¿Manía injerencista o Estado negacionista?

El lamentable comunicado enviado por el Gobierno de la República al Parlamento Europeo el pasado 10 de marzo muestra una vez más la falta de técnica, política exterior y empatía por las víctimas de violaciones graves a derechos humanos que imperan en esta administración. La Resolución adoptada por la Eurocámara ese mismo día condenó la violencia, las violaciones a los derechos humanos y los ataques contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, con una abrumante mayoría de 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones.

Si bien el Comunicado del Gobierno afirma que en México no se reprime, sino que se respeta la libertad de expresión, el trabajo periodístico y los derechos humanos, la realidad es que las personas defensoras y periodistas en el país son comúnmente víctimas de los ataques generalizados y sistemáticos que se cometen contra la población civil. Desde que inició la administración actual, los episodios de violencia contra ambos gremios han aumentado. De diciembre de 2018 a enero de 2022, 97 personas defensoras y 53 periodistas ¹ fueron asesinadas en México. ² Además, se han documentado en su contra actos que incluyen la intimidación, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas y digitales, detenciones arbitrarias y fabricación de culpables. Si bien estos crímenes no son cometidos únicamente por servidores públicos, sino también por grupos del crimen organizado, todos ellos son ejecutados al amparo de la impunidad, que sí es responsabilidad del Gobierno mexicano.

A este grave contexto se suma el continúo discurso, de cada mañana, de desprecio y desprestigio contra personas defensoras, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación por parte del presidente. Como lo afirmó el Parlamento Europeo “López Obrador ha utilizado con frecuencia retórica populista en las conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes” y “la retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes”.

En este sentido, aún cuando el Comunicado del Gobierno hace referencia a una actitud “injerencista” por parte del Parlamento Europeo, dicha acusación queda fuera de lugar y sin sustento válido. A lo largo de los años, la comunidad internacional ha reconocido que ciertos actos son tan graves que no deberían ocurrir en ningún lugar, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. Así, la represión de estos actos criminales, que incluyen la tortura, la desaparición, el asesinato y la violencia sexual, se considera de interés primordial para todos los países, y cuando éstos se cometen como parte de ataques planeados, en contra de civiles, que son generalizados, o que cumplen con un patrón sistemático, constituyen crímenes de lesa humanidad. El asesinato de personas defensoras y periodistas en México se inserta en un contexto de comisión de estos crímenes, los cuales se han documentado en nuestro país al menos desde el despliegue de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad en diciembre de 2006. ³

Al ser uno de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, los crímenes de lesa humanidad –y su represión– incumben a todos los países del mundo, incluyendo aquellos representados en la Eurocámara. Además, cuando el país donde se cometen estos crímenes no tiene la voluntad o la capacidad para investigar o enjuiciarlos, éstos pueden ser conocidos por un tribunal penal internacional con competencia como lo es la Corte Penal Internacional (CPI).

En los últimos años, desde la sociedad civil hemos denunciado un número alarmante de asesinatos perpetrados por agentes del Estado contra la población civil, incluidas personas defensoras y periodistas, cometidos de manera generalizada y sistemática. Nos preocupa particularmente que, como ocurre comúnmente en el país, estos crímenes permanecen en la impunidad y las autoridades no suelen investigarlos adecuadamente. Peor aún, en el caso de las personas defensoras y periodistas muchas veces se descarta de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión.

En este contexto, quienes ordenan, toleran u ocultan estos crímenes continúan sin sanciones, en muchas ocasiones son funcionarios públicos que  siguen impunes e incluso han llegado a obtener ascensos. A pesar de la sistematicidad con la que se cometen estos crímenes, no tenemos conocimiento de condenas relevantes que apunten a la rendición de cuentas de los más altos responsables de cometerlos. Es por esto que, dados los alarmantes niveles de impunidad, es claro que el Gobierno mexicano hace tiempo que no quiere y/o no puede investigar y enjuiciar a los perpetradores, motivo por el cual la CPI debe analizar el caso de México.

Ignorando la naturaleza de estos crímenes, y los cimientos en los que se edifica el derecho internacional de los derechos humanos, el Gobierno le dice a los eurodiputados en su Comunicado que “dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones” y que “no son el gobierno mundial”. Este discurso oficialista, que se excusa en una interpretación anacrónica de los principios constitucionales de política exterior (Artículo 89 fracción X de la Constitución), obvia casi 80 años de historia y el cambio de paradigma que, en materia de derechos humanos, siguió a la postguerra.

