Maternidad o castigo: hacia la despenalización del aborto en México
Redacción Animal Político · 6 de mayo de 2025
En 2018 publicamos el informe Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México con el objetivo de describir los alcances de la penalización del aborto en el proyecto de vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Desde entonces se han producido importantes avances relacionados con el derecho a decidir, por lo que surge la necesidad de actualizar los efectos de la criminalización tomando en cuenta las más recientes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las recomendaciones de la OMS, las reformas legislativas, la implementación de políticas públicas y los logros regionales que han abierto camino para que el aborto sea reconocido como un servicio se salud y deje de ser regulado como un delito.
En este contexto presentamos el informe Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México, que analiza la evolución normativa del aborto, así como los retos que continúan vigentes dado que persiste la criminalización. Para elaborarlo, se analizaron sentencias sobre aborto, casos acompañados por GIRE de enero de 2012 a diciembre de 2023, respuestas oficiales de instituciones públicas de salud, fiscalías y el Poder Judicial, recopiladas mediante 516 solicitudes de acceso a la información y datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de 3,028 recursos periodísticos que dan cuenta del incremento de la cobertura en coyunturas específicas.
Los logros obtenidos en los últimos años a nivel legislativo y judicial han permitido que mujeres y personas con capacidad de gestar puedan acceder al aborto en 22 entidades del país. A ello se suma el cambio en la forma de referirse al tema, pues tanto las instituciones de salud como los medios de comunicación y la ciudadanía hablan más del aborto en términos de salud pública y derechos humanos. Hoy, en cada vez más espacios, se le vincula con la salud, entendida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y como parte fundamental del ejercicio de la autonomía reproductiva.
Al mismo tiempo, el cambio en los medios de comunicación ha tenido un impacto positivo en la percepción social sobre el aborto. Según datos de Mitofsky, mientras que en marzo de 2007 (un mes antes de la despenalización en la Ciudad de México) 65.8 % de las personas en el país consideraba que el aborto debía ser un delito, en octubre de 2019 (después de la despenalización en Oaxaca) esa opinión se redujo a 38.4 % y en julio de 2022 llegó a 28.1 %.
Sin embargo, aun con estos avances, tanto la criminalización como los obstáculos para acceder a servicios de aborto seguro persisten. Las instituciones de salud suelen ser las primeras en criminalizar a quienes deciden abortar o enfrentan abortos espontáneos; dejan en segundo plano la responsabilidad de brindar atención, consejería y/o acompañamiento, y actúan como entes de vigilancia, lo que propicia que se inicien procedimientos penales, incluso cuando no hay evidencia de que se haya cometido un delito.
Datos oficiales muestran que la despenalización parcial bajo el régimen de plazos y causales ha mantenido la apertura de investigaciones penales. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia CDMX, la Ciudad de México destaca como la entidad con más investigaciones iniciadas (1,337) de enero 2012 a diciembre 2022, lo cual llama la atención, pues se trata de la primera entidad que despenalizó parcialmente el aborto. Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que entre enero 2015 y agosto 2024 se registraron 1,240 carpetas abiertas en la capital, cifra que supera al resto del país.
Esto evidencia que la regulación penal del aborto promueve denuncias y barreras significativas para abortar. Además de intensificar la persecución de quienes abortan, inhibe la demanda y provisión del aborto en los servicios de salud y, con ello, contradice la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud.
Restringir a las mujeres y personas gestantes su libertad para tomar decisiones sobre su reproducción puede generar efectos nocivos sobre su salud física, al tener que recurrir a la práctica de abortos inseguros, en algunos casos, y su salud mental, por el estigma y el miedo a ser criminalizadas. En este sentido, eliminar el aborto de los códigos penales abre la puerta a una transformación social y lo desvincula de la narrativa punitiva que perpetúa tanto el estigma como la criminalización de quienes abortan.
Lograr que el aborto sea un servicio de salud accesible implica abandonar el uso del derecho penal para regularlo: debe ser un tema exclusivo de las regulaciones y de la política pública sanitarias, de modo que se asegure el suministro de información sobre el tema y se garantice su atención integral, segura y de calidad.