Mariguana legal, ¿qué modelo seguir?

En medio de un intenso debate, el Pleno de la Cámara de Diputados en México aprobó con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones, en lo general y en lo particular, el dictamen que emite la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y reforma la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.

La tarde del miércoles se escucharon en el Congreso mexicano toda suerte de ideas y posturas desde las más vanguardistas hasta las muy conservadoras como la de la diputada del PAN, Cynthia López Castro, que habló de un “viaje de cuatro días” en el que te embarcas tras de comer “pastel de mariguana”, declaración que ha generado un alud de memes y burlas.

Ahí quedarán señalamientos como el de la diputada independiente Martha Tagle de que la ley se puede perfeccionar pues “ampliar los gramos no resuelve el problema si se sigue penalizando”. Digno de tomarse igualmente en cuenta lo dicho por el diputado del PAN, Felipe Macías, quien acusó que el dictamen “excluye a los productores y agricultores mexicanos y da prioridad a las empresas”. Sin dejar de mencionar la solicitud de otra diputada morenista que propuso la creación de zonas turísticas para fumadores, lo cual, pese a parecer una brillante modificación, seguro quedará solamente en eso.

Lo que no debe perderse de vista es que la despenalización —aunque incompleta— de la producción y consumo de la Cannabis atiende la deuda histórica sobre una planta originaria de México cuyo uso y explotación quedó sepultada esencialmente por la serie de mitos y estigmas, casi todos falsos, que la han rodeado y que alentaron su prohibición durante décadas.

Las ventajas que esta nueva realidad puede acarrear arrancan desde lo judicial, con los miles de consumidores actualmente presos y sin sentencia, que fueron criminalizados por el simple hecho de ser consumidores, y que podrán obtener su libertad gracias a la ley. No se puede esconder el escalón que se avanzó para llegar al cambio de paradigma donde ya no exista la persecución judicial sobre los “mariguanos”, cuya adicción debe ser tratada como un asunto de salud pública (al igual que la de los “borrachos” o “fumadores”).

“El prohibicionismo sólo ha traído a México violencia y muerte” ,fue uno de los argumentos más utilizados por los diputados que defendieron el proyecto, y que nadie se ha atrevido a cuestionar.

Apuntar, por otro lado, que la ley llega demasiado tarde para golpear el poder de las organizaciones criminales, que han diversificación las sustancias que trafican, donde la mariguana ya dejó su papel a la metanfetamina, droga que genera mayores ganancias, entre otras cosas, porque resulta más fácil de transportar. Además, a diferencia de hace veinte años, los cárteles ampliaron sus actividades ilícitas que ahora se extienden al robo de combustible, secuestro, piratería, extorsión, hasta el tráfico de personas o lavado de dinero en negocios “lícitos”.

Pese a todo, no deja de ser un triunfo de esas organizaciones de la sociedad civil que llevan al menos lo que va de este siglo pugnando por la regulación, marchando desde el 2001 con el churro encendido, organizando desde hace más de un lustro la Expoweed, muestrario de beneficios y oportunidades, enfrascándose en debates informativos para derribar las mentiras que rodean a la motita, la cual poco a poco va logrando su emancipación.

Conscientes de la lucha que se ha dado fuera de la burocracia legislativa y las frustraciones que les ha generado, las diputadas Martha Tagle y Lucía Rojas agradecieron la paciencia y constancia de “la sociedad civil que ha impulsado estos cambios”.

Por último, las amplias posibilidades climáticas y orográficas que ofrece México para el desarrollo de plantíos de cannabis permitiría que muchas comunidades se vieran beneficiadas. Sin embargo, también existe el riesgo de que empresas trasnacionales que ya operan en Estados Unidos, Canadá y Europa sean las que acaparen el mercado y, por ende, los beneficios que propone la nueva legislación.

El reto, entonces, tanto de los legisladores como del órgano regulador (Eleuterio Arrieta de Morena lamentó que fuera la CONACID) es vigilar cuál es el modelo que se debe adoptar, en donde deben recaer principalmente las utilidades y cuál será la participación y el beneficio que obtendrá el estado mexicano. Resta conocer, además, la reacción de las agencias de seguridad en los Estados Unidos como la DEA y el FBI, y el mismo Departamento de Justicia, que suelen emitir recomendaciones y críticas sobre el manejo de la política de drogas en México.

Sin embargo, con casi 35 estados donde se halla regulado el uso medicinal, y 15 donde ya la mariguana está completamente permitida, no parecen los Estados Unidos tener hoy ni la estatura moral o jurídica para recomendar a México cómo se debe conducir en este tema. No parece prudente recomendar que se prolongue la prohibición de una sustancia como el cannabis que en muchas calles de norteamérica ya se consume con total libertad.

No otra vez.

@juansinatra