Mariguana legalizada en Canadá: nuevos tiempos, viejas preocupaciones

El proceso regulatorio del cannabis canadiense entró en vigencia con la promulgación de la Ley del Cannabis en octubre de 2018. A través de este proceso, el cannabis, una planta cuyos usos han sido criminalizados durante varias décadas, se legaliza para el uso y beneficio de los adultos más allá de los fines medicinales. La criminalización del cannabis incluyó la prohibición total de cualquier actividad que involucre el consumo de cannabis, pero afectó desproporcionadamente a minorías raciales e incrementó las inequidades sistémicas en aquellas poblaciones que ya sufrían discriminación y exclusión (Boyd, 2017).

Si bien la Ley cannábica canadiense en papel aspira a modificar un error histórico, poco ha hecho para abordar esas inequidades generadas por la criminalización, en particular con las que tienen que ver con racismo, la vigilancia excesiva a poblaciones minoritarias y las desigualdades en la aplicación de la justicia penal a comunidades racializadas (Valleriani et al., 2018, p. 745).

Poco antes de que la Ley de la regulación del cannabis entrara en vigencia, activistas y académicos advirtieron sobre la necesidad de incorporar medidas restaurativas para las comunidades más afectadas, problematizando estos espacios que quedaban sin contenido en una ley que se dice de legalización, pero que en la práctica se siente más como un esfuerzo de regulación (Valleriani et al., 2018). Este artículo busca evaluar algunas de las recomendaciones y críticas realizadas pre-legalización y cómo éstas han tomado forma a un año de vigencia de la Ley cannábica canadiense. Luego se plantean recomendaciones y consideraciones para otros procesos de legalización del cannabis que miran con interés lo ocurrido en Canadá.

Para lograr un enfoque integral en derechos, se requiere incorporar una lente de justicia social. Organizaciones sociales y académicas argumentan que en el proceso actual de legalización del cannabis en Canadá faltan las reparaciones, la eliminación de los delitos y la asignación de inversiones en comunidades afectadas significativamente por la criminalización (p. 746). Estos incluyen oportunidades y apoyos para aquellos que buscan reincorporarse a la fuerza laboral, viajar o acceder a servicios sociales y que anteriormente fueron privados de ellos debido a la criminalización (p.746). Particularmente en cuestiones sobre el cannabis, es importante conversar sobre los impactos diferenciados de la criminalización del cannabis y el racismo que conlleva. Tomando en cuenta procesos de restauración, buenas experiencias de justicia transicional podrían ser recursos valiosos para satisfacer estas demandas.

Bajo el sistema de criminalización, la simple posesión de cannabis ocupó la atención principal de la policía en los delitos asociados con las drogas en las últimas décadas, fomentando tácticas severas de justicia penal y ejerciendo una enorme presión sobre consumidores y ciertas comunidades (p. 746). Sin el reconocimiento adecuado y las enmiendas sobre la sobrerrepresentación racial en las tasas de encarcelamiento y los enfoques policiales perjudiciales, podemos esperar resultados desproporcionados similares en un contexto con cannabis regulado.

Otro tema apremiante es la falta de oportunidades y enormes limitaciones para las comunidades afectadas de la criminalización de igual participación y acceso en la industria emergente del cannabis (p. 746). Activistas señalan cómo los antiguos líderes del diseño y aplicación de las políticas de la criminalización del cannabis se han beneficiado fácil y rápidamente de la legalización al unirse a las empresas canadienses de cannabis y enriquecerse con ellas. Un enfoque ético de la legalización requiere un acceso legítimo a quienes sufrieron las consecuencias de la criminalización y que les permita beneficiarse ahora de su reinserción en la vida social canadiense. Entre otras, las comunidades se ven afectadas por las barreras para acceder al capital financiero, la falta de un sistema de redes sociales de apoyo y la dificultad para obtener las autorizaciones de seguridad (p.746).

Otra preocupación refiere a los problemas que incluyen la autodeterminación y los impactos de la legalización en los territorios indígenas (p. 746). Éste no es un tema nuevo, ya que la Asociación Nacional Indígena de Cannabis Medicinal (NIMCA, por sus siglas en inglés) había informado previamente de una falta de consulta, cooperación y asociación con las poblaciones indígenas sobre el acceso, uso y venta minorista de cannabis medicinal (p. 746). Existe una iniciativa del Ministerio de Salud canadiense para ayudar a los solicitantes indígenas auto-identificados para los procesos de concesión de licencias, pero se determinó que no son suficientes para abordar los impactos actuales del colonialismo y el racismo estructural (p. 746). Se han documentado diversos enfoques en diferentes poblaciones indígenas, incluidas las comunidades secas que optan por el no uso del cannabis (p. 747). Por lo tanto, las comunidades indígenas deberían tener la autoridad y la independencia para decidir el mejor enfoque en su proceso de consulta con los miembros de sus comunidades (p. 747).

