blogeditor · 6 de abril de 2016
¡Vaya reto el que tiene el Senado de la República! Según parece en este mes de abril ahí se votará una reforma constitucional en materia policial. No hay grises en este caso. El evento será registrado como un acierto o como una pifia de proporciones históricas. En México la relación entre la policía y la sociedad está fracturada y de manera regular a lo largo del país la propia policía contribuye a la inseguridad y al temor ciudadano. La reforma constitucional estará o no a la altura de este descomunal desafío.
A continuación enlisto algunos postulados fundamentales que deben ser tomados en cuenta por las y los senadores, a la manera de últimas alertas antes de emitir el voto.
1. La reforma debe responder a la siguiente pregunta: ¿qué policía queremos?
Este cambio constitucional implica una oportunidad histórica para responder a la pregunta más importante de todas: ¿qué policía queremos? La Constitución debe alojar esta respuesta, misma que constituye la base de la doctrina policial, es decir, de la razón de ser de la policía. En otras palabras, es ahí donde se trazan las coordenadas de soporte de lo que podemos llamar el modelo policial. Un buen referente es el artículo 104 de la Constitución Española, que a la letra expone: Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
2. La reforma debe soportarse en una adecuada definición del problema
¿Qué intenta resolver la reforma constitucional en materia policial? Se sabe bien que una buena definición del problema es el primer paso para resolverlo. El constituyente permanente debe comenzar por reconocer que las instituciones policiales en México padecen una crisis de carácter estructural, es decir, los males alcanzan sus fundamentos conceptuales, normativos, orgánicos y operativos. El trabajo del constituyente permanente es identificar y atacar el trasfondo de la crisis. Como un buen médico, debe saber distinguir entre las causas y los síntomas de los padecimientos. Una reforma superficial será tanto como mandar aspirinas a un paciente con cáncer.
3. La reforma debe refundar a la policía
Desde luego en la Constitución no se debe trazar el nuevo modelo policial íntegro. Para eso está la legislación secundaria y múltiples instrumentos de gerencia de procesos institucionales. Pero en la norma suprema deben quedar las anclas o los mínimos esenciales del modelo. Estamos ante la extraordinaria oportunidad de que nunca más vuelva a haber institución policial alguna en México que esté por debajo de mínimos constitucionales explícitos y concretos. El ejercicio es todo menos sencillo porque implica hacer una conexión lógica entre los problemas fundamentales y las soluciones fundamentales, y a la vez mantener el equilibrio entre la sub y la sobre regulación. Ahí deben estar la misión (doctrina) y los cimientos organizacionales de la policía.
4. La reforma debe incluir un régimen constitucional de derechos para la policía
Estamos en el peor de los mundos. Queremos que nos protejan policías que están desprotegidos. Se pide a la policía que haga valer el ejercicio de los derechos que ella misma no tiene. Nadie duda que esa función pública requiere un régimen jurídico especial, pero la relación entre la policía y la sociedad en México ha sido envenenada por la idea de que se puede pedir a las y los policías que sirvan y protejan al ciudadano, sin que ellos mismos también alcancen la mejor protección posible desde la constitución y las leyes. Incluir un régimen constitucional de derechos para la policía es potente ingrediente en la receta ideal para la urgente reconciliación entre ella y la sociedad.
5. La reforma debe crear el sistema nacional de evaluación policial
El quehacer policial en nuestro país suele llegar al extremo de lo que podríamos llamar zona libre de evaluación. Es irrealizable evaluar lo que no se documenta y es casi imposible encontrar instituciones policiales que documentan adecuadamente lo que hacen. Es aún peor. En cadena de mando se producen mecánicas de supuesta evaluación de los mandos sobre los subordinados, que en realidad son rutinas de control basadas en la experiencia de la calle donde florecen todas las vías imaginables de sometimiento y humillación. El constituyente permanente debe crear el sistema nacional de evaluación policial. Se debe recoger la experiencia de las entidades autónomas de evaluación de otras funciones o sectores públicos. Para evitar repetir la simulación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este otro no debe incluir a los responsables políticos y operativos de la propia policía. Esto desde luego no quiere decir que las instituciones policiales no se auto evalúen, sino que lo hagan conforme a estándares nacionales.
6. La reforma debe ordenar la creación de la figura de supervisión externa para toda institución policial
En general desconocida aún en México, crece en el mundo la figura de la supervisión externa de la policía. Se trata de mecanismos diversos que entregan a una autoridad diferente a la propia policía el poder de imponerle medios diversos de revisión y control, en especial sobre el sistema disciplinario interno. La Organización de las Naciones Unidas ha publicado materiales que reconocen a éste como uno de los ingredientes para la adecuada rendición de cuentas de la policía. En Estados Unidos opera la Asociación Nacional para la Supervisión Civil de la Policía, misma que promueve múltiples formatos de control externo. A esa red se vienen adhiriendo formalmente actores oficiales e independientes de todo el mundo, tal como lo hizo Insyde recientemente.
Aquí las alertas últimas que por este medio envío al Senado. Lo dicho, no hay grises en este caso. La reforma será registrada como un acierto o como una pifia de proporciones históricas. Pronto lo sabremos.