Más pobreza, mayor desigualdad y graves carencias

Los hallazgos y la evidencia de la ENIGH 2016 y de la nueva medición de la pobreza de CONEVAL son contundentes y obligan a reflexionar, no a festejar reducciones mínimas.

• Hay más pobres que al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto. Hay 60 mil personas más en pobreza que hace 4 años. Se redujo entre 2014 y 2016, pero incluso así no se logró revertir el crecimiento que hubo entre 2012 y 2014.
• México está entre las 15 economías más fuertes del mundo, pero paradójicamente tiene la mitad de su población sobreviviendo con ingreso insuficiente para lo más básico (50.6 % de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar, lo que equivale a 62 millones de personas).
• La desigualdad, que cada vez nos divide más, ha crecido: los 3.5 millones de hogares más pobres reciben un ingreso menor a $ 92 diarios, para una familia de 4 personas o más. Son $ 2,722 al mes. Mientras que los 3.5 millones de hogares más ricos reciben ingresos por casi $ 2 mil pesos al día. Son $ 56,285 pesos por día, para familias de 3 personas.

Ante la brutalidad de estos datos resultan inaceptables las medidas cosméticas que lo único que pretenden es maquillar la realidad. Si el combate a la pobreza y la desigualdad avanzara a golpe de ceremonias oficiales y discursos presidenciales, iríamos por buen camino.

Las nuevas cifras se empeñan en recordarnos nuestra dolorosa realidad. Necesitamos acción, ya no más simulación. Urge un nuevo modelo económico y social incluyente y con enfoque de derechos para hacer frente de manera efectiva a la pobreza y la desigualdad.

De acuerdo con las cifras de CONEVAL para 2016:

• Solo el 6 % de las personas indígenas no presentan carencias sociales o de ingreso. Casi 3 de cada 4 viven en pobreza (72 %) y 4 de cada 10 no tienen ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria (42 %).
• Los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz aumentaron su población en pobreza, ampliando la brecha de desigualdad entre el sur y el norte.
• La falta de seguridad social afecta 68 millones y medio de personas (56 %). Esto pese a que la forma de medir la carencia no contabiliza a quienes reciben programas sociales de adultos mayores, aunque no tengan salud o pensión del IMSS o ISSSTE.

Las apariencias engañan

Por otra parte, hay que tener cuidado, en algunos casos se trata de cifras no comparables, o que en muchos casos no cambian la realidad.

Las mínimas reducciones en la carencia “rezago educativo” se explican sobretodo por que niñas y niños menores de 6 años que asisten a guarderías ahora son considerados en “educación preescolar” pese a que su funcionamiento y actividades sigan siendo iguales, y en realidad sean espacios de cuidado y no centros educativos.

Las reducciones en la carencia por “acceso a servicios de salud” se explican sobretodo –desde hace 15 años al menos – por la afiliación de quienes carecen de seguridad social, al “Seguro Popular”. Sin embargo, esta afiliación no garantiza su acceso efectivo a los servicios. Además de que de acuerdo al mandato de la Ley, esta carencia debería estar en “cero” por el compromiso de la cobertura universal en salud que debería haberse alcanzado en 2010.

Especial cuidado debe tenerse con la cifra de pobreza extrema. Parecería que México por fin está logrando reducir esta condición inhumana de carencia aguda. El dato oficial para 2016 la ubica en 7.3% y contabiliza “únicamente” a 9.4 millones de personas en esta situación.

En realidad, y también con los datos oficiales de CONEVAL, sabemos que hay más de 21 millones de personas que carecen de ingreso insuficiente para adquirir alimentos. (Ver imagen de tabla CONEVAL. Resaltados por nosotros).

Estos 21 millones de mexicanos, son el 17.5 % de la población. De acuerdo a parámetros internacionales se ubican en condición de pobreza extrema por carecer el ingreso suficiente para una canasta mínima de alimentos. Estarían en “pobreza alimentaria” de acuerdo a las categorías usadas en México hace pocos años.

Esta condición extrema afecta especialmente a la población indígena: 42 %. Y también a quienes viven en zonas rurales: 29 %.

En algunos estados del sur del país, una gran parte de la población carece de ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria. En Chipas es la mitad de la población (49.9 %); en Oaxaca son 4 de cada 10 (40.2 %); en Guerrero es más de la tercera parte (35.2 %); en Veracruz es casi la tercera parte de la población (30.6 %), que se ubican en “pobreza extrema por ingresos”.

Urge un nuevo rumbo para crear un modelo que logre cohesión social

Desde la sociedad civil no aceptamos que las cifras sirvan para festinar o para denostar como actos de campaña. Los discursos políticos que no generan propuestas de cambio para hacer frente a la pobreza y la desigualdad de manera efectiva, solo persiguen fines electorales y ningún efecto social.

La medición de la pobreza constituye un llamado de atención que exige acciones inmediatas. No podemos esperar al próximo gobierno, hay medidas urgentes que se pueden tomar desde el gobierno federal y desde los gobiernos locales.

Especial responsabilidad tienen los gobernadores que iniciaron su mandato en 2015 ó 2016. La gran mayoría cuentan con tiempo suficiente para hacer un cambio de rumbo y romper la inercia de programas dispersos, clientelistas, paternalistas y disociados del desarrollo regional, el fomento productivo y las políticas de inversión.

No habrá resultados sustanciales y sostenidos frente a la pobreza y la desigualdad si no se abandonan políticas empobrecedoras. Tampoco si no se establecen modelos incluyentes y que reduzcan brechas de desigualdad.

Algunas propuestas para empezar a construir este nuevo modelo son:

1. Erradicar políticas que generan pobreza. Por ejemplo, las de CONASAMI. Recuperación gradual del salario mínimo para que sea suficiente. El salario mínimo debe para cubrir el costo de la canasta básica para una persona antes de terminar 2017 (Al menos $ 94.00)
2. Eliminar discrecionalidad y clientelismo en los programas. Crear el Registro Ciudadano con enfoque de derechos e inclusión social, que funcione como Padrón único, obligatorio para los tres órdenes de gobierno, en la asignación de transferencias y apoyos a hogares y personas.
3. Garantizar acceso efectivo a la salud. Garantizar la transparencia y eficiencia en los recursos del “seguro popular” y asegurar el acceso efectivo a consultas, medicamentos y tratamientos para todas las personas afiliados y avanzar en afiliación hasta lograr la cobertura universal de salud.
4. Reducir drásticamente los programas regresivos del campo y asignar más recursos para programas destinados a pequeños productores, especialmente indígenas y campesinos, con mecanismos de capital de riesgo, fomento al asociacionismo y en general a la economía social y la propiedad colectiva de empresas integradoras.
5. Eliminar los programas duplicados y paternalistas y crear un sistema universal de protección social. Integrar un fondo para crear un sistema universal de protección social que establezca una pensión garantizada para adultos mayores y para personas con discapacidad o incapacidad para trabajar, así como servicios de cuidado y acceso universal a la salud.

Todo esto aplicando el enfoque de derechos previsto en el art. 1º de la Constitución.

 

 

@FrenteaPobreza