A un año de aprobada la Ley, vale la pena revisar algunas de estas preocupaciones sobre la política de legalización del cannabis en Canadá y que puedan servir como aprendizaje para otros procesos que se encuentran en desarrollo en América Latina y el resto del mundo.

Al no existir un solo modelo nacional, los impactos se pueden percibir en función de cómo se administra, ya que la aplicación de la Ley del Cannabis difiere por provincia y luego por localidad.

En la provincia de Quebec, por ejemplo, la edad mínima de acceso al cannabis regulado por el Estado es la más alta del país (19) y hay durísimas regulaciones para el consumo en espacios públicos, pero es la que posee el precio por unidad más bajo (4,49 dólares el gramo de cannabis legal). En Ontario, al más estilo neoliberal, las concesiones para abrir sucursales de venta legal de marihuana se hicieron a través de una lotería que terminó beneficiando a grandes empresas y caudillos adinerados. Y en la Columbia Británica, aquella dónde existe la mayor tradición y cultura cannábica del país, tiendas que abastecieron durante décadas a usuarios medicinales y recreativos han tenido que cerrar sus puertas. Esto ha tenido efectos terribles para ciertas comunidades, como en el centro de Vancouver, donde se enfrenta la batalla más fuerte de sobredosis por opiáceos contaminados.

Además de estas particularidades, y que en cada provincia y localidad las problemáticas son específicas, sí se pueden observar temas emergentes en este primer año de implementación de la Ley. Existen disputas en la regulación de los espacios de consumo, tanto doméstico como público, que dan a entrever que interesa mucho la venta y comercialización del cannabis, pero no sus usos. Esto se extiende a conflictos en el mundo laboral, donde las empresas insisten en equiparar el tratamiento del alcohol con el cannabis, generando impactos diferenciados sobre todo en aquellas personas que dependen del uso medicinal del cannabis para su bienestar diario. Otro espacio en donde se equipara al cannabis con el alcohol es en el impedimento para conducir, donde hasta ahora no existen mecanismos efectivos para medir incapacidad por uso de cannabis.

Estos puntos son una muestra pequeña de consideraciones necesarias hacia adelante. Quizá, el mayor aprendizaje que puede dar la experiencia canadiense en este primer año de regulación del cannabis, es que siempre es importante preguntarse el por qué antes del cómo al momento de diseñar una política de drogas. Preguntarse el por qué regular permite hacer cuestionamientos a los asuntos que están más cercanos a las necesidades de los usuarios y a las realidades de sus comunidades. El por qué de una regulación permite acercar un frente de justicia social a un despropósito histórico como ha sido la Guerra contra las Drogas, y llevar equidad y salud a poblaciones alineadas y criminalizadas por malas políticas. El cómo regular es importante. Pero el sentido ontológico y epistémico del diseño de una regulación de drogas es fundamental. En este sentido, bien haría Canadá en mirar más de cerca al Uruguay.

El otro aprendizaje que deja Canadá es que en los procesos de regulación de las drogas importa el camino tanto como el resultado. Las políticas de drogas no son fines en sí mismos, sino que deben adaptarse, ser flexibles, aprender de los cambios culturales, socioeconómicos y geopolíticos, para dar cuenta de las necesidades, las capacidades y los momentos históricos de las poblaciones a las que sirven. Importa mucho la atención y sensibilidad que las instituciones democráticas de los Estados den a estas transformaciones.

Es importante mencionar que a pesar de las dificultades expuestas en el camino de la regulación del cannabis canadiense, de ninguna forma se cuestiona la valiente decisión de reclasificar a la planta del cannabis, y por aproximación, a sus usuarios hacia un estado más cercano de descriminalización. Sí se requiere, no obstante, de mayor valentía para continuar aprendiendo de estas experiencias y ajustar tuercas para que dichas transformaciones provean de bienestar a usuarios y a sus comunidades.

* Daniel Gudiño Pérez es estudiante de doctorado en la Universidad de Victoria, Asistente de Investigación en el Canadian Institute of Substance Use Research (CISUR) y Consultor de Proyectos para Parametría. Tiene una maestría en Negociación Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad Andina Simón Bolívar y estudios de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas por la Universidad San Francisco, ambos obtenidos en la ciudad de Quito, Ecuador. Fue Coordinador de Proyectos para la oficina de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES-ILDIS) en Ecuador, donde fundó y dirigió el primer grupo interdisciplinario de trabajo en política de drogas en Ecuador. Sus temas de interés actualmente se enfocan en diálogos Sur-Norte para la reforma internacional de la política de drogas; reducción de daños y políticas de salud pública para usuarios y usuarias de drogas; y reformas al sistema penal-criminal en asuntos vinculados al uso de sustancias.

 

Bibliografía:

Boyd, S. C. (2017). Busted: An illustrated history of drug prohibition in Canada. Fernwood Publishing.

Valleriani, J., Lavalley, J., & McNeil, R. (2018). A missed opportunity? Cannabis legalization and reparations in Canada. Canadian Journal of Public Health, 109(5–6), 745–747.