Matrimonio igualitario y prohibición de ECOSIG en Guanajuato, punto de partida, no de llegada

¡Dimos un enorme paso para cerrar una brecha que activistas, organizaciones civiles y colectivas reclamaron durante más de una década! El pasado 5 de diciembre, el Congreso de Guanajuato decidió votar y aprobar el matrimonio igualitario y la prohibición de las mal llamadas “terapias de conversión” o ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género).

La publicación de estas reformas en el Periódico Oficial del Estado representa el inicio (tardío) del pago de la deuda histórica que se tiene con las poblaciones de diversidad sexual y de género en Guanajuato. Ahora el sector público estatal y local enfrenta el enorme reto de adaptar códigos, reglamentos, procedimientos penales y administrativos, y al propio Registro Civil, para garantizar el ejercicio efectivo del matrimonio igualitario y sancionar a quienes practiquen ECOSIG.

El contexto guanajuatense, sin embargo, aún no es el más fácil para la implementación de políticas públicas en favor de la diversidad sexual y de género. Se necesita un trabajo colectivo, transversal, sistemático, coordinado y continuo, tanto en lo administrativo-jurídico como en lo social-político.

Veamos de ejemplo a las Unidades Municipales de Diversidad Sexual y de Género: su creación en los 46 municipios es obligatoria a partir Junio de 2024 con la entrada en vigor de la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios. Hasta la fecha solo 20 de 46 municipios han nombrado una persona titular.

En la práctica, enfrentan obstáculos como falta de personal (solo un par de municipios cuentan con más de una persona trabajando en dichas unidades), presupuestos mínimos o nulos, renuncias y retrasos en los nombramientos de titulares, como sucede en León, o promesas incumplidas como en Salamanca.

¿Qué sigue para el matrimonio igualitario y la prohibición de las ECOSIG?

En los últimos meses, la Subsecretaría de Diversidad Sexual y de Género ha impulsado capacitaciones y sensibilizaciones al personal del Registro Civil, Salud y Seguridad Pública, así como diversas reuniones con organismos administrativos para garantizar cambios necesarios, como modificaciones a Actas. Sin embargo, estos esfuerzos deben acompañarse de lineamientos, procedimientos y mecanismos homologados de múltiples organismos públicos a nivel estatal y local.

La Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios reconoce en su artículo 3 los principios de transversalidad y progresividad, indispensables para la construcción de políticas públicas coordinadas, sostenidas y con enfoque de derechos. No obstante, el marco normativo presenta una debilidad central: no fija plazos de cumplimiento ni define acciones específicas para su implementación. Esta omisión abre espacios de discrecionalidad que pueden traducirse en retrasos o simulaciones institucionales. A ello se suma la ausencia de mecanismos claros de supervisión y evaluación, lo que dificulta medir avances, exigir responsabilidades y garantizar que los principios enunciados se traduzcan en resultados efectivos.

Esto deja un camino amplio para que el matrimonio igualitario sea negado u obstruido por voluntades municipales, capacitaciones sin efecto a largo plazo por cambio de personal o por falta de coordinación interinstitucional, dibujando un escenario de riesgos de revictimización en el proceso.

ECOSIG

Las llamadas Estrategias de Conversión Sexual y de Género (ECOSIG) se refieren a un conjunto de prácticas que buscan modificar, reprimir o “corregir” la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona. Estas prácticas parten de un supuesto falso: que la diversidad sexual y de género constituye una desviación que debe ser tratada o eliminada. La evidencia científica y los estándares internacionales en derechos humanos han sido consistentes en señalar que las ECOSIG carecen de sustento médico o psicológico y generan daños graves, incluidos ansiedad, depresión, ideación suicida y ruptura de vínculos familiares. Su existencia no solo reproduce estigmas y violencias estructurales, sino que obliga al estado de Guanajuato a sancionar efectivamente estas prácticas que vulneran la dignidad, la autonomía y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

El hecho de que el Código Penal para el Estado de Guanajuato contemple la prohibición de las ECOSIG, por sí solo no garantiza justicia. Su investigación y sanción requiere personal capacitado, procesos de actuación claros, medidas de protección, procesos accesibles de denuncia y acompañamiento. El desafío debe responder al vacío de procedimiento y pruebas: no existen aún mecanismos o antecedentes para identificar, investigar y sancionar las ECOSIG en Guanajuato.

Finalmente, la resistencia una fracción de la ciudadana fue rápida al externar su intención de interponer un amparo contra la prohibición de las ECOSIG. De suceder, podría generar retrasos judiciales dando pie a un periodo de incertidumbre y retraso jurídico. En este contexto añadiendo la falta de homologación de procesos, podría convertir este avance legislativo en algo simbólico, pero sin cambios reales.

Del texto legal al acceso real

Esta realidad nos orilla a reflexionar sobre los esfuerzos que faltan para responder a retos reales e invita a mirar más allá del entusiasmo por la aprobación de la reforma. ¿Cómo garantizar que una pareja de Xichú o una joven de Acámbaro pueda ejercer estos derechos sin enfrentar múltiples barreras institucionales y sociales?

La reforma es un punto de partida, no de llegada. Se avecina una vigilancia y participación constante de todas las colectivas, organizaciones, activistas y servidores públicos que luchan desde dentro del sistema con el mismo fin: convertir el texto legal en acceso real. Los próximos meses serán clave para aplicar una política pública robusta e integral.