Matrimonio igualitario en el exterior: aún no es momento de celebrar

Por: Daniel Berezowsky

El 26 de noviembre del año pasado, mi esposo y yo nos convertimos en la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio bajo el Código Civil Federal de México. Nuestra boda tuvo que ser improvisada en menos de 72 horas, pero fue el resultado de muchos meses de lucha e incertidumbre, después de que se nos negara la solicitud que presentamos ante el Consulado General de México en Nueva York. Al final, una juez nos concedió la razón y sentenció que la Secretaría de Relaciones Exteriores debía dejar a un lado la visión intransigente y discriminatoria con la que había interpretado la ley, a fin de dar trámite a nuestro matrimonio.

Casi seis meses después, un nuevo Canciller en un nuevo gobierno emitió una circular en la que ordena a toda la red consular mexicana interpretar el Código Civil Federal con una perspectiva de derechos humanos y, de ese modo, casar a cualquier pareja sin importar el sexo de los contrayentes. Con ello, todas las parejas del mismo sexo mexicanas podrán llevar a cabo, en cuestión de horas, lo que a nosotros nos tomó mucho dinero, esfuerzo y meses de espera.

Sin duda, la decisión de la Cancillería es un giro de 180 grados frente a la postura intransigente del gobierno anterior. Es un paso en la dirección correcta, que además es congruente con la postura progresista que su titular ha demostrado por años. Pero sería extremadamente complaciente y un tanto ingenuo celebrarlo como si fuera una solución de fondo.

Lo que hizo el Canciller la semana pasada fue anunciar que dará cumplimiento a lo que, desde 2011, es la obligación constitucional de cualquier autoridad: interpretar la ley conforme a derechos humanos. Pero, justamente en ello está la fragilidad de la solución misma, pues no deja de ser una lectura favorable de una ley ambigua.

Si el Gobierno de México tiene un compromiso con los derechos humanos y en particular, como lo dijo el presidente el 17 de mayo, con respetar las libertades, no basta con interpretar la ley; hay que cambiarla. El Ejecutivo Federal debe enviar al Congreso una iniciativa para reformar el Código Civil Federal y eliminar de sus artículos todo lugar a duda frente a lo que la Suprema Corte ya sentenció: que el matrimonio es la unión entre dos personas, más allá del sexo de cada una de ellas. Hoy, el presidente de la República cuenta con las mayorías en ambas Cámaras que le permitirían lograr esa reforma. De modo que no hay razón para conformarse con una circular que es tan frágil y tan efímera como quien ocupa la oficina de la Cancillería.

Al mismo tiempo, es muy irónico que a partir de que se emitió esa circular, las parejas mexicanas del mismo sexo podremos casarnos en todo el mundo, pero todavía no en todo México. En 15 de las 32 entidades federativas sigue habiendo códigos civiles, familiares o constituciones locales que definen al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, o bien, que establecen como fin del matrimonio la procreación. Hoy, es más fácil para dos mujeres de Sonora cruzar la frontera y casarse en el consulado de México en Phoenix, que intentar el trámite en Hermosillo. Lo mismo en Yucatán, donde una pareja tendría mejor suerte yendo a Guatemala (o, para tal caso, a Campeche) a casarse, que acudiendo al registro civil en Mérida.

Esa disonancia legal es también muestra de una incongruencia narrativa del país al que aspiramos ser: uno democrático, incluyente y respetuoso de la dignidad humana. Porque mientras el matrimonio siga siendo una llave para poder acceder a la salud, a la seguridad social, a un crédito, para emigrar, visitar a un enfermo, rentar un hogar, adoptar a un hijo, heredar y obtener beneficios salariales y fiscales, entre muchos otros, limitar su acceso no puede ser calificado como algo más que un acto de absoluta y contundente discriminación.

Por eso, las y los legisladores locales tienen el deber de modificar las leyes que faltan; por eso los gobernadores deben enviar iniciativas a sus legislaturas; y por eso no basta con que el presidente se posicione en favor de la diversidad; tampoco basta con que, como se hiciera el sexenio pasado, se envíen iniciativas al Congreso que terminan abandonándose en el tintero. López Obrador tiene la obligación de hacer de la inclusión un hecho, y no solo una palabra. Es cierto que, en lo formal, las reformas pendientes dependen estrictamente de lo local; pero seríamos muy ingenuos si no aceptáramos que la voluntad política -al menos en los nueve estados donde Morena tiene mayorías suficientes- depende en gran medida de lo que se diga desde Palacio Nacional. Te toca, Andrés Manuel. No ha lugar para la ambigüedad ni el deslinde.