El auge del derecho internacional de los derechos humanos a mediados del siglo pasado erosionó el principio rígido de la soberanía nacional y alteró el paradigma tradicional que consideraba a los Estados como los únicos sujetos relevantes para el sistema jurídico internacional. ⁴ La creación de las Naciones Unidas en 1945 y la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 sentaron las bases para un sistema en el que la protección y promoción de los derechos humanos compete a toda la comunidad internacional.

Ejemplo de ello son las labores del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un organismo intergubernamental donde se abordan multilateralmente las violaciones de derechos humanos dondequiera que se produzcan. ⁵ Tal como lo hicieron los eurodiputados con México, en el seno de este Consejo los Estados miembros de la ONU hacen recomendaciones a sus pares para avanzar en la situación de derechos humanos a nivel nacional y les ofrecen asistencia técnica. A ello se suman otros organismos de Naciones Unidas, como los órganos de tratado de derechos humanos, que comúnmente analizan y opinan sobre las violaciones a derechos humanos que ocurren en nuestro territorio.

Sin embargo, este tipo de foros, de los que México es parte, no han sido calificados por el Gobierno como injerencistas. Tampoco lo han sido los esfuerzos a nivel regional para avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos cristalizados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o el establecimiento de tribunales penales internacionales para investigar y enjuiciar los crímenes más graves de trascendencia internacional. Parece entonces que estamos ante un doble rasero del Gobierno actual: un gobierno que no criticó las posturas xenófobas de Donald Trump, pero que considera que la preocupación de la eurocámara es injerencista; un gobierno que coquetea con jefes de estado cuestionables y antidemocráticos y que desperdicia oportunidades históricas de cooperación con órganos como el Parlamento Europeo; un gobierno que interfiere y se deja interferir a modo en función de la popularidad de su líder.

A pesar de que el Comunicado del Gobierno insiste en negar el riesgo que viven los periodistas y personas defensoras de derechos humanos, México sigue encabezando la lista de naciones donde es más peligroso ejercer el trabajo periodístico ⁶ y donde las personas defensoras viven una situación alarmante de acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. ⁷

Es profundamente preocupante que, en lugar de atender el riesgo que enfrentan los periodistas y las personas defensoras en México, así como brindarles protección y asegurar la rendición de cuentas, el Gobierno se empeñe en negar la realidad, atacar al mensajero y desconocer la relación de estrecha cooperación que se ha mantenido por años con la Unión Europea. ⁸ Entonces, ante qué estamos: ¿una manía injerencista o un Estado negacionista?

* Carlo Carvajal (@CarloCarvajal) es Maestro en derecho internacional por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo en Ginebra, Suiza. Michel Manzur (@Mich_man7) es Maestro en Derechos Humanos por la Universidad de Columbia en Nueva York, actualmente Oficiales de Incidencia en la @CMDPDH.

 

 

 

¹ Esta cifra  tuvo que ser modificada al momento de escribir el presente texto, pues el 15 de marzo por la noche fue asesinado el periodista Armando Linares, quien dirigía el portal de noticias Monitor Michoacán. Se trata del octavo comunicador asesinado en México en lo que va del 2022.

² ​​​​​​​Protección a personas periodistas y defensoras de derechos humanos es obligación de Estado, SEGOB, 26 de enero de 2022

³ De la estrategia de seguridad a los crímenes de lesa humanidad en México (Informes presentados a la Corte Penal Internacional). CMDPDH, septiembre de 2019

⁴ Andrea Bianchi, ‘Globalization of Human Rights: The Role of Non-State Actors’, Non-State Actors and International Law (Routledge 2017) 182.

⁵ El Consejo de Derechos Humanos: Booklet. Naciones Unidas.

⁶ México y Afganistán son, un año más, los países más peligrosos para los periodistas. Animal Político, 16 de diciembre de 2021

⁷ Informe Mundial 2020. México: Eventos de 2019, Human Rights Watch.

⁸ El Gobierno de México debe cesar la estigmatización contra personas defensoras de DH y periodistas y adoptar medidas integrales para protegerles, Article 19, 11 de marzo de 2022.