Marisela Escobedo y la guerra contra las drogas

La semana pasada se estrenó el documental “Las tres muertes de Marisela Escobedo”. Mientras lo veía viví varios sentimientos, pero sobre todo mucha rabia y mucha tristeza. “Justicia, privilegio de gobiernos”, así decía la pancarta con la que Marisela protestaba afuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua la noche que la asesinaron, a los ojos de todos, y con el permiso e indiferencia del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien tiene en su contra un total de 21 ordenes de aprehensión por los delitos de enriquecimiento ilícito, defraudación, asociación delictuosa, entre otros.

Pensé en la detención de Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue titular de la SEDENA durante el sexenio de Peña Nieto. Sinceramente, una detención que no imaginaba posible.

Durante su mandato hizo todo lo posible parar ocultar las violaciones graves a derechos humanos cometidas por militares. En Tlatlaya, de las 22 muertes, según la recomendación emitida por la CNDH, entre 12 y 15 personas fueron ejecutadas por militares1. La orden que tenían era “abatir delincuentes en horas de oscuridad”2. En el caso de Ayotzinapa, obstaculizó la investigación y rendición de cuentas impidiendo que expertos internacionales pudieran entrevistar a los militares del 27 Batallón de Infantería. A sus soldados nadie los tocaba.

¿Y qué relación tiene la detención del general Cienfuegos con el asesinato de Marisela Escobedo? Marisela fue una mujer que utilizó todos los medios legales, primero, para hacer responsable al feminicida de su hija Rubí de 15 años, cuyo cuerpo fue quemado y abandonado en un terreno en donde se tiran desperdicios. Una vez que Sergio Barraza fue declarado culpable, recorrió el estado de Chihuahua para encontrarlo, y así lo hizo. No obstante, durante el operativo el sentenciado escapó.

Marisela y su familia también descubrieron que Sergio Barraza formaba parte del Cártel de los Zetas, organización que surgió y se fortaleció por la estrategia del Estado mexicano, la guerra contra las drogas, una guerra que le ha arrebatado la vida a miles de personas. Una guerra que ha afectado de manera diferenciada a las mujeres, en nuestros cuerpos, en nuestros derechos.

En su informe especial sobre los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán, la CNDH documentó cómo la “delincuencia organizada” utilizó la violencia en contra de las mujeres y niñas para infundir terror en la comunidad, por las relaciones afectivas, como hijas, madres, esposas, compañeras o hermanas, de aquellos que se trataban de resistir o negar ante las exigencias de éstos.3 Históricamente en los conflictos armados alrededor del mundo, ejércitos y grupos armados han utilizado la violencia sexual como una táctica de guerra4 utilizando los cuerpos de las mujeres como campo de batalla y dominio del enemigo. No cabe duda que en México las mujeres somos carne de cañón.

Catherine O’Rourke en su libro “Gender Politics in Transitional Justice” estudia cómo no se puede separar la violencia pública sucedida en países en conflicto armado de la violencia privada. El impacto es sustancial. Las decisiones que ha tomado el Estado tienen efecto en nuestras vidas, en las violencias que vivimos y a eso tampoco se le puede llamar daños colaterales. Lo anterior lo podemos observar en la manera en la que la violencia feminicida ha evolucionado y se ha diversificado.

En su más reciente informe titulado “Las dos guerras”, la organización feminista Intersecta presentó en su investigación cambios importantes en los asesinatos cometidos en contra de mujeres y hombres. Antes, la mayoría de las mujeres eran asesinadas en casa. Pero, a partir de 2009, los asesinatos en el espacio público rebasaron a los cometidos en la vivienda. Después del 2007, los asesinatos de mujeres con arma de fuego se volvieron más frecuentes.5

A Marisela Escobedo y a miles de mujeres más las ha matado el narcoestado, por su impunidad y corrupción, pero también, y digámoslo fuerte y con firmeza, por la violencia en su estrategia, por su militarización. Salvador Cienfuegos está siendo procesado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero, pero sigue pendiente la justicia a miles de mexicanas y mexicanos. Nos siguen debiendo nuestro derecho a la verdad y reparación por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato.

Por todas las Maricelas y Rubís a las que han masacrado y silenciado, me quedo con la lucha y resistencia de las madres, con su búsqueda inalcanzable de justicia y de verdad. Aquellas que de ser víctimas se han convertido en defensoras de los derechos humanos a causa de esta lamentable guerra contra las drogas. Necesitamos poner la mira sobre estrategias de seguridad que verdaderamente nos garanticen la paz.

@CirculoAnalisis

 

1 Recomendación No. 51/2014: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recuperado el 20 de octubre de 2020, de aquí.

[2]Tlatlaya a un año: La orden fue abatir: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. Recuperado el 20 de octubre, de aquí.

3 Informe Especial sobre los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán y las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recuperado el 20 de octubre de 2020, de aquí.

4 ONU: La violencia sexual como “táctica de guerra”: Human Rights Watch. Recuperado el 20 de octubre de 2020, de aquí.

5 La dos guerras: El impacto de los enfrentamientos de las fuerzas armadas en los asesinatos de mujeres en México (2007-2018): Intersecta A.C . Recuperado el 20 de octubre de 2020, de aquí.