Más drogas, menos delito

Durante tres décadas, la incidencia delictiva en Estados Unidos se movió en una sola dirección: hacia arriba. Entre 1960 y 1990, la tasa de homicidio se duplicó, el número de delitos patrimoniales por cada 100 mil habitantes se triplicó y el de delitos violentos se quintuplicó. La tendencia parecía irrefrenable: todavía a inicios de los noventa, algunos especialistas advertían incluso del surgimiento de una generación de “super-depredadores” que provocarían una explosión criminal nunca antes vista.

De pronto, hacia 1992, sucedió lo que todo mundo suponía imposible: la incidencia delictiva empezó a bajar. Y bajar y bajar y bajar. Para 2010, tanto los delitos violentos como los patrimoniales se habían desplomado 50% y la tasa de homicidio había regresado a los niveles de 1960.

Para explicar esa inesperada disminución, se han construído teorías con todo tipo de variables, desde el cambio en las tácticas policiales hasta la legalización del aborto, pasando por la eliminación del plomo en las gasolinas. Pero, sorprendentemente, no se había explorado un factor que  parecería bastante obvio: el precio de las drogas.

En un artículo reciente titulado igual que esta entrada (sí, me fusilé el título ¿y qué?), cuatro investigadores del John Jay College of Criminal Justice recopilaron información de precios al menudeo de heroína, cocaína y crack en Nueva York entre 1982 y 2007, y la cruzaron con la incidencia de tres delitos (robo, lesiones y homicidio) en la misma ciudad para el mismo periodo. Aunque con variaciones, encontraron una correlación positiva y robusta entre los precios y la frecuencia de los delitos. Dicho de otra manera, mientras más bajaban los precios, menos delitos se cometían.

¿Cuál es la teoría detrás de esa relación estadística? Una muy sencilla: los elevados precios de las drogas a principios de los ochenta atrajeron a nuevos distribuidores, creció la oferta y, en consecuencia, se redujeron los precios. La caída de precios no fue compensada plenamente por el incremento en el número de consumidores y, por tanto, se redujo el tamaño del mercado. Ese nuevo entorno produjo varios cambios de primer orden:

• Las organizaciones de distribución tuvieron que reducir la nómina y recurrir más a menudistas independientes: en efecto, se achicaron.
• Ante menores precios, los distribuidores y los menudistas estuvieron menos dispuestos a correr riesgos y, en consecuencia, la comercialización se volvió más discreta (menos ventas en vía pública, más entrega a domicilio). Todos los participantes se volvieron más cuidadosos para no atraer la atención de la policía.
• Los menores precios redujeron el número de interacciones entre consumidores y vendedores: los consumidores podían comprar más volumen (ajustado por pureza) de un jalón.
• Más importante, los consumidores necesitaron cometer menos delitos para financiar su consumo.

La teoría es, en suma, que los menores precios de las drogas arrojaron al mercado hacia un equilibrio de baja violencia. Y eso puede ser correcto o no para el caso de Nueva York, pero si esboza algunas lecciones importantes para el caso de México:

• Los mercados ilegales no son inmunes a la ley de la oferta y la demanda: más oferta o menor demanda equivale a menores precios y viceversa
• La delincuencia, organizada o no, responde a las señales de mercado. Sus estructuras, sus formas de operación y su disposición a usar la violencia no son fijas: dependen, más de lo que imaginamos, de las condiciones que prevalecen en los mercados en los que participan.
• Hay muchos equilibrios posibles en un mercado ilegal: no hay una relación constante entre ilegalidad y violencia, aún dentro del mismo mercado.
• El contexto importa: como se venden y como se compran las drogas o cualquier otra mercancía ilegal son variables de primer orden para entender fenómenos delictivos más amplios.

Más en concreto, si la teoría es razonablemente correcta, es posible que, por pura operación del mercado, experimentemos una reducción de la violencia en los próximos años. En otro momento, argumenté que una las causas posibles de la explosión de violencia en México a partir de 2008 fue un incremento excepcional de los precios de la cocaína en Estados Unidos entre 2007 y 2009. Pero esos precios extraordinariamente altos deberían de tener dos efectos: 1) entrada de nuevos participantes (es decir, más personas y grupos dispuestos a correr el riesgo de contrabandear cocaína), y 2) menos consumo de cocaína.  De lo segundo, ya tenemos evidencia bastante concreta: de 2006 a 2010, se redujo 25% el número de consumidores de cocaína en Estados Unidos (según encuestas de adicciones).

El efecto combinado va a ser menores precios. Y con precios más bajos, va a disminuir el tamaño y la disposición al riesgo de las organizaciones criminales, así como el número de interacciones entre vendedores y compradores. Con un poco de suerte, eso podría derivar en un equilibrio con mucho menos violencia que hoy.

¿Entonces no hay de que preocuparse? ¿Todo se va a arreglar sólo? No necesariamente: si no diseñamos adecuadamente nuestra política antinarcóticos, podríamos de nueva cuenta empujar los precios hacia arriba ¿Y cuál sería un diseño adecuado? No hay respuesta única, pero en términos muy generales, la política contra las drogas debería de buscar expresamente que los precios sean lo suficientemente altos para evitar un incremento explosivo del consumo y suficientemente bajos para preservar un equilibrio de baja violencia. Hay maneras de hacerlo: aquí pueden ver mis propuestas específicas sobre el tema.

Ya me dirán si les parecen adecuadas o no mis ideas. Pero lo importante es recordar algo que ya les comentado antes: la gente (y eso incluye a los criminales) responde a incentivos. Todo lo demás es comentario.