Mejor prevenir que no sancionar ni recuperar lo perdido

Por: Armando Islas Delgadillo (@HarmandoIslas)

El fenómeno de la corrupción es complejo, volátil, ágil, y puede tomar diferentes formas en función de la fase del ciclo de vida de los programas o proyectos gubernamentales en que se presente. Por tanto, enfrentarlo requiere de distintas estrategias con énfasis en la prevención, identificación, o en la coerción. Lo que se muestra en las siguientes líneas es un análisis que abona al diseño de una estrategia para afrontar la corrupción.

En nuestros días, después de la inseguridad pública, el problema que mayormente preocupa a los mexicanos es la corrupción. Según un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ), 92 % de los encuestados afirman que en México existe corrupción y el 73.8 % opina que acontece en el sector público[1]. Datos del INEGI ponen a la corrupción en el segundo lugar de importancia respecto de los problemas nacionales, incluso por encima del desempleo, la educación y la pobreza[2].

Al respecto, y desde un enfoque causa – efecto, si queremos resolver el problema de la corrupción tenemos que ahondar en sus causas, en los por qués, y con base en ello comenzar a elaborar una estrategia de combate. El mismo estudio del IIJ arroja un dato muy ilustrativo de diagnóstico que responde a la pregunta relacionada con el lugar de ocurrencia de la corrupción, es decir: ¿En dónde se da el fenómeno? ¿En los niveles altos, medios o bajos de gobierno? ¿En los ámbitos federal, estatal o municipal? En ese sentido, los datos disponibles arrojan luz a estas preguntas: desafortunadamente sucede en todos los niveles, aunque en distintas proporciones. El 47.5 % de la población percibe que hay más corrupción en los niveles altos, a diferencia de los niveles medios (20.7 %) y bajos (21.1 %). Adicionalmente, información de los procedimientos iniciados por los órganos Internos de control de las instituciones federales para investigar y sancionar conflictos de interés muestran que la mayor parte de las sanciones ha sido para mandos medios: subdirectores de área (17.3 %), jefes de departamento (13.3 %), y directores de área (12.4 %).

Ahora bien, hasta aquí sabemos que la corrupción es un problema, y que no es privativo de algún espacio de gobierno en particular, pero ¿qué sabemos del por qué ocurre y qué se ha hecho al respecto? Con estas dos respuestas nos acercamos un poco más hacia las posibles causas y algunas soluciones practicadas y los resultados alcanzados. Sobre esta línea, uno de los organismos encargados de fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos (federales) es la Auditoria Superior de la Federación (ASF)^[3], que anualmente integra informes sobre las auditorías practicadas en un año fiscal. Entre los resultados más próximos de las auditorías recientes (2014 y 2015) es posible conocer algunas de las razones que dieron origen a manejos irregulares de los recursos públicos, y al mismo tiempo se informa sobre los avances correctivos en ese aspecto.

En primer lugar, las problemáticas encontradas como determinantes de las fallas en la gestión pública son las condiciones del contexto político y jurídico que originan las dificultades de actuación que tienen los organismos fiscalizadores estatales (EFSL)[4]. Estas instituciones pares de la ASF carecen de “dientes” para sancionar y aplicar debidamente el cumplimiento de la normatividad en sus respectivas jurisdicciones, es decir su autonomía e independencia está limitada en mayor o menor medida. Otro determinante mencionado es la debilidad de las finanzas públicas estatales y municipales. Se explica en los informes que debido a la falta de recursos que tienen las entidades federativas y municipios para satisfacer sus necesidades de gastos, se ha optado por desviar los recursos federales (etiquetados) hacia erogaciones estatales, las cuales deberían ser cubiertas con cargo a los rubros y partidas estatales o municipales. Esta causa se agrava por los bajos márgenes de recaudación que registran las entidades.

