Redacción Animal Político · 12 de junio de 2024
En nuestro país la lucha anticorrupción se ha vuelto un tema recurrente en la agenda pública desde hace décadas, sin que podamos identificar cambios sustanciales que permitan avizorar resultados tangibles a un problema persistente. A pesar de las diversas iniciativas implementadas y los recursos públicos invertidos, los resultados en la lucha anticorrupción siguen siendo limitados. Esto se debe a que muchas estrategias parten de supuestos idealistas sobre el funcionamiento de nuestras instituciones, ignorando la realidad de la corrupción e impunidad estructural que permea al país.
México se enfrenta a un problema persistente y creciente de corrupción e impunidad, arraigado en las estructuras del sistema. Las soluciones tradicionales han demostrado ser insuficientes. El nuevo gobierno, producto de un proceso democrático inédito y con un fuerte respaldo social, se encuentra en una posición privilegiada para impulsar una nueva agenda anticorrupción e integridad pública basada en soluciones innovadoras y de eficacia probada.
Un análisis crítico del enfoque anticorrupción actual revela una confusión fundamental sobre la víctima principal de este fenómeno. Si bien es cierto que la sociedad y la ciudadanía sufren las consecuencias de la corrupción, es el Estado quien resulta directamente perjudicado. Actos como el cohecho, el peculado o el desvío de recursos públicos impactan directamente al erario y la capacidad del Estado para cumplir sus funciones esenciales. Un gobierno que entienda que cada peso desviado es un peso que no le permitirá cumplir con sus promesas, entenderá que la democracia requiere de agentes íntegros que cuiden al Estado, dentro y fuera de su estructura.
A partir de este planteamiento es que proponemos un enfoque que no traslade a la sociedad civil la carga de investigar y denunciar la corrupción, sino que contemos con mecanismos que, adicionalmente, empoderen a los agentes estatales íntegros y a aquellas personas que, desde el sector privado interactúan con el Estado, para actuar en su defensa con el respaldo de la ley y mediante procesos legales claros y con incentivos correctos. En este contexto, la figura del qui tam, proveniente del derecho anglosajón, ofrece una perspectiva valiosa y probada que debemos contemplar en nuestro sistema legal.
El qui tam es un modelo legal con una larga historia que permite a los delatores de irregularidades actuar en nombre del Estado para proteger los intereses de este en su nombre y representación. Lejos de ser considerados traidores, los delatores son vistos como héroes que ayudan a combatir la corrupción desde adentro. Este mecanismo legal ha sido particularmente exitoso en Estados Unidos, donde la False Claims Act ha sido una herramienta clave en la lucha contra el fraude al gobierno. Desde su reforma en 1986, se han presentado decenas de miles de demandas qui tam, resultando en la recuperación de más de 75 mil millones de dólares para el erario público.
La efectividad de este modelo se refleja en las recompensas otorgadas a los delatores, que han superado los 8 mil millones de dólares en total. Estas recompensas, que suelen ser un porcentaje de los fondos recuperados, incentivan a las personas a denunciar actos de corrupción y contribuyen a la detección de fraudes que de otra manera podrían pasar desapercibidos.
A partir de un análisis detallado de este modelo tan exitoso, es que proponemos la adopción de un mecanismo de delatores de corrupción en México, inspirado en el modelo qui tam. Sin embargo, somos conscientes que el sistema jurídico e institucional mexicano tiene sus propias particularidades. Por lo tanto, no se trata de copiar el modelo estadounidense, sino de traducirlo y adaptarlo a la realidad mexicana.
En respuesta a la invitación de Impunidad Cero de construir soluciones concretas a problemas persistentes, nuestra propuesta incluye reformas constitucionales y legales, así como innovaciones en los ámbitos administrativo y penal. Específicamente, proponemos la creación de un procedimiento administrativo específico para delatores, que incluya medidas de protección y recompensas económicas para quienes denuncien actos de corrupción. En el ámbito penal, buscamos incorporar la figura de la acción penal por particulares delatores de hechos de corrupción en el Código Nacional de Procedimientos Penales, permitiéndole ejercer la acción penal en casos de corrupción y recibir recompensas por su colaboración.
Consideramos que es el momento de revitalizar la lucha anticorrupción en México y que las propuestas de campaña en esta materia se hagan realidad. Nuestra aportación busca sumar a los esfuerzos existentes y contribuir a la construcción de un marco legal que permita superar la impunidad y la corrupción.
Invitamos a las y los lectores a profundizar en esta propuesta consultando el estudio “Propuesta de Mecanismos de Delatores de Corrupción en México“, publicado por Impunidad Cero y disponible para descarga gratuita aquí.
* Gastón Alberto Hinojosa García (@gastonhinojosag) es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Es asociado de las áreas de resolución de disputas y anticorrupción en Von Wobeser y Sierra; actualmente está en un secondment en Marval, O’Farrell y Mairal en Buenos Aires, Argentina. Dante Preisser Rentería (@dantepreisser) es abogado por la Escuela Libre de Derecho y Maestro en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de California en Berkeley. Actualmente es Of Counsel en Brócoli Consultoría y Profesor Invitado de Derecho Administrativo en el Colegio de México.