Pensar la reinserción social desde un enfoque comunitario

El concepto de reinserción social comúnmente se asocia con procesos que ocurren al interior de los centros penitenciarios. Sin embargo, quedarse con esa impresión no deja observar que dicho proceso se extiende más allá del momento en que una persona recupera su libertad.

El Estado tiene la responsabilidad de proporcionar servicios post penales orientados a que las personas que han cumplido una sanción penal puedan ejercer plenamente sus derechos y libertades.1 Tales servicios están enfocados en las necesidades de las personas y suelen atender áreas como trabajo, educación, salud física y mental, acceso a vivienda, recuperación de documentos de identidad, entre otras.

Pero la reinserción social también puede adquirir un enfoque distinto. Las personas privadas de la libertad provienen de comunidades específicas a las cuales, muy probablemente, regresarán una vez que hayan cumplido con sus sentencias. Se trata de lugares físicos, pero también de espacios de socialización, en los que las personas deberán emprender nuevamente una vida en libertad.

Bajo esta premisa, desde CEA Justicia Social llevamos a cabo un proceso de investigación que permitiera conocer un poco más sobre las comunidades de las personas privadas de la libertad. Mediante solicitudes de información pública se pudieron conocer los lugares de origen a nivel municipal y colonia de varios estados del país. Con base en aproximaciones cuantitativas y cualitativas, profundizamos sobre las características que presentan estos espacios. Aquí presentamos algunos hallazgos del caso de Ciudad de México.

En primer lugar, es importante señalar que la distribución de estas comunidades no es homogénea en la ciudad. Observamos que las alcaldías que presentan mayores tasas de personas privadas de la libertad por 100 mil habitantes son Cuauhtémoc con una tasa de 445.1 y Venustiano Carranza con 388.4 personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes. A estas les siguen Iztacalco con 288.6, Iztapalapa con 275.1, Miguel Hidalgo con 249.5, Azcapotzalco con 237.9 y Gustavo A. Madero con 226.5. 2

Por otra parte, también detectamos que 28 colonias de la ciudad concentran el 25 por ciento del total de personas egresadas del sistema penitenciario. Tales espacios se concentran principalmente en las alcaldías con mayores tasas de personas privadas de la libertad. Destacan zonas ubicadas al centro y oriente de la ciudad, aun cuando hay puntos específicos al sur y al norte que aportan una cantidad de personas al sistema penitenciario. 3

Estos datos, en sí mismos, muestran la relevancia de no desligar la reinserción social de los contextos de donde provienen las personas, y obliga a reflexionar por qué estas comunidades aportan una proporción tan importante de personas privadas de la libertad en la ciudad. Apuntan al hecho de que pueden existir puentes entre la cárcel y los entornos comunitarios que van más allá de la historias individuales, pues implican condiciones estructurales y colectivas.

En este sentido, los entornos pueden presentan condiciones que obstaculizan los procesos de reinserción social. Así, como un segundo hallazgo, encontramos que durante 2020 las alcaldías con altas tasas de personas privadas de la libertad tienden a ser también las que presentan mayores tasas de homicidios, robo violento o narcomenudeo. Una relación similar se observó a nivel colonia.4 Es decir, los lugares de origen y/o retorno de las personas privadas de la libertad si bien no presentan delitos comunes o menores (que en su mayoría estas actividades son las que tienen a más de la mitad de las personas en prisión), sí tienden a ser espacios con altos niveles de violencia letal.

Finalmente, como parte de nuestra investigación, analizamos si en los lugares de origen de las personas privadas de la libertad se presentaban también mayores niveles de carencias sociales.5 El análisis de datos no permitió establecer una relación entre estas variables, sin embargo, el trabajo de campo mostró que las personas que habitan estos espacios perciben que el acceso a servicios y las oportunidades para el ejercicio de derechos son desiguales frente a otros espacios de la ciudad.

En ambos casos, tanto los contextos de violencia como las desigualdades en el acceso a servicios representan condiciones de inseguridad que afectan a todas las personas que habitan esos espacios, pero por su situación específica pueden amplificar formas de exclusión para quienes recién recuperan su libertad. Por eso, su adecuada atención va más allá de las estrategias que puedan desarrollarse en el ámbito individual.

Por eso consideramos que la reinserción debe pensarse desde un enfoque integral, el cual puede conectarse con estrategias en al menos dos sentidos: 1) de prevención orientadas no solo a garantizar la reinserción y evitar la reincidencia, sino también a evitar que las personas lleguen a la cárcel, y 2) de atención de las características de desventaja social que pueden limitar el acceso a derechos una vez que las personas vuelven a sus comunidades.

La reinserción social no concluye cuando las personas recuperan su libertad. Tomar en serio esta premisa pasa por adoptar una perspectiva social y comunitaria de este proceso.

* El Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social (@CeaJusticia) es una organización de defensa de derechos humanos que busca contribuir al acceso a la justicia social y la reinserción de las personas, familias y comunidades en conflicto con la ley, o con experiencias de violencia en México, mediante el fortalecimiento de la participación comunitaria y el ejercicio efectivo de sus derechos.

 

 

 

1 Artículo 207 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

2 Los datos se construyeron a partir de información proporcionada por la Subsecretaría del sistema Penitenciario.

3 Información proporcionada por la Dirección General del Instituto de Reinserción Social de Ciudad de México.

4 En el caso de otros delitos, como robo sin violencia, la relación con respecto a las tasas de personas privadas de la libertad es menos clara.

5 Se utilizaron indicadores como la población sin escolaridad básica completa, derechohabiencia a servicios de salud, desocupación y servicios dentro de la vivienda.