Matar a la democracia

En memoria de Gisela Raquel Mota Ocampo,

Presidenta Municipal de Temixco QEPD

 

México es el país de los alcaldes asesinados. Las autoridades municipales, las que deberían ser las más próximas a los ciudadanos, se juegan la piel cada que asumen el cargo. Si eres alcalde de un pequeño poblado nada te garantiza que terminarás con vida la encomienda. ¿Cómo puede un municipio con cinco o 10 policías a su mando hacer frente a auténticos batallones del crimen organizado que te quitan la vida si te pones en su camino?

Son más de setenta asesinatos contra presidentes municipales en la última década. Sólo en este sexenio, más de 40 primeros ediles han llegado al panteón por culpa de la actuación impune de las bandas del narcotráfico. Y el Estado mexicano no responde. La tragedia es que para nuestras autoridades federales, parecería normal que asesinen a un alcalde. El homicidio a sangre fría en su propia casa de Gisela Mota Ocampo, alcaldesa de Temixco, será en vano si no existe el compromiso del Gobierno Federal y de los gobernadores, de reaccionar ante esta amenaza cotidiana que carcome a nuestras instituciones.

En el Partido de la Revolución Democrática decimos un enérgico “Basta” a la impunidad que permite que el crimen organizado amenace, extorsione y asesine a quienes son encargados de proteger el interés público. Matar a un alcalde significa perder una vida valiosa al servicio de la comunidad, pero sobre todo significa un atentado contra la democracia. No actuar es consentir que el Estado de Derecho deje de existir, que la democracia se desvanezca y que nuestras instituciones continúen con su tendencia endémica a la porosidad.

[contextly_sidebar id=”TwBOx5TZUNzIcj8m9mbuGLe2lGWRfi2P”]El diagnóstico es desolador. 71.5% de los municipios en México se encuentran en vulnerabilidad ante el crimen organizado, de acuerdo a datos del investigador Edgardo Buscaglia. El nivel de Gobierno más cercano a la gente es también el más vulnerable a la presión, el chantaje del crimen organizado. Por lo tanto, es fundamental emprender una reforma profunda del municipio, para convertirlo en un Gobierno con capacidades para combatir al crimen organizado. La unión entre mandos únicos a nivel estatal, con policías municipales mejor capacitadas para atender problemas locales, es urgente. Uno de cada tres municipios en todo el país tiene menos de 10 policías, insuficientes para proveer la más mínima seguridad.

Es tiempo de replantear la estrategia contra el crimen organizado. La continuidad de una estrategia fallida, en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, nos tienen hoy en una situación de ingobernabilidad, con instituciones infiltradas y con el poder público subordinado a los designios de los capos. Es momento de caminar hacia una estrategia que conjugue mayores niveles de inteligencia, reforma de las policías estatales y municipales, y una agresiva inversión de recursos en combate a la pobreza, reducir la desigualdad y fortalecer el tejido social. El asesinato de Gisela Mota Ocampo es la comprobación del fracaso de una estrategia que sólo ha dejado muerte en nuestro país.

Esas dos reformas no pueden esperar. Sin embargo, si no se actúa de inmediato, los alcaldes seguirán siendo objeto de amenaza e intimidación por parte del crimen organizado. Dos propuestas que deben ser puestas a andar en automático:

1) La elaboración del protocolo de defensa de la integridad de los presidentes municipales en el país. El protocolo debería especificar los cánones de actuación de las fuerzas públicas, mecanismos de defensa de alcaldes en zonas con altos índices de violencia y recursos específicos para la protección de los representantes de la ciudadanía.

2) La formación de una fiscalía federal especializada en el combate a los delitos que afectan a las autoridades municipales, con recursos constitucionales y con los aparatos necesarios para la protección de los ediles en situación de riesgo.

México atraviesa por un periodo de ingobernabilidad, en donde ser alcalde es un trabajo de alto riesgo. Es tiempo de poner en marcha las reformas institucionales necesarias a nivel nacional para evitar que las autoridades municipales sigan siendo presas de ataques y amenazas por parte del crimen organizado. En juego no sólo está la estabilidad y la paz del país, sino también nuestra democracia, imperfecta y con problemas a resolver, pero que nos permite elegir a nuestros representantes, que la soberanía recaiga en el pueblo y no en los delincuentes.

 

* Verónica Juárez Piña es Secretaría de Gobierno y Enlace Legislativo del CEN del PRD.