Más austeridad y menos salud

Este 29 de mayo, el gobierno federal eliminó mediante un decreto tres instancias de salud mental y atención a personas usuarias de sustancias para crear una sola: la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, un nuevo órgano subordinado a la Secretaría de Salud mediante el que se pretende elaborar políticas públicas y programas de promoción, prevención y atención a la salud mental, así como al consumo y dependencia a sustancias. ¹

Con la aparición de esta nueva comisión se extinguió el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, cuyo objeto era mejorar y ampliar los servicios de salud mental, brindar servicios de calidad con equidad y respeto pleno a los derechos humanos. También se eliminan los Servicios de Atención Psiquiátrica, cuyo objeto era contribuir a la reducción de la brecha de atención psiquiátrica mediante la prestación de servicios integrales especializados, con enfoque comunitario, de calidad y con pleno respeto a los derechos humanos y, finalmente, desaparece la Comisión Nacional contra las Adicciones, que era encargada de ejercer las atribuciones que las leyes y demás disposiciones aplicables otorgan a la Secretaría de Salud en materia de prevención y control de las adicciones.

La pregunta que surge es: ¿por qué si ya existían órganos diseñados para atender la salud mental y el consumo dependiente de sustancias se creó uno solo para ambos temas? Parte del decreto expresa que se debe principalmente a la “política de austeridad”, lo que antes hacían tres instituciones ahora lo hará una sola. Esto es, por lo menos, inquietante, debido a que la fusión -sin duda- podría traducirse en el menoscabo de capacidades institucionales, lo que profundizará la falta de acciones eficientes para concretar un cambio de paradigma en la atención a personas con neurodivergentes y usuarias de sustancias, que anteponga su salud y finalice con un discurso discriminatorio.

El tema de esta reestructuración es que la dependencia o consumo problemático de sustancias es un problema de salud pública que requiere de un tratamiento apropiado basado en pruebas empíricas y además debe aplicar un enfoque que reconozca las realidades del consumo y la dependencia de las drogas, ² enfoque que será muy difícil de aplicar cuando, ya desde antes de este decreto, las acciones por parte del gobierno federal para tratar el tema era básicamente escasa y, muchas veces, inadecuada.

Muestra de la falta de acciones eficaces en la materia fue la decisión de cancelar la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en el año 2022, justificándose, como en esta ocasión, en una política de austeridad nacional, cuando la finalidad de esta encuesta era generar evidencia para crear políticas públicas que atendieran de forma oportuna el fenómeno del consumo de sustancias provenientes del mercado ilegal de drogas o de sustancias legales como el alcohol y el tabaco, reconociendo cada una de las dimensiones de este fenómeno en la población. ³

De la misma manera, la atención a la salud mental amerita instituciones exclusivas capaces de ofrecer diversidad de alternativas de atención que promuevan la inclusión social y  comunitaria, iniciar un proceso de desinstitucionalización de las personas con discapacidad, propiciar apoyos para recuperación centrados en la voluntad  y preferencia de las personas sin enfoques coercitivos ni regímenes de internamientos violatorios de derechos humanos, así como poner al centro a las personas usuarias. ⁴

Otro inconveniente que se origina a partir de esta reestructuración es que los actos de discriminación y estigma que los sistemas de atención a la salud ejercen contra  las personas con dependencia al consumo de sustancias, se extienda a las personas con condiciones diversas de salud mental que se originaron por otros factores. Y es que las personas usuarias de sustancias psicoactivas viven múltiples estigmas por la aplicación de leyes punitivistas o por tratamientos obligatorios. ⁵

Una posibilidad más es que las personas que acudan a las instituciones dependientes de la nueva Comisión continúen  siendo internadas en centros de detención obligatoria de personas consumidoras de sustancias, instituciones psiquiátricas y otras instancias de atención en régimen de segregación a largo plazo, ⁶ puesto que la prohibición de las drogas y su criminalización provoca que, en primer lugar, exista encarcelamiento o aislamiento para apartar a las personas consumidoras de los servicios de salud, mientras que el internamiento es un método generalizado de atención a personas neurodivergentes.

Y es que el hecho de que una sola institución se encargue de los temas de salud mental sin atender las particularidades y los factores propios de estas dos poblaciones -si bien pueden tener algún grado de relación en casos particulares- hará propensas a las personas a las dobles capas de discriminación: a las que están expuestas las personas con dependencia o uso problemático de sustancias, por un lado y, por el otro, de personas con discapacidades mentales o psicosociales. La continuidad de un sistema que criminaliza el consumo de drogas y que no implementa políticas que se fundamenten en los principios de salud pública y de derechos humanos aumenta esta posibilidad. ⁷

Entre todas las facultades que tiene la nueva Comisión una de las más llamativas  es la que tiene para diseñar, producir y difundir materiales audiovisuales, auditivos e impresos de comunicación educativa, social y de riesgo en materia de salud mental y adicciones, así como de dirigir y coordinar la Red Integrada de Servicios de Salud Mental y Adicciones y el Centro de Atención Ciudadana “Línea de la Vida”; esto en apariencia no tiene gran relevancia, sin embargo la campaña de comunicación y programa gubernamental sobre adicciones “Juntos por la Paz” del gobierno ha dejado ver que carecen de contenido informativo basado en evidencia para disuadir del consumo de drogas y, por el contrario, se  encamina a reproducir  estereotipos, criminalización y estigma sobre las personas usuarias, desde representarlas en situaciones de pobreza extrema o marginalización hasta compararlas con los nazis en la segunda guerra mundial. Bajo ninguna situación esto puede ser visto como una medida gubernamental que se conduzcan bajo el respeto y la promoción de los derechos humanos.

En conclusión, la creación de la nueva Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones demuestra que no se le está confiriendo la importancia necesaria el tema de atención a consumo de sustancias y la salud mental, ni que se esté cambiando la perspectiva sobre cómo se debe de atender el tema, porque no se basa, en principio, en evidencia ni impulsa la generación de datos sobre los que se puedan sustentar políticas públicas eficaces que atiendan la salud y consideren la reducción de daño al tiempo que garantizan el derecho a la salud sin obstaculizarlo con base en consideraciones políticas, jurídicas ni culturales. Además, la nueva Comisión puede extender la discriminación y estigmatización a la población a la que esta dirigida, al tiempo que mantendrá la ejecución de una campaña comunicativa centrada en mantener estereotipos asociados al consumo de sustancias que incitan a la exclusión y la discriminación de las personas.

* Fernanda Rebollar Cortés es abogada por la UNAM e integrante del área de Litigio Estratégico de México Unido Contra la Delincuencia A.C., donde ejecuta estrategias jurídicas en defensa y protección de los derechos a la seguridad y la justicia.

 

¹ Secretaría de Salud, Se crea Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones por decreto publicado en el DOF. Disponible aquí.

² Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, A/65/255.

³ Comisión Nacional contra las Adicciones, Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, 2016. Disponible aquí.

⁴ Documenta, análisis y acción por la justicia social A. C. ¿Por razón necesaria? Violaciones a los derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México, 2020. Disponible aquí.

⁵ Ob. Cit,  Naciones Unidas, A/65/255.

⁶ Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, A/HRC/38/36.

⁷ Ibid.