Redacción Animal Político · 26 de diciembre de 2023
Hoy recordamos con impotencia el caso de Marisela Escobedo, enfermera, madre y activista, mujer que buscó justicia por el feminicidio de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, asesinada por su entonces pareja Sergio Barraza en Ciudad Juárez, Chihuahua, en agosto de 2008. A trece años de su asesinato, ponemos sobre la mesa uno de los casos más significativos en materia de feminicidio. Hecho que, además, conjugó un sin fin de elementos que exhibieron las alianzas y corrupciones del Estado mexicano, permitiendo así un debate que cuestiona la impunidad a la que como sociedad nos enfrentamos, así como la colusión entre fiscalías y la presencia de grupos delictivos en estos procesos.
En agosto de 2008, Marisela reportó ante la fiscalía del Estado de Chihuahua a su hija Rubí de 16 años como desaparecida y no solo tuvo que enfrentarse a la preocupación del momento, sino también a la ineptitud y revictimización de servidores públicos, quienes lejos de ayudar cuestionaron cómo una madre fue capaz de permitir que su hija se fuera con su novio 9 años mayor que ella, Eso fue solo el comienzo de una incesante lucha que dio pie a un movimiento contra los feminicidios en el país y que, a la fecha, seguimos conmemorando.
A pesar de tener pruebas en su contra, y un importante testigo anónimo que inculpaba a Sergio Barraza por este feminicidio, Barraza fue detenido hasta 2009 por delitos contra la salud y, ante los nervios por la situación, confesó haber privado de la vida a su expareja, Para el mes de junio ya había una declaración suya, en la que confesó incluso el lugar exacto donde había enterrado a su víctima. Pese a la información obtenida, la fiscalía de Chihuahua no pudo comprobar el delito y Barraza fue liberado meses después. Una vez más las fallas del sistema judicial se hicieron presentes, lejos de apelar a la justicia y protegernos, mostró el nivel de corrupción que existe en el país.
La sorpresiva decisión de los jueces de absolver al acusado movilizó no solo a Marisela (quien en su búsqueda de justicia presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos), sino a todo México, haciéndonos cuestionar ¿qué más que la declaración del asesino para hacer justicia? Ante esta situación, la CNDH emitió en 2010 la recomendación 44/2013 al entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte Jéquez, por una indebida procuración de justicia en perjuicio de la activista y tres personas más víctimas del delito.
Aún denunciando las diversas amenazas por parte de Barraza, quien para ese momento ya pertenecía al grupo del crimen organizado conocido como ‘‘Los Zetas’’, el 16 de diciembre de 2010 Marisela fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua por José Enrique Jiménez Zavala ‘‘El Wicked’’, cuando realizaba una protesta pacífica,
La CNDH señaló diversas violaciones a los derechos humanos que sufrió Marisela: el derecho a la verdad, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la procuración de justicia y al trato digno son algunos de ellos. Años después, en marzo del 2022, se instaló un memorial en honor a Marisela y su lucha en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (CEDEHM). Cada año, la comunidad rinde homenaje a la batalla incansable de Escobedo en busca de justicia. ¿Su delito? Las ansias de una madre por esclarecer el feminicidio de su hija, despertar al pueblo y elegir un camino para combatir la injusticia y la impunidad por vías propias.
Este caso fue y es recordado por las deficientes capacidades del Estado en cuanto a la resolución de conflictos, por la negligencia de las autoridades y por orillar a los familiares a realizar la búsqueda de sus seres queridos de manera independiente. Actualmente existen diversos colectivos de madres que buscan a sus hijas, hijos y familiares, sin embargo estas redes carecen de herramientas y ayuda por parte del Estado. Los agravios a los derechos humanos suele verse como en efecto dominó, pues al violar uno muy posiblemente se estén faltando a los demás. En ese sentido, casos de violencia y feminicidio como éste -que implican un activismo y difusión “incómoda” al evidenciar el mal manejo de las autoridades al respecto- vienen acompañados de desapariciones o desplazamientos forzados. Recibir múltiples amenazas, tener que abandonar su hogares, garantizar su seguridad, además de enfrentarse constantemente a la revictimización por parte de los medios, la tergiversación de la información y la poca solidaridad de la sociedad, son acciones que viven día a día las personas que buscan justicia aún sin respaldo de las autoridades.
Un Estado que se supone debe protegernos está en obligación de capacitar y formar a agentes e instituciones con capacidades en atención a víctimas del delito y fortalecer los mecanismos en el sentido de reparación y no repetición, brindando seguridad integral en el camino hacia la búsqueda de la verdad.
La incansable lucha de Marisela nos demuestra que la justicia es un privilegio. Rubí no es un caso aislado, 11 mujeres son asesinadas al día en México y Ciudad Juáres es una de las ciudades con más alto índice de feminicidios. Vale la pena recordar a las muertas de Juárez, aquellas víctimas de violencia antes de nombrarse feminicidios. La sociedad y el Estado mexicano le debe mucho a Marisela Escobedo Ortíz, que a pesar de no ver justicia en vida ni recibir un trato digno, inspira a miles de mujeres a alzar la voz y exigir el derecho a la justicia, la verdad y la vida.