en La Laguna, pues no hubo amenaza previa en los dos ataques contra El Siglo de Torreón.

Uno fue en agosto de 2009 cuando sujetos hasta ahora no identificados dispararon contra el edificio. La empresa se vio obligada a invertir en la seguridad del edificio, con puertas blindadas, control de accesos y cámaras de vigilancia.

Aún así, hubo otro ataque, en noviembre de 2011, cuando otro grupo también baleó las oficinas y quemó un automóvil frente a la entrada principal. Ambos ataques, por cierto, están impunes pues las investigaciones nunca avanzaron.

Tampoco hubo advertencia previa para Eliseo Barrón, reportero de Milenio en Torreón, que en mayo de 2009 fue secuestrado en su casa y luego asesinado. Ni la hubo para dos reporteros de Televisa y uno de Milenio, secuestrados en Gómez Palacio para obligar a sus empresas a difundir videos del Cártel de Sinaloa.

En estos casos no hubiera sido posible, como establece el Mecanismo, “la evacuación o reubicación temporal de los periodistas amenazados”, ni el “otorgamiento de escoltas”.

Y es muy probable que la entrega de vehículos blindados “u otros elementos de blindaje” tampoco hubiera evitado los ataques. Un reportero en su casa tiene pocas medidas de protección frente a un grupo armado que lo quiere secuestrar. Darle escoltas a todos los reporteros que viven en situación de riesgo en un país consumido por la violencia es simplemente impráctico.

Para los reporteros que viven en permanente amenaza no hay protección que valga, salvo la acción del Estado para disuadir a los criminales. El Mecanismo no podrá funcionar porque sus medidas para redacciones en riesgo son poco prácticas.

Los ataques son hechos que pasan en cuestión de minutos. Aún cuando hubiera una amenaza previa, en muchas ocasiones ésta es cumplida casi inmediatamente. Llamadas telefónicas a las redacciones advirtiendo un ataque normalmente son seguidas del ataque mismo con poco tiempo de reacción. Muy poco tiempo para hacer contacto con la “Coordinación Ejecutiva Nacional” del Mecanismo, cuya integración ni siquiera conocemos.

El Mecanismo también supone la cooperación entre el Gobierno Federal y los estados para dar protección a periodistas amenazados. Esto, en muchas regiones del país, equivale a poner al lobo a cargo del gallinero. Significa confiar en la protección la brindarían policías estatales o municipales que muy probablemente están infiltrados por los mismos grupos que realizan las amenazas o los ataques.

En nuestra experiencia, la protección debe venir primero de medidas de seguridad internas que hemos desarrollado ante la nula respuesta de autoridades a los ataques en contra nuestra. En casos urgentes, debemos acudir a canales de comunicación con autoridades civiles o militares que podemos considerar confiables.

 

REALIDAD IGNORADA

Además, sabemos muy poco de la forma en que se elaboró el Mecanismo, ignoramos quiénes lo hicieron o si alguna vez dejaron sus escritorios de la Ciudad de México para estudiar la situación en el terreno de las zonas violentas.

Torreón, por ejemplo, es una de las ciudades más violentas del país y Coahuila es la entidad que registró más ataques contra instalaciones de medios en 2011, según un reporte de Artículo 19. Pero ni a El Siglo de Torreón ni a ningún otro medio de Coahuila llegó comunicación alguna de los autores del Mecanismo para solicitar información o testimonios que pudieran enriquecer la iniciativa. Tampoco a ninguna redacción de Durango, estado donde los medios también son blancos frecuentes de ataques.

Además, existe el riesgo de que los periodistas que integren el Consejo Consultivo no conozcan el problema a fondo o busquen cooptarlo para perseguir intereses particulares.

 

¿RENDICIÓN?

Lo más preocupante del Mecanismo es que supone una rendición ante el poder del crimen. Los cárteles amenazan y atacan a la prensa con la intención de silenciarlos o de controlar la cobertura y si un reportero o editor es obligado a una reubicación, lo más probable es que deje de trabajar. La meta de los criminales, el silencio, estará cumplida.

Bajo una lectura, el Mecanismo es una muestra de la incapacidad del Estado para someter a los grupos criminales. Los delincuentes que atacan a la prensa son los mismos que incendian casinos matando a decenas de personas, los mismos que desatan una balacera afuera de un estadio de futbol, los mismos que dejan tirados decenas de cadáveres en las grandes avenidas. Si el Estado no puede con ellos por cometer estas atrocidades, tampoco va a poder con ellos cuando atacan a los medios.

Porque la realidad es que la inmensa mayoría de los ataques a medios de comunicación ha quedado impune y esa impunidad es el combustible que alimenta las agresiones. Los criminales atacan a la prensa porque pueden y porque pueden salirse con la suya. La única medida de protección posible es aplicarles toda la fuerza del Estado para que entiendan que la ruta de la violencia no es rentable.

 

* Javier Garza Ramos es  subdirector editorial de El Siglo de Torreón.