Mariguana: preguntemos a los usuarios y a la policía

Debería estar perfectamente claro que el debate nacional sobre el uso de la mariguana puede y debe discutir los mejores caminos para transitar de un paradigma de política pública prohibicionista a otro de corte regulatorio. Debería estar fuera de duda que ese debate no puede poner a discusión el derecho al uso de esa droga que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya reconoció. Debería entenderse que al poder ejecutivo no le alcanzan las atribuciones para deliberar sobre la validez de una decisión del más alto tribunal que reconoce un derecho.

Cuando fui invitado a participar en el debate nacional mencionado partí de ese supuesto. No iba yo a discutir el derecho a usar la mariguana, como no lo puede hacer nadie; más bien iba a contribuir con criterios de análisis para la toma de decisiones encaminadas hacia una política pública fundada precisamente en ese derecho. Quien entiende y aprecia el valor de los derechos humanos sabe que su fundamento esencial está en su indisponibilidad. De ahí la enorme relevancia de la reforma constitucional del 2011, misma que clarificó la jerarquía superior de los derechos humanos en el desempeño de todas las autoridades. El derecho al uso de la mariguana y sus límites han sido reconocidos por la Corte, justamente inspirada en aquella reforma. La tarea del poder ejecutivo es, en todo caso, promover, respetar, proteger y garantizar ese derecho, en fiel atención al tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[contextly_sidebar id=”q6wY1OL56MeKosRtQQkYJm2Oe9XCflGJ”]Decidí entonces aportar al debate un ángulo desafortunadamente poco común en la deliberación pública sobre el tema. Llevé a la sesión celebrada el pasado 8 de marzo en Saltillo, Coahuila, el tema de la relación entre los usuarios de la mariguana y la policía. Mi tesis fue la siguiente: la prohibición de la mariguana ha producido, entre muchas otras consecuencias terribles, un mercado policial extorsivo sobre los usuarios cuyas dimensiones parecen inabarcables. La policía en México ha sido diseñada de origen en parte para salir a la calle a proveerse a sí misma de recursos. En esa mecánica aparece una dimensión relacionada con el uso de las drogas legales e ilegales. Por obvias razones la evidencia empírica disponible es escasa, pero contamos con la Primera Encuesta de Usuarios de Drogas Ilegales en la Ciudad de México, publicada en 2012 por el Colectivo por una política integral hacia las drogas (CUPIHD). Ahí se lee que 2 de cada 3 de los encuestados “señalan haber sido extorsionado por la policía u otra autoridad”.

Otro material publicado por CUPIHD, esta vez en el 2015, es el denominado Encuentros con la ley. Relaciones entre jóvenes usuarios de drogas ilícitas y policías en la Ciudad de México. El estudio confirma que “un alto número de encuentros entre usuarios y policías –que se pueden catalogar como detenciones temporales- no deriva en remisiones –acto formal- sino se resuelve en negociaciones que pueden derivar en extorsiones”. Líneas adelante la investigación analiza el contexto en el que se dan los encuentros entre usuarios de diversas drogas –principalmente de la mariguana- y la policía. La discriminación y la criminalización son parte de un escenario donde la ley puede o no aplicarse, a criterio de la policía.

La relación entre los usuarios y la policía enseña lo que parecen ser códigos de comportamiento de ambas partes que hacen de la ley un recurso disponible y por esa vía abren paso a la extorsión. “Es muy raro encontrarte a un policía que de verdad quiera hacer su trabajo”, refieren entrevistados. El reporte recomienda que la policía trabaje para que sus miembros “no pretendan lucrar o beneficiarse del poder que les confiere la autoridad, ni negociar la ley en beneficio propio, cuando se relacionan con consumidores de drogas ilegales”. Propone además que la policía cuente con “un mecanismo para que los usuarios puedan reportar casos de extorsión”.

Quienes aplauden un día sí y el otro también la reforma constitucional de los derechos humanos de 2011 deben además asumir sus consecuencias. Esa reforma es el contexto fundamental del debate nacional sobre el uso de la mariguana. El rol extorsivo de la policía con los usuarios en la calle desnuda el extremo de las contradicciones de una política prohibicionista que, en sí misma, ha sido motor para violaciones generalizadas contra los derechos humanos de múltiple naturaleza. Y si alguien no lo cree, como dije en Saltillo, entonces salgamos a preguntar a los usuarios y a la policía misma. Ellos bien saben de qué tamaño es el problema.

@ErnestoLPV