Mando único: ¿quién pagará la gasolina de la patrulla?

Hace un par de semanas, trabajando en la preparación de un proyecto, hicimos un sencillo ejercicio informal sobre percepción social de la policía. Preguntamos a 100 personas seleccionadas al azar lo siguiente: ¿qué es lo primero que le viene a la mente cuando lee o escucha la palabra policía? El resultado fue desolador. Sólo cuatro personas respondieron en positivo refiriendo la palabra seguridad. Tres más pensaron en dos objetos: arma y uniforme. Los noventa y tres restantes expresaron connotaciones negativas, siendo corrupción la más frecuente. Nada nuevo, pensará usted. Cierto, sin embargo, a pesar de que pronto se cumplirán tres décadas de la publicación de estudios empíricos que encuentran el rechazo social mayoritario hacia la policía, es la fecha en que el Estado mexicano no ha construido una narrativa oficial que precise los problemas fundamentales que están detrás de ello.

Todos los días hacemos o encontramos comentarios que califican negativamente a las instituciones policiales. La asociación negativa respecto a ellas entre el ciudadano promedio es ya un lugar común. Pero en este tema, como en cualquier otro que tiene que ver con políticas públicas, la definición de los problemas, es decir, la elaboración de los diagnósticos desde luego no se puede quedar en el plano intuitivo. Si bien cualquier persona puede expresar a su antojo la percepción que tiene respecto a la policía, en cambio las autoridades tienen la obligación de construir una definición del problema fundamentada en estándares metodológicos científicos y técnicos.

[contextly_sidebar id=”gEY6PHPtMzBIkJfIQGvsglUff2VosrxH”]Todo esto viene a cuento porque al parecer en este mes de abril el Senado de la República aprobará una reforma constitucional que modificará la configuración competencial y organizacional de la policía. De ahí que la pregunta más importante a mi juicio sea precisamente cuál es la definición del problema o de los problemas fundamentales que la reforma pretende resolver.

Pensemos en la típica metáfora de la cebolla. La capa externa es donde están los problemas más visibles del comportamiento policial, por ejemplo, la participación de uniformados en los delitos más graves, como la desaparición forzada, o la incapacidad generalizada de los uniformados para atender adecuadamente incluso las más sencillas solicitudes de servicio por parte de los ciudadanos. Debajo de esa capa y hasta llegar al corazón aparecen los problemas no visibles que están en el trasfondo de los problemas visibles. ¿A cuál de las capas miran los legisladores que están a punto de votar?

Síntomas y causas, puede ser otra manera útil de hacer la distinción. Los legisladores pueden atacar unos u otras con la reforma que habrán de aprobar. Y de la misma manera que la aspirina no cura una infección, una reforma que sólo reorganice a la policía jamás atacará la raíz de sus enfermedades. Habrá votación en abril, según se dice, lo que no sabemos es si habrá cura.

No conozco el perfil profesional de un legislador promedio en México, pero sé bien que es casi imposible encontrar a congresistas involucrados en indagatorias profundas con respecto a las condiciones de las instituciones policiales. Cierto, es irracional esperar que los legisladores sean expertos en todo, pero si alguno de ellos aprueba una reforma constitucional en materia policial sin poder argumentar cómo es que la misma ataca los fundamentos de la brutal descomposición en la que se encuentran la policía, entonces la reforma quedará de origen en entredicho.

Estamos ante dos posibilidades: los legisladores aprobarán un texto que apalanca una reforma policial o sólo una reorganización policial. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?

La reforma va a fondo, es decir, transforma las prácticas, el quehacer, el comportamiento cotidiano de las y los representantes de la policía y por ahí modifica su relación con la sociedad; la reorganización en cambio modifica el diseño institucional pero no se hace cargo de impactar en el desempeño. La reforma policial busca modificar el diseño institucional como medio para cambiar los incentivos en la actuación de cada policía.

La reorganización policial sólo modifica el diseño institucional como un fin en sí mismo. En el diseño de la imagen policial se ve muy claramente el contraste. La reorganización policial cambia el color de las patrullas porque cambia el color de los gobiernos. En una reforma policial se decide el color de las patrullas en función de modelos, protocolos e indicadores de seguridad para la policía y de confianza para el ciudadano.

Propongo una manera muy sencilla para saber si detrás del voto hay una verdadera propuesta de reforma policial o si sólo se trata, una vez más, de una mera reorganización. El termómetro estará en la exposición de motivos. Si en ella hay un argumento razonable que conecta el texto de la reforma con la construcción de las prácticas policiales que a nivel internacional se sabe producen confianza y apoyo social hacia la policía, entonces estaremos en el primer caso. Si la exposición no trae eso, entonces será como la reluciente patrulla que enseña el nuevo color pero sigue siendo movida con gasolina que han debido pagar los propios patrulleros.

@ErnestoLPV