Otros factores mencionados también son la débil capacidad técnica institucional de las entidades federativas y municipios para ejercer el gasto con eficiencia y efectividad, y el no reintegro de los de los recursos observados a la Tesorería de la Federación, pues se depositan a las cuentas bancarias de los fondos y programas. Estos determinantes requieren de una atención directa y efectiva, debido a que aún subsisten desde 2013. Por tanto, es importante fortalecer las condiciones normativas, institucionales, técnicas y de gestión en las entidades federativas y municipios para establecer un terreno apropiado que contribuya a la estrategia del combate a la corrupción.

En este orden de ideas, la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflicto de Interés (UEEPCI) de la SFP elaboró recientemente un diagnóstico sobre sobre la evolución de los procedimientos de investigación y responsabilidad iniciados por los órganos internos de control de la Administración Pública Federal en el periodo de abril de 2002 a julio de 2016. A grandes rasgos, los resultados son alentadores: del total de procesos iniciados se lograron obtener 426 sanciones firmes, lo que significa que en el 75.9 % de los casos se mantuvo la sanción a pesar de que fueron impugnadas 4 de 10 sanciones. Sin embargo, todavía tenemos un tramo importante pendiente en cuanto a la identificación y eventual sanción de actos de conflicto de interés en áreas de alto riesgo. Debemos enfocar la vigilancia de posibles violaciones a dos leyes marco que norman áreas de alto riesgo en cuanto al conflicto de interés: la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM). Respecto del total de procedimientos iniciados, una mínima proporción correspondió a estos ordenamientos legales: solo 1.04 % y 0.0004 %, respectivamente.

De lo expuesto hasta aquí resaltan dos conclusiones. La primera es que la corrupción es un problema público nacional que urge enfrentar, y que existen datos e información útil para combatirla, tanto en los estudios de percepción como los informes de la ASF y la SFP, y es hacia donde se deben enfilar las baterías y plantear los objetivos. Por ejemplo, dotar de autonomía a los EFLS y contralorías locales; revisar la normatividad en términos prácticos y “limpiar” el marco legal del ejercicio de recursos públicos, para darle una alta dosis de efectividad a las sanciones por incumplimiento de la normatividad. De otra forma, el camino hacia el combate a la corrupción será todavía más complejo y con pocas posibilidades de salir victoriosos. De no corregir estas situaciones determinantes de las persistentes fallas de gestión, posiblemente continuarán jugando a favor de la corrupción.

La segunda tiene que ver con la efectividad en la detección y sanción de conductas o actos en áreas de alto riesgo. Es mayormente benéfico, y pragmático, prevenir que sucedan las fallas administrativas (graves y no graves), así como los actos de corrupción que -con base en los resultados de los últimos 12 años- tienen una efectividad de apenas el 3.4 %, además de los costos que lleva todo el proceso y el nanoefecto preventivo que ejerce en los servidores públicos. Este último elemento es por demás transcendental, pues el incentivo que se está generando es perverso, debido a que la probabilidad de ser sancionado es muy pequeña, y la de no serlo es muy alta.

 

* El Dr. Armando Islas Delgadillo es Profesor Investigador Asociado de la UAM Cuajimalpa. Tiene amplia experiencia docente en diversas universidades públicas y privadas. Ha colaborado en como consultor en organizaciones públicas y sociales en distintos proyectos de modernización institucional, en específico, en el seguimiento, implementación y evaluación.

 

 

[1] Biblioteca Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales. Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad. IIJ-UNAM, 2015.

[2] INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 (ENCIG). Tabulados básicos.

[3] La misión de la ASF es revisar el cumplimiento de los objetivos de políticas públicas y programas de gobierno, además de observar el adecuado desempeño de la gestión gubernamental y la administración del ingreso y gasto público, mediante auditorías, a todos los organismos públicos federales, estatales y municipales, que hagan uso de recursos pertenecientes a la federación para su ejercicio. Consultado aquí.

[4] Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas.